Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González ha dejado en manos de la designada secretaria de Justicia, Janet Parra, examinar los reclamos de revivir la investigación sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela o, si no, dar a conocer uno de los informes presentados por el exfiscal Pedro Tomás Berríos Lara.

“No tengo problema con que se verifique qué es lo que hay, y lo que se pueda dar público, que se vea”, manifestó González recientemente a preguntas de El Nuevo Día, al indicar que cree en la “transparencia”.

En la vista sobre su nombramiento, Parra se comprometió, el 1 de marzo, a revisar el expediente de los casos de Muñiz Varela, pionero de los viajes del exilio cubano a La Habana, y Santiago Mari Pesquera, hijo del histórico líder socialista Juan Mari Bras, para determinar si esos asesinatos -ocurridos hace medio siglo- deben volver a requerir un fiscal que retome las investigaciones criminales.

Si el caso de Muñiz Varela ha sido cerrado, el exfiscal Berríos Lara ha recomendado que se divulgue su primer informe sobre la pesquisa, que no contiene información que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) suministró de manera confidencial.

Previamente, las congresistas demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, electas por distritos de Nueva York, solicitaron formalmente a las jefaturas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el FBI que desclasifiquen todos los documentos relacionados con los casos de Muñiz Varela y Mari Pesquera.

Muñiz Varela murió el 30 de abril de 1979, dos días después de ser tiroteado en una calle de Guaynabo, en momentos en que, por medio de la agencia Viajes Varadero, promovía viajes del exilio cubano a La Habana.

Mari Pesquera fue asesinado el 24 de marzo de 1976. Henry Coira fue condenado por el asesinato, pero la familia Mari Pesquera ha insistido en que no actuó solo y que estuvo vinculado a la persecución contra su padre.

Los familiares y amigos de Muñiz Varela y Mari Pesquera han coincidido en reclamar a las autoridades federales y puertorriqueñas que se presione para continuar las investigaciones, y que se desclasifiquen documentos sobre esos casos.

“El compromiso de esta servidora es que vamos a ver el expediente. No se va a tratar de un compromiso hueco, sino de un compromiso de que vamos a ver el expediente”, dijo Parra, durante su vista en el Senado, al señalar que informará “si hay evidencia o si no la hay”.

La designada secretaria de Justicia ha expresado que conoció ligeramente las investigaciones que hiciera el ahora exfiscal Berríos Lara cuando ella dirigía la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia.

Cuando comenzaba como representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), la ahora gobernadora González organizó un homenaje al florista cubano Julito Labatut -el 29 de marzo de 2006-, que generó una protesta en el Capitolio y donde hubo encontronazos con la Policía.

Labatut, ya fallecido, había sido asociado por años al asesinato de Muñiz Varela. Documentos desclasificados por el FBI luego confirmaron con más fuerza su vinculación con el grupo terrorista cubano al que esa oficina federal vinculó con el asesinato de Muñiz Varela.

“Es una buena oportunidad para ella rectificar el homenaje que le dio a Labatut. Todos tenemos derecho a rectificar. Ella debería de asumir un compromiso más activo en cuanto al esclarecimiento de ese asesinato”, reaccionó el portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela, Raúl Álzaga Manresa, al conocer las expresiones de la gobernadora.

Álzaga Manresa fundó Viajes Varadero junto a Muñiz Varela y Ricardo Fraga, y se enfrentó a amenazas de muerte de parte del exilio cubano.

Los reclamos de desclasificación de documentos federales se han avivado después que la CIA, a solicitud de los congresistas demócratas Joaquín Castro (Texas) y Jimmy Gómez (California), divulgaron documentos que confirmaron la vigilancia de ese servicio de inteligencia -que se supone no opere en territorio estadounidense- sobre el movimiento independentista puertorriqueño.