Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convirtió este domingo en ley la medida que deroga disposiciones legales que por años han limitado la capacidad de 2.5 millones de personas –lo que incluye a decenas de miles de maestros y policías de Puerto Rico, entre otros– de tener pleno acceso a los beneficios del Seguro Social.

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La ley permitirá, además, que algunos reciban miles de dólares en reembolsos, según el presidente Biden.

La mayoría de los beneficiarios son personas jubiladas que no han podido tener pleno acceso al Seguro Social.

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla Sánchez, había adelantado a este medio que la iniciativa legislativa puede beneficiar a entre 30,000 y 35,000 maestros en el archipiélago, incluidos unos 10,000 que aún están activos en el sistema público, pero pueden tener acceso al Seguro Social principalmente a base de segundos trabajos.

Otros miles han sido policías, enfermeros y otros empleados públicos.

“(Se) trata de una propuesta sencilla: los estadounidenses que han trabajado duro toda su vida para ganarse la vida honestamente deberían poder jubilarse con seguridad económica y dignidad. Ese es el objetivo del sistema de seguridad social diseñado por Franklin Delano Roosevelt”, dijo Biden, en un evento en la Casa Blanca.

En una ceremonia a la que asistieron legisladores y activistas, Biden afirmó que “la seguridad social es la piedra angular de la seguridad financiera de los jubilados y los sobrevivientes y de millones de estadounidenses con discapacidades”.

Por un lado, el proyecto de ley eliminaría el lenguaje que reduce los pagos del Seguro Social a una persona que recibe una pensión pública por un trabajo que no estuvo cubierto por ese programa, pero que ganaron el acceso a través de otros empleos. Ese ha sido el caso, hasta recientemente, de un alto número de empleados públicos en Puerto Rico.

La legislación también persigue frenar que se reduzcan, en dos tercios, los beneficios de cónyuges supervivientes que cobran una pensión del gobierno y no están cubiertos en ese empleo por el Seguro Social.

Bette Marafino, presidenta de la Alianza de Connecticut para Estadounidenses Jubilados, sostuvo que la legislación es producto de un trabajo de varios años. Cerca de 110,000 firmas fueron enviadas al gobierno federal en favor de la legislación, que fue adoptada a finales de 2024 en ambas cámaras del Congreso y recibió respaldo bipartidista.

“Se les haría justicia a muchos maestros en Puerto Rico porque las pensiones son bajas”, dijo recientemente Bonilla Sánchez a El Nuevo Día.

Según el presidente de la Asociación de Maestros, profesores del sistema público de la isla –que empezaron a cotizar al Seguro Social en 2022– pueden haber obtenido los créditos de ese programa en otros empleos, incluso dando clases en las noches. “Hay compañeros maestros que trabajaron en la escuela nocturna, que tenían un segundo trabajo, que pagaban el Seguro Social”, agregó.

“Durante más de 40 años, los fondos fiduciarios de la Seguridad Social han sido apuntalados artificialmente con beneficios robados que millones de estadounidenses pagaron y que sus familias merecen. El momento de poner fin a este robo es ahora”, indicaron, en noviembre, los autores de la legislación en la Cámara de Representantes, el republicano Garret Graves (Luisiana) y la demócrata Abigail Spanberger (Virginia).

La legislación fue aprobada, en noviembre, en la Cámara baja, con 327 votos a favor y 75 en contra, y en el Senado, justo en el cierre de la pasada sesión del Congreso, 76 a 20.

El líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), afirmó entonces que la aprobación final de la medida será “un gran regalo para nuestros bomberos, policías, trabajadores postales, maestros y otros jubilados que, durante años, contribuyeron a la seguridad social, pero que ahora están siendo penalizados debido a su tiempo de servicio público”.