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12 de febrero de 2025 - 4:22 PM
Washignton D.C. - La jueza federal Angel Kelley, del distrito de Massachusetts, ordenó frenar temporalmente el plan del gobierno de Donald Trump para reducir los pagos por gastos generales de investigación médica que son financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), y de los que se benefician académicos e instituciones de Puerto Rico.
La orden de la jueza fue emitida el lunes en la noche en respuesta a una demanda de asociaciones que representan escuelas de medicina, farmacia y salud pública, al igual que hospitales de Boston (Massachusetts) y Nueva York.
La intención de la administración Trump es limitar los costos indirectos a 15%, cuando en la práctica suele alcanzar un porcentaje que puede rondar el 50%.
Just heard from colleagues in #PuertoRico that the pause in funding cuts to grants from NIH does not include US territories! Support for administrative costs (real expenses) @uprrp is going from 49% to 15%, a huge blow to a system already suffering staggering cuts by the @FOMBPR https://t.co/5suVkhgQE4
— Giovanna Guerrero-Medina, PhD (@Sefini) February 12, 2025
Una orden previa de la jueza, en respuesta a un recurso de 22 fiscales generales de estados, solo beneficiaba a esos gobiernos estatales, indicó Statnews.
Según el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, los NIH financiaron en 2024 “cerca de 73 proyectos y alrededor de $53 millones para las universidades, los hospitales, los centros de investigación de Puerto Rico, lugares como el Centro Médico de San Juan”.
“Los NIH financian investigación médica crítica”, sostuvo Hernández.
La semana pasada, los NIH anunciaron que estaban reduciendo los pagos hacia los costos generales para las instituciones de investigación que reciben sus subvenciones, una política que podría dejar a las universidades con grandes brechas presupuestarias.
Actualmente, algunas universidades reciben el 50% o más del monto de una subvención para destinarlo a personal de apoyo y otras necesidades, pero eso se limitaría al 15%.
En su demanda, los fiscales generales argumentaron que “las facultades de medicina, universidades, instituciones de investigación y otros beneficiarios de subvenciones en todo el país ya han presupuestado (y asumido obligaciones en función de) las tasas de costos indirectos específicos que se habían negociado y formalizado con el gobierno federal a través del proceso legal reglamentario y estatutario designado”.
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