Justin Peterson, exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal, ha sido señalado, en una investigación federal, como la persona que puso en marcha un operativo contra “enemigos” de su cliente, Exxon, que luego generó piratería cibernética en contra de ambientalistas y críticos de esa empresa petrolera.

Peterson y su empresa han negado haber ordenado el hackeo.

The Wall Street Journal, al dar a conocer el caso, hizo claro que Peterson, director gerente de la firma DCI Group – que tuvo a su cargo una campaña en contra de las administraciones de Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló cuando comenzaba el debate sobre la quiebra del gobierno de Puerto Rico-, no ha sido imputado de actuar indebidamente.

Pero, la operación que se alega puso en marcha es mencionada en el caso criminal en contra del investigador israelí Amit Forlit, quien está acusado de conspirar para cometer fraude electrónico y de hackeo de computadora.

Tras ser arrestado en Londres, las autoridades estadounidenses gestionan la extradición de Forlit.

El periódico estadounidense sostiene que la firma de Peterson –que como se demostró en el caso de Puerto Rico, suele actuar con dureza-, fue contactada por las autoridades federales en 2020, pero que no ha habido comunicación en tres años.

Su abogado ha indicado que DCI no ha sido un objetivo de la investigación criminal federal.

En un documento del caso, se menciona que Forlit tuvo un desayuno con un director gerente de una firma de cabildeo de Washington D.C. en 2015, que el periódico conoció es Peterson.

Después de la reunión, Fortlit habría escrito un correo electrónico en el que señala que ese ejecutivo de la firma de cabildeo quería “operacionalizar la investigación sobre los malos”, lo que de acuerdo a fiscales generó que se piratearan cuentas de correos electrónico de “enemigos” de Exxon.

Forlit fue arrestado en 2024 en Londres.

Peterson – nombrado a la JSF en 2020 como enviado del presidente Donald Trump y quien era el contacto de Forlit- ha negado haber estado vinculado a las actividades de pirateo cibernético.

“Cumplo la ley y ordeno a todos nuestros empleados y consultores que hagan lo mismo. No encargué ningún hackeo, ni lo aprobaría jamás. Afirmar lo contrario, como hace el Wall Street Journal en sus informes, es falso y difamatorio. Nuestros clientes contratan a mi firma @DCIGroup cuando hay mucho en juego. Somos agresivos y jugamos para ganar. Pero cumplimos con la ley”, reaccionó Peterson en la red social X.

Peterson agregó que “el culto climático y sus donantes, algunos de los cuales duermen en camas pagadas por los fondos fiduciarios del legado energético de combustibles fósiles de sus familias, difunden teorías conspirativas para desviar la atención de su agenda radical que aumentaría los costos de la energía y dejaría a Estados Unidos en último lugar”.

DCI, por su parte, indicó que nadie en su firma ”dirigió o estuvo involucrado” en algún pirateo cibernético que se alega ocurrió hace una década. Exxon, por su parte, dijo que si el hackeo ocurrió, lo condenan “en los términos más fuerte posibles”.

Lee Wasserman, director de la organización sin fines de lucro Rockefeller Family Fund que se ha opuesto a Exxon y que fue uno de los objetivos del pirateo cibernético, afirmó que es alentador que haya rendición de cuentas en este caso.

La firma de Peterson trabajó para bonistas del gobierno de Puerto Rico.

A partir de 2015. cuando cobró fuerza el debate sobre la quiebra fiscal del gobierno de Puerto Rico, DCI habría coordinado una campaña de publicidad en Estados Unidos en la que se buscó desacreditar al gobierno de Puerto Rico.

La empresa DCI ha estado cercana en Puerto Rico al grupo de cabildeo WPGroup.

En su momento, esas relaciones provocaron que el entonces presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, desvinculara de su colectividad a los cofundadores de la empresa WP Group, Carlos López López y Onix Maldonado.

Con el tiempo, cabilderos de WP Group como López López y Luis Balbino Arroyo han vuelto a asesorar a directivos del PPD.

Peterson renunció a la JSF en 2023 en medio de críticas sobre la restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que sigue pendiente.