En busca de reducir el caos y la confusión, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca rescindió este miércoles la orden que hubiese regulado la congelación de subvenciones federales y préstamos federales, que se ha temido tenga un fuerte impacto en Puerto Rico.

En un breve memorando, el jefe interino de OMB, Matthew Vaeth, informó que la orden que se dio a conocer el lunes para congelar por dos semanas cerca de $3 billones (trillions, en inglés) en fondos federales quedaba eliminada.

De inmediato, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que sigue vigente la congelación de fondos que permiten decretos del presidente Trump.

Leavitt habría hecho referencia a órdenes ejecutivas que prohíben el gasto público para programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés), que ya generó un freno de 90 días en desembolsos de las leyes de infraestructura y Reducir la Inflación (IRA).

“Si tienen preguntas sobre implementar las órdenes ejecutivas del presidente, por favor contacte al consejero legal de su agencia”, indicó el nuevo memorando de Vaeth a las oficinas del Ejecutivo estadounidense.

El memorando original de Vaeth generó mayores alarmas en el Congreso y los gobiernos estatales debido a su amplitud, pues instruyó a las oficinas federales a “pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”, y se temió que pusiera en riesgo el acceso inmediato a muchos programas clave en Puerto Rico y Estados Unidos.

La orden fue seguida por instrucciones que hacían referencia directa a unos 2,600 programas federales, incluido el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico, el cual el gobierno federal ahora asegura que no será afectado.

En un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que no se frenarán asignaciones como Medicaid, Medicare y el Seguro Social, y otros que puedan ser “derechos” de los ciudadanos.

“La Seguridad Social, Medicare y Medicaid no se han visto afectados por ninguna de las medidas que estamos adoptando, de ninguna manera o forma. Simplemente estamos analizando partes de la gran burocracia en las que ha habido un enorme despilfarro, fraude y abuso”, indicó Trump.

El presidente sostuvo que ya frenaron unos $1,700 millones para organizaciones del exterior y $181 millones en contratos para entrenamiento sobre iniciativas DEI.

Una juez federal ya había detenido hasta el lunes próximo la puesta en vigor del memorando del lunes de Vaeth, que buscaba que las oficinas del Ejecutivo examinaran cuáles subvenciones y préstamos van en contra de la política pública y las órdenes ejecutivas del presidente Trump dirigidas, entre otras cosas, a acabar con programas de diversidad, equidad e inclusión; con iniciativas del llamado “nuevo pacto verde”, que persigue mitigar el cambio climático, y con las relativas a la identidad de género.

Mientras, otro juez federal, John McConnell, de Rhode Island, dijo que consideraba también bloquear las órdenes de congelación de fondos debido a los informes contradictorios de la Casa Blanca.

Una de las órdenes ejecutivas del presidente Trump ya frenó el desembolso de fondos de las leyes de infraestructura y Reducir la Inflación (IRA) durante 90 días, para asegurar que cumplen con la política pública de su administración en contra de iniciativas DEI.

Todo este interés en revisar asignaciones federales se da en medio de la agenda de Trump y el Congreso por recortar fondos, de cara a un proceso de reconciliación fiscal en el que quieren incluir mayores recortes tributarios de los aprobados en la reforma contributiva de 2017.

La confusión generada por la orden inicial de OMB provocó el martes otro memorando con preguntas y respuestas, para asegurar que no se impediria el acceso a programas de ayuda directa a los ciudadanos, como Medicaid y el PAN.

La designada secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, reveló este miércoles que funcionarios federales le indicaron que la orden de congelación de fondos emitida por la administración de Trump no iba a afectar el PAN, que beneficia a cerca de 1.3 millones de residentes de Puerto Rico que se distribuyen anualmente $2,900 millones anuales.

El miércoles, además, la administración de la gobernadora Jenniffer González reconoció tener preocupación sobre el impacto de los planes de gobierno de Trump, ya cancelados, de congelar subvenciones y préstamos federales.

Tras una reunión en San Juan, el secretario designado del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, indicaron – en un comunicado de prensa- que iban a evaluar en detalle “posibles riesgos y oportunidades”.

“El gobierno de Trump dio marcha atrás en su intento ilegal de estafar al pueblo estadounidense porque las comunidades se alzaron y se hicieron oír. Pero sabemos que lo intentarán de nuevo y no dejaremos de luchar para proteger los programas de los que dependen las familias trabajadoras”, indicó la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

Pese a las aclaraciones hechas por la Casa Blanca y OMB el martes, en medio de toda la controversia generada, los documentos originales publicados por OMB en torno al plan de congelación de fondos mantenían su ambiguedad, particularmente con respecto a programas como el PAN y Medicaid, según Javier Balmaceda, analista sénior en el grupo de estudio Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias (CBPP), con oficina en Washington D.C..

Recordó, por ejemplo, que el PAN no se distribuye directamente a los beneficiarios, sino que es una subvención en bloque que tramita el Departamento de la Familia. “Quedaban unos baches enormes”, sostuvo el puertorriqueño Balmaceda. La posición del CBPP y de muchos es que es inconstitucional que el Ejecutivo implemente una congelación general de fondos que han sido ya asignados por el Congreso estadounidense.

“El referente ahora es la orden ejecutiva, sin ningún tipo de guía de OMB. El asunto es que ahora toca a cada agencia sacar sus propias conclusiones respecto a cómo interpretar la orden ejecutiva”, señaló Balmaceda.

El abogado y economista Sergio Marxuach, responsable de Políitca Pública en el grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE), insistió en que la orden de la OMB era claramente inconstitucional y contraria a la ley de 1974 que prohíbe confiscar fondos asignados por el Congreso.

“Se nota que están tratando de empujar los límites de la autoridad ejecutiva sobre el gasto público. Vamos a ver cuál será la próxima teoría desacreditada que usan”, señaló Marxuach.