Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) mantiene en el aire sus preparativos para la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio, en momentos en que la administración de Donald Trump considera acelerar los planes hacia su desmantelamiento, según varios informes.

Directivos de FEMA, encabezados por la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, han discutido adelantar el proceso hacia la eliminación de la dependencia federal, lo que, en última instancia, debe requerir la aprobación del Congreso, una medida que difícilmente pueda avanzar en el Senado estadounidense.

CNN informó que Noem se reunió el martes con el director interino de FEMA, Cameron Hamilton, y Corey Lewandowski, cabildero y exdirector de campaña de Trump, para discutir cómo poner en marcha un desmantelamiento acelerado de la agencia, que asignó cerca de $54,700 millones para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes de 2017 y terremotos de 2020.

Para adelantar el desmembramiento de FEMA, Trump consideraría rescindir la orden ejecutiva que establece un Consejo de Revisión que, durante nueve meses –hasta octubre–, tendría a su cargo examinar las reformas que su administración considera para dejar, principalmente en manos de los gobiernos estatales y locales, la respuesta a desastres naturales y otras emergencias.

El Consejo de Revisión de FEMA, de acuerdo con el decreto firmado el 24 de enero, tiene la tarea de examinar el “papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para, durante y después de los desastres”.

Hace unos días, Trump suscribió otra orden ejecutiva, que establece como política pública que la preparación para desastres naturales –como los huracanes– y otras emergencias “se gestiona con mayor eficacia a nivel estatal, local e incluso individual”, con el apoyo del gobierno federal.

Un funcionario de FEMA que trabaja en asuntos de respuesta a desastres dijo a la cadena de televisión que, pese a que en marzo se deben terminar los planes para atender emergencias relacionadas a la temporada de huracanes, “no estamos haciendo preparativos”.

Noem, según una directiva interna, deberá aprobar la mayoría de los nombramientos de trabajadores de la agencia, que suelen ser movilizados a los estados y territorios para asistir en las tareas de verificación de los daños causados –necesarios para asignar los fondos de asistencia a ciudadanos, comercios y gobiernos– y operar los centros de recuperación.

Después de que Trump emitiera la orden ejecutiva que establece como política pública que la preparación para desastres naturales y otras emergencias debe gestionarse principalmente desde los gobiernos estatales y locales, la gobernadora Jenniffer González sostuvo que, “ciertamente, el gobierno de Puerto Rico es el primer respondedor” y “los municipios también”.

Pero, González dijo que conversa con el gobierno federal sobre cómo poner en marcha un proceso de “respuesta rápida a emergencias”.

Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, FEMA ha asignado $54,730 millones para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico tras las emergencias de los últimos ocho años. De ese dinero, se han desembolsado $24,341 millones, aunque el total de fondos obligados o comprometidos alcanza los $51,588 millones.

En un análisis sobre el impacto de los recortes y despidos que Trump pone en marcha, el grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE) afirmó que, en teoría”, los $30,000 millones de FEMA comprometidos para proyectos de reconstrucción que no han sido desembolsados deberían estar a salvo, en la medida en que hayan sido legalmente “obligados”.

Pero, la experiencia reciente con Trump, que busca expandir el poder del Ejecutivo con medidas consideradas autoritarias, no da por sentado que esos fondos estén en terreno firme.

“En caso de que los fondos de reconstrucción sean rescindidos, el único recurso del gobierno de Puerto Rico sería presentar una demanda contra el gobierno federal… Sin duda, la pérdida de estos fondos de reconstrucción tendría un impacto severamente negativo sobre el proceso de recuperación y la economía puertorriqueña”, indicó Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE.