Aunque se enfrenta a una fuerte oposición de los conservadores republicanos, el liderato del Congreso busca aprobar por la vía rápida esta semana la resolución que extendería el presupuesto federal vigente hasta el 14 de marzo, la ley agrícola hasta el 30 de septiembre de 2025, y que asignaría unos $110,000 millones para mitigar los desastres naturales recientes.

Como parte de una legislación que supera las 1,500 páginas, se incluyó lenguaje que permitiría a los legisladores federales, por vez primera desde 2009, darse un aumento salarial.

La resolución temporal actual – que dio continuidad a los gastos del pasado año fiscal que terminó el 30 de septiembre pasado-, vence el viernes a la medianoche. Sin una nueva ley, el gobierno federal se vería obligado a cerrar parcialmente en medio de la Navidad, aunque el impacto real no se sentiría hasta el lunes, 23 de enero de 2025.

La Cámara de Representantes tiene previsto votar sobre la medida el jueves, pero el liderato republicano examinaba la posibilidad de ordenar la votación este mismo miércoles. La intención del Congreso ha sido recesar sus trabajos el jueves.

Solo con conocerse la multiplicidad de asuntos que se han incluido en la resolución, que en teoría pudo limitarse solo a extender el presupuesto, el liderato republicano se ha enfrentado a una avalancha de críticas de sus congresistas que consideran que son los demócratas los ganadores de la negociación bipartidista que generó la resolución.

El gasto adicional que la resolución propone es visto por los republicanos conservadores como una contradicción con el plan del presidente electo, Donald Trump, por medio de una comisión independiente (DOGE), de reducir gastos. “(La resolución) es lo contrario a lo que la comisión DOGE quiere hacer. ¿Votaré a favor? No”, dijo el conservador Ralph Norman (Carolina del Norte).

Hasta la figura principal de la comisión DOGE, el inversionista multimillonario Elon Musk, ha criticado la legislación por considerar que contiene demasiado gasto innecesario. Musk, desde antes de las elecciones un aliado estrecho del presidente electo Trump, exhortó vía su red social X a derrotar en dos años a cualquier representante federal que vote a favor de la legislación.

“No nos tomamos en serio el gasto. Mientras tengas un cheque en blanco no puedes reducir el tamaño del gobierno. Si no puedes reducir el tamaño del gobierno, no puedes vivir en libertad”, dijo el republicano Chip Roy (Texas), otro legislador conservador, al salir de la reunión del martes de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes en la que el speaker Mike Johnson explicó el alcance de la legislación.

El speaker Johnson ha querido echar hacia delante la legislación por el trámite regular, pero ante la oposición de muchos de sus colegas, puede tener que llevarla directamente al pleno, lo que requerirá dos tercios de los votos y un importante respaldo de la minoría demócrata.

Si la votación en la Cámara baja ocurre el jueves, - justo al terminar los trabajos de la sesión 118 y del 2024 -, el Senado tendría solo 24 horas para aprobarla antes de la medianoche del viernes. Para poder votar en solo 24 horas, los 100 senadores tendrían que estar de acuerdo en echar a un lado las reglas de debate.

Al extender el presupuesto vigente hasta el 14 de marzo, los republicanos se imponen un debate interno intenso dentro de los primeros dos meses de la presidencia de Trump. Los republicanos tendrán una ligera mayoría en la próxima sesión del Congreso, que inicia el 3 de enero, de 53-47 en el Senado, y de 220-215 en la Cámara baja.

Los republicanos, temprano en 2025, buscarán, además, un proyecto de reconciliación fiscal que puede incluir la revisión de la reforma contributiva federal de 2017 y un endurecimiento del sistema de inmigración, entre otras cosas.

Pero, muchos piensan que el speaker Johnson pensó que extender el presupuesto en vez de aprobar ahora una gigantesca legislación fiscal le evitaba problemas para su candidatura a la reelección como presidente cameral que se decide el 3 de enero, el primer día de la sesión 119 del Congreso. Ahora espera que la lluvia de críticas a la resolución temporal de presupuesto no le genere nuevos problemas en dos semanas.

Johnson no podrá perder más de tres votos el 3 de enero. Pero, ya uno de sus miembros, Thomas Massie (Kentucky), descartó favorecer su reelección.

Junto a los $100,000 millones solicitados por el presidente Joe Biden para mitigar los desastres naturales, la resolución recomienda otros $10,000 millones dirigidos a asistir directamente a los agricultores.

“El proyecto de ley brinda a las comunidades de todo el país un alivio fundamental, invirtiendo $100,000 millones para ayudar a los estadounidenses a reconstruir y recuperarse.”, indicó Rosa DeLauro (Connecticut), líder demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Los $100,000 millones incluyen $29,000 millones para el fondo de ayuda por desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), $21,000 millones para el Departamento de Agricultura y $12,000 millones para el Departamento de Vivienda federal (HUD).

Un grupo de congresistas, liderado por el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, solicitó que en la asistencia por desastres se incluyan nuevos fondos para modernizar la red eléctrica de Puerto Rico, en referencia a los apagones ocurridos en agosto durante el paso de la tormenta tropical Ernesto.

Pero, no hay ninguna asignación específica para Puerto Rico dentro del lenguaje legislativo.

La ley agrícola, en la que las autoridades de Puerto Rico quieren incluir un proceso de transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), se extendería hasta el 30 de septiembre de 2025. La actual ley agrícola venció en septiembre pasado.

Aunque ahora el gobierno de Puerto Rico tendría tiempo adicional para mantener la presión sobre el Congreso en torno al SNAP, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, Glenn “GT” Thompson (R-Pensilvania) ha indicado que “es mucho lo que (se) tiene que hacer”.

Para Thompson, el gobierno de Puerto Rico no ha tenido la estructura para implantar los requisitos de trabajo del SNAP y la tecnología necesaria. En el Senado, mientras, el republicano John Boozman (Arkansas), quien tampoco ha respaldado la inclusión de Puerto Rico en el SNAP, asumirá en enero la presidencia del Comité de Agricultura.

Como Thompson adelantó, la resolución no incluye los cerca de $50 millones anuales adicionales en el PAN que propuso de cara a reautorizar la ley agrícola.

El proyecto de ley incluye lenguaje que permite revivir un texto de 2009 que incrementaría el salario de los miembros del Congreso en proporción al aumento por el costo de vida. Dicha disposición fue frenada por los congresistas durante los últimos años. El salario actual de los legisladores es de $174,000.

La resolución de gastos también incluye $1,000 millones para reparar el puente Francis Scott Key de Maryland, $50 millones para la seguridad durante la toma de posesión del presidente electo Trump y autorización al gobierno municipal de Washington D. C. para controlar el antiguo estadio Roberto J. Kennedy, el cual quieren redesarrollar para traer de vuelta al equipo de fútbol estadounidense de la capital.