Washington D.C. - La política pública de recortes y despidos de empleados federales que el presidente Donald Trump promueve puede tener un impacto negativo desproporcionado sobre Puerto Rico, incluida la reconstrucción, lo que debiera requerir que las autoridades de la isla comiencen a desarrollar estrategias para mitigar el daño económico, advirtió un análisis del Centro para una Nueva Economía (CNE).

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En momentos en que la administración de Trump, entre otras cosas, cancela asignaciones hechas por el Congreso –como los $45 millones que le quitaron el martes al Departamento de Salud que estaban dirigidos a mitigar la pandemia de COVID-19– y busca desmantelar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), otra área de preocupación son las decenas de miles de millones de dólares asignados para la reconstrucción del archipiélago que, aunque están comprometidos, no han sido desembolsados.

Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE, sostuvo que, “en teoría”, los $30,000 millones de FEMA comprometidos para proyectos de reconstrucción que no han sido desembolsados –de un total de $53,000 millones asignados– deberían estar a salvo, en la medida en que hayan sido legalmente “obligados”.

Pero, la experiencia reciente con Trump, que busca expandir el poder del Ejecutivo con medidas consideradas autoritarias, no da por sentado que esos fondos estén en terreno firme.

“En caso de que los fondos de reconstrucción sean rescindidos, el único recurso del gobierno de Puerto Rico sería presentar una demanda contra el gobierno federal… Sin duda, la pérdida de estos fondos de reconstrucción tendría un impacto severamente negativo sobre el proceso de recuperación y la economía puertorriqueña”, indicó Marxuach en su análisis.

A los tropiezos del proceso de reconstrucción, que se puso en marcha después de los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020 y que ha caminado con lentitud, se suma el potencial impacto de la guerra arancelaria de Trump con países vecinos como México y Canadá.

Puerto Rico, recordó Marxuach, tiene un alto nivel de importaciones y los grandes proyectos de reconstrucción han estado sujetos a un costo fijo impuesto por FEMA a través de la Sección 428 de la Ley Stafford.

El pasado gobierno de Pedro Pierluisi intentó, sin éxito, convencer al Congreso y a la administración de Joe Biden sobre la necesidad de ajustar el costo de los proyectos a la inflación.

La administración de la gobernadora Jenniffer González, al dar a entender que esos esfuerzos tampoco prosperarían ahora, anunció que reducirá el número de escuelas de nueva construcción –de 40 a 12– tras los terremotos de 2020, que provocaron la mayor parte de los daños en el sur y suroeste del país.

Sobre la eliminación de FEMA, Marxuach, en entrevista con El Nuevo Día, dijo que, aunque debería haber espacio para repensar el proceso de recuperación por desastres, hacerlo a toda prisa “no es la mejor manera”.

Destacó, además, el peligro que representa para la educación de los “niños más vulnerables” el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos que Trump puso en marcha, después de que la secretaria Linda McMahon despidiera o lograra la renuncia de casi la mitad –más de 1,900– de los empleados.

Trump persigue, en última instancia, el cierre de Educación federal. Pero, eso parece improbable debido a que tendría que convencer a, por lo menos, siete demócratas del Senado y, quizás, a varios de los moderados republicanos de ambas cámaras del Congreso.

Como ejemplo de las implicaciones para Puerto Rico, solo el Departamento de Educación recibe este año fiscal alrededor de $2,430 millones de Educación federal.

Trump anunció que transferirá a la Administración de Pequeños Negocios los préstamos estudiantiles –un programa al que aún están inscritas más de 300,000 personas en Puerto Rico–, y al Departamento de Salud los programas de educación especial y comedores escolares. “Hay muchísima incertidumbre”, comentó Marxuach, economista y abogado.

Repasó, también en su análisis, la crisis en que pudiera caer la industria de salud de Puerto Rico si se materializan recortes en fondos de Medicaid y, al llegar octubre de 2027, no se han renovado los fondos vigentes de ese programa que, con más de $3,800 millones anuales, financia en unas tres cuartas partes el Plan Vital del gobierno boricua.

Los fondos de Medicaid pueden superar los $4,000 millones en el año fiscal 2027. Sin embargo, si no se aprueba una nueva ley federal, la asignación quedaría, en octubre de 2027, en unos $500 millones, y la aportación federal por cada servicio financiado por Medicaid caería del 76% al 55%.

El plan fiscal de la Cámara de Representantes, que aún se negocia con el Senado, contempla que el Comité de Energía y Comercio recomiende recortes de, al menos, $880,000 millones en una década para programas bajo su jurisdicción.

La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que el 93% de los fondos que ordena esa comisión se relacionan con Medicaid. Por tal razón, los expertos dudan que solo combatiendo el fraude, el despilfarro y abuso –lo que el speaker Mike Johnson insiste es el objetivo sobre Medicaid– pueda alcanzarse la meta de recortes.

“Hasta ahora, Puerto Rico ha evitado las consecuencias más graves de las políticas públicas del presidente Trump, gracias a decisiones temporeras de los tribunales federales que han paralizado la implementación de varias órdenes ejecutivas recientes. Sin embargo, mantener un perfil bajo y simplemente esperar lo mejor no es una estrategia eficaz. Sería prudente que el gobierno puertorriqueño empiece a diseñar estrategias para mitigar el posible daño económico y social que podría sufrir la isla durante los próximos tres años y 10 meses”, afirmó Marxuach.

Aunque no está necesariamente a salvo, Marxuach piensa que la asistencia alimentaria –la subvención del Programa de Asistencia Nutricional en Puerto Rico, que ronda los $2,900 millones– tiene alguna garantía por la importancia para los agricultores de vender sus productos. “Tradicionalmente, han sido un grupo bien republicano”, dijo Marxuach en la entrevista.

Pero, recordó, a su vez, que está aún pendiente en los tribunales el intento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, nada más asumir Trump la presidencia, de quitar fondos que consideran están asignados para iniciativas progresistas de equidad, ideología transgénero y del concepto del Nuevo Acuerdo Verde para combatir el cambio climático.

“Muchos gobiernos estatales y locales, así como organizaciones no gubernamentales, han tenido dificultades en averiguar si la pausa del gasto afectaba su financiamiento y qué programas estaban cubiertos (o no). Un memorando posterior trató de aclarar su alcance, pero la confusión continúa”, subrayó Marxuach.

La administración de Trump ha tratado de despedir o forzado la renuncia de cientos de miles de empleados, lo que afectará, al menos, a cientos de los cerca de 14,000 trabajadores federales en la isla.

Para Marxuach, es también un peligro la política del asesor especial de Trump, Elon Musk, responsable del comité gubernamental Departamento de Eficiencia Gubernamental, de “moverse rápido y romper cosas”, sin grandes preocupaciones por los errores que se cometen.

Más aún, quizás, ante el hecho de que, contrario a la administración de Biden, Puerto Rico ya no cuenta con expertos boricuas que sirvieron de asesores clave para departamentos a cargo del proceso de recuperación y en la propia Casa Blanca, e incluso un puertorriqueño, Miguel Cardona, fue el secretario de Educación federal. “Nos guste o no, existe una profunda interconexión entre la prestación de servicios esenciales en Puerto Rico y la política pública federal”, dijo Marxuach.

A largo plazo, apuntó, “la mayor amenaza es el daño potencial a instituciones estadounidenses fundamentales, como el estado de derecho, el debido proceso de ley y la separación de poderes”.

“La administración Trump ha asumido una visión maximalista del alcance del poder ejecutivo, particularmente presidencial. Esta visión contradice las normas constitucionales estadounidenses y las prácticas democráticas establecidas. Por ejemplo, la afirmación hecha en una orden ejecutiva del 18 de febrero, según la cual ‘el presidente y el fiscal general interpretarán la ley para el poder ejecutivo, en lugar de permitir que distintas agencias adopten interpretaciones diferentes’, es claramente incorrecta e inconstitucional”, afirmó Marxuach.

El informe del CNE cuenta, además, con un análisis del investigador Enrique Figueroa Grillasca sobre el impacto que pueden tener los aranceles que Trump impone, principalmente, a Canadá y México. Puerto Rico importó, en 2023, $1,192 millones en productos de México y $661 millones de Canadá.

“Cualquier aumento de aranceles afectará los precios de los bienes, el empleo y la producción económica. Sin embargo, predecir el impacto preciso es difícil debido a su dependencia de las respuestas de consumidores y productores, que, a su vez, dependen de la elasticidad de los ingresos y los precios, la disponibilidad de bienes sustitutos y los cambios en las estrategias de producción. No obstante, estos aranceles, de volverse permanentes, marcarían un cambio importante en la política económica estadounidense y tendrían consecuencias globales”, alertó Figueroa Grillasca.

Marxuach piensa que la importación de piezas de automóviles puede ser un área con un impacto significativo en la isla. Bajo la incertidumbre actual, los negocios, agregó, pueden tener limitada su planificación a largo plazo. “La historia nos dice que nadie gana en este tipo de guerra comercial. Todos los países pierden; algunos pierden más que otros”, señaló.

Mantuvo que, “si bien debemos tener cuidado de no llegar a conclusiones demasiado firmes basado en un solo indicador a corto plazo, es justo señalar que las acciones del presidente Trump para reducir la fuerza laboral civil, recortar miles de millones de dólares en inversiones federales, castigar a los socios comerciales con nuevos aranceles y tomar medidas severas contra los trabajadores migrantes no auguran nada bueno para la salud de la economía estadounidense, ni estas políticas públicas inspiran la confianza necesaria para mantener el consumo y la inversión a largo plazo en Estados Unidos”.

También, acentuó que “es evidente que algunos de los indicadores económicos más subjetivos, como la confianza del consumidor, las perspectivas del mercado laboral y las expectativas de inflación, están apuntando en una dirección negativa”.

Como un anejo, el informe del CNE también incluye un análisis de la española Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano, sobre cómo la nueva Casa Blanca puede hacer “un replanteamiento fundamental” de lo que ha sido su política exterior desde 1945, incluyendo las bases “del futuro de las relaciones de Estados Unidos con Europa”.

Trump considera, según informes, dejar de tener la principal responsabilidad militar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

“Durante décadas, Estados Unidos invirtió en Europa recursos y reputación a una escala sin precedentes, basado en su interés nacional, su prosperidad y crecimiento económico, y Europa le está agradecida. La nueva administración sin embargo parece que está dispuesta a renunciar hoy a esta inversión y romper con sus aliados europeos”, indicó García Encina.

La imposición de aranceles a Europa, argumentó, puede tener un impacto negativo, también, sobre los empresarios y hogares estadounidenses. “Sin embargo, lo que más le importa a Trump 2.0 es el poder. Así que cualquier respuesta europea tendrá que basarse principalmente en el poder y menos en la economía, las normas o la política interna de Estados Unidos”, agregó.

Dijo que las amenazas de Trump por asumir el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, representa un desafío a la soberanía territorial de Europa. Pero, al mismo tiempo, quiere que Ucrania acceda “a un acuerdo de paz favorable a Rusia, y parece dispuesto a retirar partes significativas de los compromisos de seguridad de EE.UU. en el continente”.

“El objetivo de los europeos frente a la nueva administración debe ser desarrollar un plan claro y realista de lo que quieren lograr en el juego transatlántico que ha iniciado Donald Trump. Deben decidir en qué ámbitos deben seguir alineados con Washington, dónde es necesario reequilibrar la relación, y dónde hay que romper con Estados Unidos. Las respuestas, sin embargo, no son fáciles”, afirmó García Encina.