Washington D.C. - La mayoría republicana de la Cámara de Representantes ha programado para el martes la votación sobre la resolución de presupuesto que guiaría los recortes en el gasto público durante la próxima década y que se teme implique reducir las asignaciones de Medicaid.

En momentos en que la mayoría cameral (218-215, con dos vacantes) solo pudiera perder un voto– de estar todos los demócratas presentes y votar por unanimidad en contra- republicanos han expresado preocupación por el impacto de los recortes en sus estados.

La resolución republicana – un paso previo a la consideración de un proyecto de reconciliación fiscal-, persigue recortar a partir de octubre hasta $2 billones (trillions, en inglés) y dar continuidad o revisar los alivios tributarios de la reforma contributiva de 2017 que vencen al terminar el año.

La medida era considerada esta tarde y noche en el Comité de Reglas de la Cámara baja, con la intención de llevarla al pleno cameral en la noche del martes. Mientras sesionaba el Comité de Reglas, continuaban las reuniones con el liderato republicano, incluido el speaker Mike Johnson, en busca de asegurar los votos a favor.

El espacio que da la resolución para considerar la revisión de la reforma contributiva de 2017 es una gran diferencia -además de su duración y el nivel de los recortes, en otras cosas- con la medida aprobada el pasado viernes en el Senado.

La medida del Senado persigue recortes y asignaciones por $342,000 millones durante cuatro años, pero prefiere dejar para un segundo proyecto de reconciliación fiscal la revisión de la reforma contributiva de hace ocho años.

Un grupo de republicanos ya ha expresado su preocupación con la tarea que se le otorga en la resolución cameral al Comité de Energía y Comercio, que regula Medicaid, para proponer reducciones en gastos que sumen unos $880,000 millones en una década.

Los expertos sostienen que la mayor parte de esos recortes tendrán que salir del programa Medicare, y que la imposición de requisitos de trabajo a los beneficiarios, sería muy insuficiente para ahorrar ese dinero.

“Si bien apoyamos plenamente los esfuerzos para controlar el gasto innecesario y cumplir con la agenda del presidente (Donald) Trump, es imperativo que no recortemos los programas que apoyan a las comunidades estadounidenses en todo nuestro país, ni sub financiemos programas críticos necesarios para asegurar la frontera y mantener seguras a nuestras comunidades”, indicaron miembros de la republicana Conferencia Hispana del Congreso, encabezados por Tony Gonzáles (Texas), en una carta enviada el pasado día 19 al speaker Johnson.

La republicana Victoria Spartz (Indiana) ha indicado que se opone a la actual versión de la Cámara.

Mientras, al menos tres republicanos – Nicolle Malliotakis (Nueva York), Don Bacon (Nebraska) y David Valadeo (California)-, han expresado reservas sobre la resolución.

El presidente Trump ha dicho que no quiere recortes en beneficios del Seguro Social, Medicare y Medicaid.

“Me alegra saber que (Trump) está de acuerdo conmigo en que debemos proteger la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, pero eso no elimina mis preocupaciones con respecto a la resolución específica presentada por la Cámara ni mi necesidad de claridad antes de la votación”, dijo Malliotakis la semana pasada.

Trump quiere que el proyecto de reconciliación fiscal –que puede obviar en el Senado el requisito de lograr 60 votos para llevar una medida a votación final-, incluya nuevas asignaciones para financiar la seguridad en la frontera, “deportar a millones de indocumentados” y el Pentágono, entre otras cosas. También reclama la extensión de los alivios de la reforma contributiva de 2017.

“Los republicanos están felices de dejarte en la estacada para ayudar a los ricos a hacerse más ricos”, indicó la número dos de la minoría demócrata cameral, Katherine Clark (Massachusetts).

Por el momento, la versión aprobada el pasado viernes en el Senado (52-48) -con un voto republicano en contra del senador Rand Paul (Kentucky)-, es el plan B de las mayorías republicana de ambas cámaras.

La versión del Senado propone nuevas asignaciones de cuatro años para la seguridad en la frontera ($175,000 millones), el Pentágono ($150,000 millones) y la Guardia Costera ($17,000 millones). Esas asignaciones, sin embargo, requerirán recortes que tendrán que precisarse en un proyecto de reconciliación fiscal.

Una vez aprobada la resolución de presupuesto, el liderato del Congreso deberá acelerar las discusiones para evitar un cierre parcial del gobierno federal. El presupuesto vigente depende de una resolucion temporal que expira el 14 de marzo.