Washington D.C. - Los líderes republicanos del Senado y la Cámara de Representantes mantienen fuertes diferencias sobre cómo avanzar los duros recortes fiscales y nuevas asignaciones que promueven, mientras, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y su asesor Elon Musk avanzan hacia el achicamiento de la Rama Ejecutiva, por encima de la autoridad del Congreso.

Al iniciar la aprobación de su resolución de presupuesto, que busca dejar para más tarde el debate sobre la revisión de la reforma tributaria de 2017, el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), insistió este miércoles en que, en este momento, lo posible es avanzar un proyecto de reconciliación fiscal que autorice $342,000 millones en nuevas asignaciones, que irían acompañadas del mismo total de recortes durante los próximos cuatro años.

Las nuevas asignaciones estarían destinadas a la seguridad en la frontera ($175,000 millones), el Pentágono ($150,000 millones) y la Guardia Costera ($17,000 millones), y recortarían la misma cantidad de dinero.

Bajo el plan de Graham, sería necesario un segundo proyecto de reconciliación fiscal para reautorizar o mejorar los recortes tributarios de la primera administración de Trump (2017-2020).

“ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se está quedando sin dinero”, indicó Graham, previo a que esta noche su comité aprobara su resolución de presupuesto y al defender no esperar más por la Cámara de Representantes.

El Comité de Presupuesto del Senado, en líneas partidistas, aprobó 11-10 la resolución presentada por Graham.

El senador Graham dijo que, como ha dicho Trump, también espera que en la Cámara baja se pueda aprobar “un gran y hermoso proyecto de ley” que cumpla con todas las prioridades del inquilino de la Casa Banca, pero afirmó que tienen “que avanzar en este tema”.

En la Cámara de Representantes, el liderato republicano –pese a los conflictos internos– insiste en considerar una resolución de presupuesto que tome en cuenta un proyecto de reconciliación fiscal que incluya la revisión de los recortes tributarios de 2017 que expiran al concluir este año.

Los líderes republicanos de la Cámara baja dieron a conocer este miércoles una resolución que exige recortar los impuestos en hasta $4.5 billones (trillions, en inglés) y el gasto federal en $1.5 billones, lo que se prevé incluya las aportaciones federales a los gobiernos estatales en Medicaid y asistencia alimentaria.

La resolución fue dada a conocer en la víspera de una sesión de votación sobre esa medida que convocó el Comité de Presupuesto cameral.

Pese a divulgarse la resolución y programarse la sesión de votación, dos de los republicanos más conservadores del Comité de Presupuesto, Ralph Norman (Carolina del Sur) y Chip Roy (Texas), pusieron en duda que se pueda aprobar.

Norman indicó que los recortes en gastos deben alcanzar los $2 billones e incluir recortes en Medicaid, y la imposición de requisitos de ese trabajo para los beneficiarios de ese programa.

Un proyecto de reconciliación fiscal puede aprobarse en el Senado por encima de la norma que suele exigir 60 votos para llevar una medida a votación final. Los republicanos tienen ligeras mayorías de 218-215, con dos vacantes, en la Cámara de Representantes, y 53-47 en el Senado.

El speaker cameral Mike Johnson (Luisiana), a pesar de las diferencias internas en su conferencia, descartó considerar el proyecto que Graham espera aprobar este jueves en su comité.

Por su parte, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, el republicano Jason Smith (Misuri), advirtió que $4.5 billones permitirían renovar los recortes tributarios de la reforma de 2017, pero no mejorarlos.

Mientras los líderes republicanos no se ponen de acuerdo sobre cómo avanzar el plan fiscal, en el Ejecutivo, Trump y Musk, “empleado federal especial”, encaminan con fuerza el plan para reducir el tamaño del gobierno federal, sin objeción de las mayorías republicanas del Congreso.

El martes, Trump suscribió una orden ejecutiva que obliga a las oficinas del gobierno federal a trabajar directamente con la comisión DOGE –el Departamento de Eficiencia Gubernamental– que lidera Musk, propietario de las empresas Tesla y Space X, con contratos gubernamentales de, al menos, $15,400 millones durante la última década, según The New York Times.

Por medio de la orden ejecutiva, Trump oficializó que DOGE tendrá “un líder” de su equipo en cada agencia federal. En momentos en que un juez federal ha dado paso a su plan para ofrecer renuncias a decenas de miles de empleados federales, Trump dijo que, por cada cuatro vacantes que surjan en las agencias, solo podrán llenar una.

La orden obliga a las agencias a que “empiecen rápidamente los preparativos para iniciar reducciones de personal a gran escala, de conformidad con la ley aplicable”.

Según The Washington Post, aunque Trump ha alegado que DOGE ha ahorrado “decenas de miles de millones de dólares”, hasta el momento, la comisión de Musk ha reclamado recortes que totalizan unos $2,000 millones anuales.

Musk dice que tendrá en cuenta cualquier potencial conflicto ético, en momentos en que la administración Trump ha eliminado puestos de inspectores generales y tiene su mira en la Oficina para la Protección del Consumidor.

“El cumplimiento por parte del señor Musk de las obligaciones relacionadas con los conflictos de intereses federales y otras obligaciones relacionadas sigue siendo desconocido para el Congreso y el público”, indicó el senador demócrata Alan Schiff (California), en una carta a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles.