Diecisiete estados, que se exponen a perder menos dinero que el gobierno de Puerto Rico, demandaron al Departamento de Educación de Estados Unidos por la decisión de suspender abruptamente el acceso a unos $1,000 millones en fondos de leyes aprobadas para mitigar el COVID-19, que en la isla han permitido financiar proyectos de infraestructura y terapias de educación especial.

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En momentos en que el secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, apeló por medio de una carta a la secretaria de Educación federal, Linda McMahon, 16 fiscales generales y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, decidieron acudir a los tribunales, por entender que se viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

“El último ataque de la administración (de Donald) Trump contra nuestras escuelas perjudicará a nuestros estudiantes más vulnerables y les dificultará su desarrollo”, declaró esta semana la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza la demanda.

La decisión de McMahon de cancelar los fondos asignados bajo leyes dirigidas a mitigar el COVID-19 frenó el acceso de Puerto Rico a $401 millones, pese a que incluye dinero para proyectos que ya se han realizado y esperaban solo por que fueran pagados.

Ramos Parés, quien dijo que apeló administrativamente la decisión de McMahon, explicó que los $401 millones incluyen proyectos de infraestructura, como la reparación de escuelas con columnas cortas dañadas por los terremotos de 2020, y terapias de educación especial. La mayor parte de los fondos, según el secretario de Educación de Puerto Rico, se destinan a mantenimiento y seguridad.

En enero pasado, antes de dejar el cargo, el entonces secretario de Educación federal, el puertorriqueño Miguel Cardona, había extendido el uso de los fondos, que expiraban en marzo pasado, hasta el mismo mes de 2026. Pero McMahon determinó el mismo 28 de marzo cancelar los fondos, aunque abrió la puerta a que los gobiernos estatales presentaran una solicitud de revisión en la que justificaran la continuidad de los programas.

Junto a Nueva York, sometieron la demanda los fiscales generales de los estados de California, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania. Todos son demócratas.

En el caso de Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González, quien es republicana, respaldó a Trump en 2024 y dijo entonces que quería convertirse “en el eslabón” entre el presidente de Estados Unidos y el archipiélago puertorriqueño.

Nueva York perdería, con la decisión de McMahon, $134 millones. Los estados que más dinero perderían serían Maryland ($245 millones) y California ($205 millones).

“Si no se restablece el acceso a esta financiación crucial, los estados no podrán brindar servicios públicos esenciales, pagar a cientos de empleados públicos ni brindar educación de calidad a los estudiantes de primaria y secundaria”, agregó la fiscal general James.

Junto al freno de $401 millones en fondos de educación, el gobierno central de Puerto Rico ya reconoció que se le cancelaron $45.18 millones que tenía el Departamento de Salud y $17 millones asignados a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

Otras asignaciones otorgadas a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) fueron frenadas, pero no se ha precisado la cantidad exacta.