La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó que sería inconcebible que la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico quiera ordenar aumentos en la tarifa de electricidad.

“Los residentes de Puerto Rico, con un ingreso familiar medio inferior a la mitad del del estado más pobre de Estados Unidos, ya pagan algunas de las tarifas eléctricas más altas del país. El pueblo puertorriqueño no puede soportar otro aumento de tarifas. Esta decisión sólo expulsaría a más personas y empresas de la isla”, indicó Velázquez, en un comunicado de prensa.

---

Read this article in English.

---

En una carta del 24 de junio al gobernador Pedro Pierluisi en torno al presupuesto del año fiscal 2025, la JSF indicó “es esencial que la estructura tarifaria permita los fondos necesarios para operaciones vitales, los gastos de mantenimiento necesarios continuos, mejoras de capital, y que proporcione suficiente liquidez y adecuada financiación de las cuentas establecidas bajo los acuerdos de operación y mantenimiento con los operadores privados” del sistema eléctrico.

Previamente, el gobernador Pierluisi ha rechazado la idea de un aumento en tarifas, ante advertencias de LUMA Energy, a cargo del sistema de transmisión y distribución, de que el valor actual es inadecuado para sostener sus operaciones vitales. Ha indicado que “aquí nadie debe estar hablando de aumentos de tarifa”.

“En las últimas semanas, los apagones en Puerto Rico dejaron a cientos de miles de residentes sin electricidad en medio de una peligrosa ola de calor, poniendo vidas en riesgo y paralizando la economía de la isla. Los cortes han puesto de manifiesto el fracaso continuo de operadores privados como LUMA a la hora de suministrar a la isla un sistema eléctrico fiable. Incluso la carta de JSAF destaca que LUMA tuvo un desempeño inferior en el año fiscal 24 según las métricas de confiabilidad del servicio”, sostuvo Velázquez.

La congresista boricua, quien es parte de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, afirmó que los puertorriqueños necesitan mayor responsabilidad de los operadores privados de la red eléctrica.

“El público no debería pagar por la continua incompetencia de LUMA. Es ilógico canalizar más dinero de los puertorriqueños en dificultades para financiar una fallida asociación público-privada. En cambio, debemos considerar imponer sanciones a LUMA y comenzar a explorar alternativas al acuerdo actual”, señaló.