La congresista demócrata Nydia Velázquez afirmó este viernes que el nombramiento de un funcionario de la fiscalía federal para supervisar las elecciones de Puerto Rico es una medida rutinaria positiva, pero no alcanza el reclamo que miembros del Congreso han hecho para que se monitoreen los asuntos estructurales del funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El nombramiento de un oficial electoral para atender las denuncias de fraude, discriminación e intimidación en Puerto Rico es una buena noticia. Sin embargo, esta medida no aborda los profundos problemas electorales estructurales de la isla”, indicó Velázquez, electa por el distrito 7 de Nueva York, que incluye principalmente un sector de Brooklyn y de la parte baja del este de Manhattan.

El miércoles, el jefe de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, designó al fiscal Seth Erbe como oficial de las elecciones de distrito para Puerto Rico, de cara a los comicios generales del 5 de noviembre.

Erbe, director de la División de Fraude Financiero y Corrupción de la Fiscalía federal, supervisará, junto a funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el manejo de querellas relacionadas con presuntas violaciones de derecho al voto, amenazas lanzadas contra funcionarios y/o empleados que laboren en los comicios, y querellas relacionadas con posible fraude.

Velázquez advirtió, como reconoció la fiscalía federal y se ha hecho antes en Puerto Rico, que es costumbre nombrar en los estados y territorios funcionarios de ese tipo.

“Los puertorriqueños necesitan más que un simple anuncio protocolario. Necesitan acciones específicas para abordar las irregularidades que amenazan el sistema democrático de la isla. Las denuncias de mala gestión del registro electoral y la continua privación de derechos están socavando la confianza en las próximas elecciones”, señaló la legisladora federal.

Junto a sus colegas demócratas Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Raúl Grijalva (Arizona), Adriano Espaillat (Nueva York) y Grace Meng (Nueva York), Velázquez solicitó al Departamento de Justicia federal que envié monitores a Puerto Rico para supervisar si la CEE cumple con las leyes federales de derecho al voto en ruta a las elecciones.

En el caso de un territorio como Puerto Rico, la opción de Justicia federal es enviar “monitores” por medio de la autoridad general que tiene la División de Derechos Civiles para movilizar personal cuando hay preocupación sobre potenciales violaciones a los derechos del elector. Los monitores pueden tener un rol más activo que un observador, el cual Justicia federal moviliza para supervisar violaciones en Estados Unidos –los estados y Washington D.C.– a la ley de derechos del elector, con el propósito de velar por el voto de las minorías raciales e idiomáticas.

“El Departamento de Justicia anunció recientemente que asignará observadores federales para observar las elecciones en el condado de Portage, Ohio. No hay ninguna razón por la que no se pueda hacer lo mismo en Puerto Rico. El Departamento de Justicia tiene la autoridad y hay pruebas más que suficientes para intervenir. Faltan menos de 20 días para las elecciones. Puerto Rico necesita elecciones justas y transparentes, y estoy decidida a garantizar que todos los mecanismos de supervisión federal disponibles estén en su lugar. El Departamento de Justicia debe actuar ahora”, afirmó Velazquez.

Los legisladores demócratas ya lograron que la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, en inglés) refiriera a su Oficina del Inspector General (OIG, en inglés) la solicitud para que se audite el uso que la CEE ha dado la CEE a los fondos asignados bajo la ley HAVA (Ayude a América a Votar) para asistir a electores.

En su carta del pasado 25 de septiembre a Justicia federal y a la EAC, los congresistas afirmaron que “este ciclo electoral (en Puerto Rico) ya se ha visto empañado por numerosas denuncias de fraude, irregularidades e intentos de diluir el derecho al voto de una proporción considerable del electorado local (ciudadanos estadounidenses por nacimiento)”.

“Los fondos de la subvención de seguridad electoral de HAVA son un apoyo fundamental para las oficinas electorales en la administración de las elecciones de 2024 y para la planificación a largo plazo. Como tal, la EAC se toma muy en serio cualquier posible uso indebido o mala administración de los fondos”, indicó Brianna Schletz, directora ejecutiva de la EAC, en su respuesta a los congresistas.

Schletz indicó, entonces, que la OIG “recibe y maneja quejas sobre desperdicio, fraude, abuso o mala administración en los programas de la EAC o que involucran a un destinatario de fondos distribuidos por la EAC”.

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REFERENCIAS:

Ley HAVA