Washington D.C. - Un proyecto de ley de la congresista demócrata Nydia Velázquez propone exigir a oficinas del gobierno federal identificar las brechas de datos que han encontrado al administrar fondos destinados para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico.

Velázquez presentó la medida este viernes, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con ocasión del séptimo aniversario del huracán María, que provocó una catástrofe en Puerto Rico, incluso, al menos, unas 3,000 muertes, cerca de $90,000 millones en daños y el derrumbamiento del sistema eléctrico.

La medida busca requerir que las oficinas del gobierno federal trabajen “de manera proactiva con la Oficina del Censo y otras 12 agencias productoras de datos para identificar la información más crítica necesaria para avanzar en la recuperación de Puerto Rico”, indicó la puertorriqueña Velázquez, electa por un distrito de la ciudad de Nueva York que tiene su base en Brooklyn.

La idea es que las oficinas federales que otorgan subvenciones de recuperación para Puerto Rico informen las brechas críticas de datos a los que se enfrentan al administrar los fondos y los productos estadísticos a los que la isla debería ser integrada.

“Hace siete años, las vidas de los puertorriqueños y de aquellos con vínculos con la isla cambiaron para siempre. A pesar del tiempo transcurrido, los esfuerzos de recuperación siguen siendo insuficientes, y Puerto Rico continúa lidiando con los efectos devastadores del huracán María. Esta legislación ayudaría a arrojar luz sobre los productos que deben tener prioridad para los fines de la recuperación y garantizar la inclusión de la isla en ellos”, agregó la congresista.

Velázquez afirmó que “el acceso a los datos es crucial, pues ningún esfuerzo de recuperación debe detenerse debido a la falta de información”.

La legisladora federal puertorriqueña recordó que la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) y el Grupo de Trabajo bipartidista sobre Crecimiento Económico en Puerto Rico –que funcionó un semestre tras la aprobación de la ley Promesa– han acentuado que existen brechas significativas sobre la recopilación de datos en torno a la isla.

De acuerdo con un informe de la GAO, divulgado en mayo, Puerto Rico solo está incluido en un 18% de los productos estadísticos del gobierno federal.

Las oficinas del gobierno federal incluyen a Puerto Rico en apenas 81 de los 449 productos de sus 13 principales oficinas que reúnen datos estadísticos.

Aunque el análisis reconoce que no todos los productos incluyen a los 50 estados, la situación es peor para los otros cuatro territorios: Islas Vírgenes estadounidenses (49 productos), Guam (45), Islas Marianas del Norte (41) y Samoa americana (41).

Velázquez sostuvo que su proyecto de ley puede generar que se conozca en qué otros productos estadísticos federales se debe incluir a Puerto Rico.

En junio, en una audiencia del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara baja, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) advirtió sobre los problemas que causa, en el desarrollo de política pública, la amplia brecha entre los estados y territorios en la recopilación de datos que lleva a cabo el gobierno federal.

Por ejemplo, Jacobo Orenstein Cardona, asistente ejecutivo en el IEPR, advirtió que la exclusión de Puerto Rico del Censo de los Gobiernos de la Oficina del Censo federal provoca que, una vez se aprueba el presupuesto del gobierno puertorriqueño, no hay un mecanismo para conocer en detalle cómo la administración central, sus oficinas y los 78 municipios utilizan el dinero público.

La legislación de Velázquez es coauspiciada por sus colegas demócratas boricuas por Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres. Pero también son coautores los demócratas Adriano Espaillat (Nueva York), Alma Adams (Carolina del Norte), Delia Ramírez (Illinois), Raúl Grijalva (Arizona) y Bennie G. Thompson (Misisipi).

Grijalva es el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, con jurisdicción primaria sobre Puerto Rico. Thompson es el principal demócrata en el Comité de Seguridad Interna, que supervisa a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).