La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) presentó legislación que impediría a inversionistas de la industria de criptomonedas que se establecen en Puerto Rico quedar exentos del pago de contribuciones federales sobre ingresos.

“Se trata de justicia. Si generas ingresos con activos digitales, deberías pagar tu parte, sin importar tu código postal”, indicó Velázquez, quien sometió la medida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos junto a sus colegas Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Delia Ramírez (Illinois).

La legislación enmendaría la sección 933 del Código de Rentas Internas federal para excluir de la exención de impuestos sobre ingresos que tienen los residentes de Puerto Rico las actividades relacionadas a activos digitales.

La medida establece que “el término ‘activo digital’ significa cualquier representación digital de valor que esté registrada en un libro de contabilidad distribuido protegido criptográficamente”.

“Durante años, algunos de los inversores estadounidenses más ricos en activos digitales han utilizado a Puerto Rico para evadir el pago de impuestos federales”, agregó Velázquez, quien ha sido crítica de la antigua Ley 22 que otorga privilegios tributarios a inversionistas que se establecen en el archipiélago puertorriqueño.

Bajo la ley actual, ingresos de actividades relacionadas a activos digitales de ciudadanos estadounidenses que pasan al menos la mitad del año en Puerto Rico pueden quedar exentos de impuestos federales.

Velázquez aludió a las críticas que recibe la antigua Ley 22 –ahora parte de la Ley 60 de 2019– y la “oleada de inversionistas en criptomonedas” que se benefician de ese estatuto.

En la Ley 60 de 2019 el gobierno de la isla incorporó el lenguaje de la hasta entonces ley 22 que otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

La congresista sostuvo que informes previos han advertido que, entre 2020 y 2026, el erario de Puerto Rico perdería $4,500 millones en ingresos debido a las exenciones contributivas que se otorgan a inversionistas adinerados.

Mientras, un denunciante del Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) calculó que más de $10,000 millones en ingresos se benefician de las exenciones que se otorgan por residir en Puerto Rico.

“Puerto Rico merece algo mejor que ser convertido en un paraíso fiscal para los ricos. Se trata de asegurar que las normas no se redacten para beneficiar a unos pocos, mientras que los trabajadores de la isla y del continente pagan las consecuencias”, afirmó Velázquez.

Por su parte, Iris Figueroa, estratega sénior de Políticas de la organización Popular Democracy, señaló que, en momentos en que “muchas comunidades puertorriqueñas tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas”, los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos no deberían “seguir subsidiando los activos digitales” de los sectores que gentrifican el archipiélago.

“Agradecemos a las congresistas Velázquez, Ocasio Cortez y Ramírez por tomar un primera paso importante para empezar a cerrar lagunas fiscales como la ley 22 que no están disponibles en ninguna otra parte del mundo excepto en Puerto Rico. Los boricuas no deberían tener que luchar para poder vivir en su propio archipiélago mientras los criptocolonizadores y otros extranjeros pueden vivir allí esencialmente sin pagar impuestos”, dijo la directora de la coalición Power 4 Puerto Rico, Erica González, cuya organización ha pedido al Congreso acción sobre este asunto.