Washington D. C. - La congresista boricua Nydia Velázquez se propone reclamar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) transparencia sobre sus controvertidas operaciones en Puerto Rico, y solicitar información que pueda ayudar a esclarecer asesinatos políticos ocurridos en la isla, como los de Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera.

“Tenemos que exigir transparencia. En términos de reconciliación, saber quién dio la orden para recopilar información en Puerto Rico, cómo se ejecutó la orden y evaluar la posibilidad de presentar legislación que demuestre la ilegalidad (de lo ocurrido)”, dijo la demócrata, en entrevista con El Nuevo Día.

Documentos desclasificados en diciembre pasado por la CIA reflejan que vigiló al movimiento independentista puertorriqueño, mientras un informe del Departamento de Justicia de Puerto Rico vincula a una célula de esa oficina federal con el ataque con bombas de 1975, en Mayagüez, en contra de un evento del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

Además, el exfuncionario de la CIA Ignacio Rivera –quien fue fiscal federal y es comentarista político en la emisora Radio Paz– ha indicado que la CIA tuvo una oficina en Puerto Rico, por lo menos, entre 1971 y 1976. Otros informes sostienen que la CIA mantuvo operaciones de espionaje en la antigua base naval de Sabana Seca.

“Es algo que siempre sospechamos, pero que mucho duele confirmarlo, verlo ahí de frente”, dijo Velázquez, al considerar que cualquier operación en Puerto Rico incumplió con la ley, por la CIA tener prohibido operar en territorio estadounidense.

Los documentos desclasificados de la CIA están centrados en la persecución de líderes latinos como César Chávez, vinculados al movimiento pro derechos civiles. Pero, incluyeron algunos relacionados con la vigilancia sobre el movimiento pro independencia de Puerto Rico y sus relaciones con Cuba u otros países.

Velázquez fue una de las firmantes de una carta de miembros del Caucus Hispano del Congreso que reclamó a la jefatura del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que cumpla con la entrega de documentos solicitados desde marzo pasado por los congresistas demócratas Joaquín Castro (Texas) y Jimmy Gómez (California), miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

En total, la misiva fue firmada por 35 legisladores latinos, incluidos el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y las congresistas boricuas Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva York).

El pasado lunes, el Comité de Familiares y Amigos de Carlos Muñiz Varela solicitó a Castro y Gómez que reclamen información sobre el asesinato de su padre, ocurrido hace 46 años y al cual el FBI vinculó a grupos terroristas del exilio cubano.

Muñiz Varela fue tiroteado el 28 de abril de 1979 –murió dos días después–, en momentos en que, junto a Raúl Álzaga Manresa y Ricardo Fraga, desde la agencia Viajes Varadero, promovía viajes del exilio cubano a La Habana, iniciativa que generó oposición y violencia. En documentos desclasificados, el FBI implicó a la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), la que describió como una “organización terrorista anti-Castro”, como responsable del asesinato de Muñiz Varela.

“Mi padre fue víctima de una conspiración organizada y financiada por miembros de la extrema derecha cubana en Puerto Rico, a quienes grupos similares en los Estados Unidos apoyaron. La conspiración también fue ayudada por grupos introducidos en el gobierno y el Departamento (Negociado) de (la) Policía de Puerto Rico. La falta de cuidado con la que se ha manejado la investigación del asesinato de mi padre se caracteriza por una grave negligencia por parte del gobierno de Estados Unidos, en particular de la CIA y el FBI”, sostuvo Muñiz Pérez en su carta.

La familia de Santiago “Chagui” Mari Pesquera también se propone pedir a legisladores federales que reclamen a la CIA y el FBI información sobre el asesinato del hijo del histórico líder socialista Juan Mari Bras, ocurrido el 24 de marzo de 1976.

Aunque la fiscalía de Puerto Rico logró la convicción de Henry Coira, como la persona que le disparó a “Chagui”, la familia Mari Pesquera insiste en que no actuó solo y que se trató de un asesinato político, relacionado con las amenazas de muerte en contra de Mari Bras, quien fundó organizaciones como el Movimiento Pro Independencia (MPI) y el PSP, principales objetivos de las investigaciones de la CIA, según los documentos divulgados por esa oficina federal.

Velázquez recordó que, en 2023, junto a Ocasio Cortez y otros legisladores, presentó una resolución que propone una disculpa oficial del gobierno de Estados Unidos por su vinculación con el golpe militar de hace medio siglo en contra del expresidente de Chile Salvador Allende.

La resolución de entonces hacía un llamamiento a una mayor desclasificación de los récords del gobierno de Estados Unidos relacionados con los eventos que culminaron en el golpe militar, la muerte de Allende y de unas 40,000 personas asesinadas, torturadas, desaparecidas o exiliadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

En 2003, en respuesta a una petición hecha tres años antes por el entonces congresista demócrata puertorriqueño José Serrano (Nueva York), el FBI entregó miles de documentos sobre la persecución a organizaciones y militantes independentistas en Puerto Rico.