Washington D.C. - Un grupo de 21 congresistas demócratas, encabezados por Nydia Velázquez y Delia Ramírez, pidió explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el traslado de personas bajo custodia estadounidense a una cárcel en El Salvador que ha sido denunciada por abusos contra los derechos humanos.

Los traslados al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) de personas que tenían permiso de residencia, o estaban protegidos por la orden de un juez, representan una violación de la ley de reforma y reestructuración de asuntos exteriores de 1998, afirmaron los congresistas demócratas.

También, recordaron que Estados Unidos es firmante de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penales Crueles, Inhumanas o Degradantes, ratificada en 1998.

“Estos traslados no solo violan principios fundamentales del derecho internacional, sino que también violan las leyes estadounidenses y el compromiso de nuestra nación con los derechos humanos”, indicaron los legisladores, en una carta a Rubio, un exsenador republicano.

Un caso que ha sido denunciado es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, residente de Maryland, quien, pese a tener una orden de protección de un juez de inmigración y estar casado con una ciudadana estadounidense, con la que tiene un hijo, fue deportado por Estados Unidos sin una audiencia judicial.

El gobierno de Donald Trump admitió el error –como parte de las deportaciones masivas de indocumentados que tiene en marcha–, pero alegó que ya no tiene jurisdicción sobre Ábrego García, sino el gobierno de El Salvador.

Un juez ordenó que Ábrego García sea traído a Estados Unidos, pero el juez presidente del Tribunal Supremo estadounidense, John Roberts, detuvo esa orden temporalmente.

Familiares también denunciaron que varios venezolanos indocumentados fueron deportados a El Salvador como si fueran miembros de la organización criminal Tren de Aragua, sin presentar evidencia.

Trump, incluso, indicó que consideraría trasladar a cárceles en El Salvador a ciudadanos estadounidenses convictos de delito.

La carta de los congresistas advierte que las personas trasladadas a El Salvador se enfrentan a un hacinamiento extremo, pueden haber sido deportadas sin cumplirse con el debido proceso de ley y estar bajo tortura sistemática, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La puertorriqueña Velázquez y Ramírez, natural de Guatemala, indicaron que organizaciones de derechos humanos –como Human Rights Watch– han denunciado las condiciones de CECOT, a pesar de que Rubio dice que El Salvador cumple con todos los requisitos internacionales.

En la carta, los legisladores piden a Rubio que precise si el gobierno de Estados Unidos paga al gobierno de Nayib Bukele por el encarcelamiento. Si ese es el caso, reclaman copia del acuerdo.

Además, le reclaman que indique “cualquier autorización legal que Estados Unidos considere que le autoriza a pagar a otro país para encarcelar a personas indefinidamente, incluyendo a personas que no han sido condenadas por ningún delito en ningún país.”

“Dadas las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador de que estas personas se encuentran detenidas ‘en espera de la decisión de Estados Unidos sobre su destino a largo plazo’, por favor, confirme si Estados Unidos mantiene la autoridad sobre la custodia de cualquier persona detenida en CECOT a expensas de los contribuyentes estadounidenses”, indicaron.

Además, reclaman que se les diga qué “otra ‘decisión sobre su destino a largo plazo’ tiene previsto tomar Estados Unidos respecto de las personas actualmente detenidas en CECOT a expensas de los contribuyentes estadounidenses” y cuánto tiempo puede durar el encarcelamiento y el costo al erario federal.

Junto a Velázquez y Ramírez, firman la carta los boricuas Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Darren Soto (Florida), además de la delegada de Washington D.C. Eleanor Holmes Norton, y sus colegas Maxine Waters (California), Lloyd Doggett (Texas), John Garamendi (California), Maxine Dexter (Oregón), Ayanna Pressley (Massachusetts), Rashida Tlaib (Michigan), Greg Casar (Texas), Jennifer McClellan (Virginia), Jim McGovern (Massachusetts), Sylvia García (Texas), Yassamin Ansari (Arizona), Ilhan Omar (Minnesota), Robert García (California), Chuy García (Illinois), Lori Trahan (Massachusetts) y Bonnie Watson Coleman (Nueva Jersey).

Ramírez, por otro lado, solicitó la renuncia de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, por entender que su departamento –bajo el cual está el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas– se han violado los derechos de personas a las que no se les ha permitido tener representación legal.

“Bajo su supervisión, el Departamento de Seguridad Interna ha causado daños irreversibles a los estadounidenses. Ha explotado su posición para utilizar la fuerza pública como arma para detener, deportar y violar a personas. Sus vergonzosas acciones también han dejado a niños y mujeres vulnerables y sin representación legal. Ha malgastado millones de dólares de los contribuyentes en campañas antiinmigrantes y en la detención ilegal de personas en prisiones en el extranjero sin el debido proceso. Su criminalización intencional de los inmigrantes y las voces disidentes contra sus actos deplorables amenazan los cimientos de nuestra democracia”, indicó Ramírez, en una carta enviada a Noem.