Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó una legislación que persigue ampliar la elegibilidad de los residentes en Puerto Rico a programas de vivienda del gobierno federal.

La medida, coauspiciada por su colega demócrata Ritchie Torres y que antes fue impulsada por la ahora gobernadora Jenniffer González, persigue aplicar en Puerto Rico las mismas normas de pobreza que se utilizan en los estados para tener acceso a programas de asistencia de vivienda.

“Las familias de Puerto Rico que enfrentan dificultades económicas deben tener acceso a una vivienda segura, estable y asequible. Me enorgullece reintroducir esta legislación, originalmente presentada por mi predecesora, y fortalecerla con disposiciones que permitan al gobierno identificar y atender mejor las necesidades de las familias de bajos ingresos en la isla”, dijo este lunes el comisionado Hernández.

Su legislación, mientras, agrega un lenguaje que permitiría a la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) analizar en un informe al Congreso cómo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) y la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico “identifican y abordan” las necesidades de vivienda de las familias con ingresos extremadamente bajos.

También pediría a la GAO que estudie el uso de los fondos federales asignados para mitigar los desastres naturales recientes, en el área de viviendas de bajos ingresos, y presente recomendaciones para mejorar la eficacia de los programas de vivienda federales en el servicio a las familias más vulnerables.

La legislación anterior de González no avanzó en comisión.

Pero el congresista Torres, que la apoyó también en la sesión pasada, afirmó que, “por demasiado tiempo, las familias más vulnerables de Puerto Rico han sido privadas del acceso a asistencia de vivienda fundamental”.

El proyecto de ley se presenta en momentos en que el gobierno de Donald Trump busca reducir el gasto federal, con un plan que pudiera recortar en casi la mitad los trabajadores de HUD y en un 84% los empleados dedicados a la oficina que atiende las asignaciones para mitigar desastres.