Nueva York - Tras escuchar nuevas críticas en torno al desinterés de la Asamblea General en reabrir el caso colonial de Puerto Rico y la falta de acción concreta del Congreso, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó este jueves, por consenso y ocasión número 42, una nueva resolución que reafirma el derecho inalienable de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

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La resolución – presentada por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Siria y Rusia-, insta a la Asamblea General de las Naciones Unidas a “examinar activamente la cuestión de Puerto Rico en todos sus aspectos”.

Al mismo tiempo ,los 29 países miembros del Comité de Descolonización exhortaron nuevamente “al gobierno de Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de promover un proceso que permita que el pueblo puertorriqueño ejerza plenamente” su libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

La decisión tomada por el Comité, después de escuchar a cerca de 80 peticionarios y debatir por una hora la resolución, reafirma que reconocen Puerto Rico como una “nación latinoamericana y caribeña” y toma nota de la represión contra el independentismo.

La resolución contó con expresiones de respaldo del Grupo de Amigos de la Carta de la ONU, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del Movimiento de Países no Alineados, por medio de mensaje de los representantes de San Vicente las Granadinas, Honduras y Uganda, respectivamente.

Aunque hace 52 años se aprobó por vez primera una resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, la Asamblea General de la ONU no ha vuelto a considerar el caso político puertorriqueño como un asunto independiente desde que en 1953 - tras la adopción del Estado Libre Asociado-, excluyó a la Isla de la lista de territorios coloniales.

“El Estado Libre Asociado fue un acto de clara dominación colonial”, dijo el representante alterno de Cuba ante la ONU, Yuri Gala López, al presentar formalmente la resolución.

Como en otros años, la representación estadounidense ante la ONU estuvo ausente de la sesión, que se extendió por más de cinco horas.

Mientras, el representante permanente de Bolivia, Diego Pary Rodríguez, afirmo que “hablar de Puerto Rico es hablar de un pueblo latinoamericano y caribeño”. En sus mensajes, Venezuela y Nicaragua reafirmaron su respaldo a la independencia de Puerto Rico.

Previo a aprobar la resolución, alrededor de 80 personas y representantes de organizaciones denunciaron como la situación colonial se refleja en las crisis fiscal y energética, los problemas del ambiente, la inseguridad y la economía en general, entre otras cosas.

Además de expresar decepción, y coraje, por la continuación del limbo político actual, los ponentes recordaron que el Congreso de Estados Unidos nunca ha permitido a Puerto Rico ejercer su derecho a la libre determinación y hace exactamente ocho años, por medio de la Ley Promesa, hundió a los puertorriqueños de la Isla en su situación colonial.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, ahora candidata a comisionada residente en Washington de la Alianza de País formada por su partido con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), denunció en su turno la “persecución a nuestras candidaturas e intentos antidemocráticos de tratar de sacarnos de las elecciones por ser una voz fuerte” en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la Ley Promesa, entre otras cosas.

“Hoy no estamos mejor que antes que se impusiera esa Junta. Estamos en una crisis que incluye la falta de acceso adecuado a la electricidad, la salud, la vivienda y la educación”, indicó Rivera Lassén.

En su ponencia, Rivera Lassén señaló que el MVC propone una Asamblea Constitucional de Status que permita descolonizar la Isla por medio de alternativas no territoriales- la estadidad, la independencia y la libre asociación –y, por medio de un proceso justo, participativo, informado y vinculante para el gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Organización Política del PIP, Adrián González Costa, destacó que la decisión del Comité de Descolonización vuelva a afirmar la “plena aplicabilidad de la Resolución 1514 (XV)” y “la obligación de Estados Unidos de descargar su responsabilidad descolonizadora con relación a Puerto Rico.

González Costa denunció, entre otras cosas, la situación de pobreza que ha generado una masiva emigración y la imposición de una junta fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico por medio de la ley PROMESA

“La descomposición de tal proyecto ha llevado al pueblo puertorriqueño a repudiar mayoritariamente un modelo político que mientras perdure, nos tiene destinados a la pobreza y a la inferioridad política. Aun cuando este es el panorama, tanto el Congreso de Estados Unidos como el poder Ejecutivo han ignorado esas condiciones en las que vivimos cerca de 3 millones de personas y ese consenso general a favor de la descolonización”, indicó González Costa, candidato de la Alianza al Senado por San Juan.

Los ponentes de esta sesión incluyeron a proponentes de la estadidad - algunos de los que volvieron a pedir, sin éxito, incluir su fórmula de estatus como alternativa-, grupos cívicos y comunitarios, líderes de organizaciones profesionales como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de Economistas y la Asociación de Sicología.

El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y el también delegado electo por la estadidad Roberto Lefranc Fortuño estuvieron entre los ponentes estadistas. Rosselló Nevares exhortó al Comité a expresar en favor de que Puerto Rico pueda ejercer su derecho a la libre determinación, incluyendo como opciones la estadidad y la libre determinación.

Cuando Rosselló Nevares comenzó a hablar, independentistas y soberanistas presentes en la sesión se retiraron del salón. Un grupo de sus seguidores se colocó detrás de él, para aplaudirle con fuerza cuando terminó su presentación. Su esposa, la ex primera dama Beatriz Rosselló, también testificó en la sesión.

Lefranc Fortuño, por su parte, dijo que “es impensable que Estados Unidos no esté presente” en la sesión del Comité de Descolonización.

Mientras, Ignacio Ros, miembro de la delegación extendida pro estadidad y sindicalista que reside en el estado de Georgia, sostuvo que urge unidad del pueblo puertorriqueño para poder presionar con fuerza a los miembros del Congreso, pues el tema del estatus de Puerto Rico no les afecta suficientemente.

“El status actual de territorio no incorporado significa que (los puertorriqueños de la Isla) no pueden votar por el presidente de Estados Unidos y no tienen representación en el Congreso”, dijo Kathy Blount, de origen cubano, residente en Nueva York y quien es también parte del grupo de apoyo de la delegación de cabilderos electos por la estadidad.

El artista plástico puertorriqueño Garvin Sierra Vega, quien denunció censura de su obra para la Poli/Gráfica de 2024, recordó esa reciente experiencia y la importancia de que los artistas puertorriqueños se expresen en contra de la colonia y en defensa de los suyos.

“Si algo define al puertorriqueño es nuestra cultura y nuestro arte, el teatro, la danza, la música y el cine, entre otras manifestaciones. El arte y la cultura son el lenguaje para entender nuestra realidad y expresar lo que nos une, en las alegrías así como en los pesares, que en el caso de Puerto Rico abundan y no dan tregua”, indicó Sierra Vega.

Sierra Vega, sin embargo, dijo que el reconocimiento que alcanza el arte puertorriqueño a nivel internacional - puso como ejemplos la película “La Pecera” y la exhibición “The Museum of the Old Colony” de Pablo Delano en la Bienal de Venecia-, contrasta con la realidad de Puerto Rico. “Las obras que expresan el sentir nacional contra la colonia son censuradas por el estado y el gobierno, que además persigue y recorta el presupuesto de las organizaciones que las presentan”, sostuvo Sierra Vega.

En su presentación, Arturo Massol Deyá, director asociado de la organización de autogestión Casa Pueblo, afirmó que la libre determinación va a requerir independencia energética.

Pero, sostuvo que “para una transformación energética descolonizadora, justa y democrática” es necesario que “se fijen responsabilidades y exigencias al gobierno de Estados Unidos para reconocer que el modelo de la privatización del sistema eléctrico ha fracasado”.

Además, Massol Deyá dijo que se requiere que “las asignaciones federales no sean para inducir a más endeudamiento y que terminemos pagando por el sol a los texanos”, abogó por detener los planes de optar por más uso del gas natural y “entender que Puerto Rico cuenta con suficiente superficie en techos de estructuras existentes para instalar toda la infraestructura solar y sobraría espacio, por lo que debemos impedir que se usen las tierras agrícolas para colocar paneles solares”.

Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sostuvo que desde 1944 la institución “ha hecho una férrea defensa de lo que debe ser la descolonización de la Isla – por medio de una Asamblea Constitucional de Estatus-, sin abogar por una fórmula en particular”.

José Caraballo Cueto, presidente de la Asociación de Economistas, advirtió que tras la eliminación de los beneficios la sección 936, la economía de Puerto Rico no ha crecido de forma sostenida, en medio de una política pública federal que no se ajusta a las necesidades de la Isla.

Caraballo Cueto, profesor en la Universidad de Puerto Rico (UPR), mencionó su estudio que concluyó que la economía de Puerto Rico estaría mejor bajo la estadidad o la independencia que en el presente estatus colonial.

“Debe ejercerse el derecho a la auto determinación pero no con una soga amarrada al cuello”, dijo Annettte Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, al indicar que el comité debe hacer más que aprobar su resolución y declarar que la deuda de Puerto Rico es nula, y que Estados Unidos debe reparar los daños causados a la Isla.

Kevin Rivera Medina, presidente del Comité Pro Derechos Humanos, por su parte, formalizó su llamamiento para que la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU emita nuevas opiniones, que revisen las emitidas en 1978 y 1983, y tomen en consideración asuntos como la imposición de la ley Promesa y las decisiones del Tribunal Supremo estadounidense que han confirmado la situación colonial de Puerto Rico.

“Las personas de nuestro país no somos ciudadanos de segunda clase, somos un pueblo colonizado. Solicitamos a este Comité una resolución clara y contundente, expresando su apoyo incondicional al pueblo de Puerto Rico en nuestra descolonización”, expresó, por su parte, Alejandra M. Castrodad Rodríguez, a nombre de la Fundación Juan Mari Bras, líder histórico del independentismo que abrió los debates en el Comité de Descolonización en torno al caso político puertorriqueño, en 1973.

Castrodad Rodriguez exhortó al comité a declarar la ley PROMESA “como una violación grave del derecho internacional al nombrar una Junta no electa que gobierna a Puerto Rico, reiterar el derecho de las personas de nuestro país al ejercicio pleno de nuestra ciudadanía puertorriqueña y a su derecho inalienable a la independencia” y recabar la atención urgente de la Asamblea General de la ONU.

La representante de la organización Amigos del Mxr, Venecia Butler, sostuvo que el colonialismo también se refleja en la crisis climática. “Desde los experimentos hacia nuestras mujeres, bombardeos militares, experimentos con el agente naranja, la quema de carbón, y el actual destierro de nuestras comunidades, nos es urgente la descolonización de Puerto Rico”, afirmó Butler.

Después de que varios estadistas solicitaran al Comité promover la libre determinación e incluir la estadidad entre las alternativas, Héctor Bermúdez Zenón, del Grupo por la Igualdad y la Justicia de Puerto Rico, sostuvo que los que proponen convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos deben ir a defender su reclamo ante el Congreso estadounidense.

Ante de la sesión, dos docenas de organizaciones independentistas y soberanistas firmaron una declaración conjunta que reconoce la importancia del foro internacional para avanzar en la descolonización de Puerto Rico.

“Al comparecer ante los foros internacionales, las organizaciones del movimiento de liberación nacional puertorriqueño, buscamos ampliar nuestras esferas de influencia, desenmascarar al poder opresor y construir espacios de solidaridad entre los países libres del mundo para la eventual incorporación de un Puerto Rico libre”, indicaron.

Al mismo tiempo, señalaron que la comparecencia y promoción de los debates en el Comité de Descolonización, que por ocasión 42 tiene previsto afirmar el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, de ninguna manera persigue “delegar la responsabilidad histórica que le corresponde a nuestro pueblo de luchar por todos los métodos y medios disponibles para alcanzar nuestra independencia nacional”.

La declaración está suscrita por el Frente Independentista Boricua, que incluye a Boricuas Unidos en la Diáspora, el Comité del Partido Independentista Puertorriqueño de Nueva York, los Comités de la Resistencia Boricua, El Grito, El País Posible, Friends of Puerto Rico Initiative, Macheteros(as), Partido Nacionalista Puertorriqueño Junta de Nueva York, Puerto Ricans In Minnesota, Puertorriqueños Unidos en Acción (Washington, DC) y Victory for Puerto Rico.

Pero, además, la firman A Call to Action on Puerto Rico, Campaña Pro Libertad, Colectiva Feminista en Construcción, Colectivo Rumbo Alterno, Dialogo Soberanista, Estado Nacional Soberano de Borikén, Frente Socialista, Instituto Hostosiano del Norte, el Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales, Jornada Se Acabaron Las Promesas, Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Movimiento Ñin Negrón, Puerto Rico Tribunal y Revista Nueva Pensamiento Crítico.

Hasta ahora, el único incidente en la sesión se produjo cuando el representante de Cuba objetó que el estadista Mario Solano, residente en Texas, denunciar el comunismo, pues nada tenían que ver las ideologías con la resolución en discusión. Solano le respondió que no va a dejar de opinar lo que quiere sobre Puerto Rico. Pero, la presidenta del comité, la representante de Santa Lucía, Menissa Rambaly, le pidió que al hablar se refiriera a ella, no al representante de Cuba.