Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, advirtió este miércoles que la congelación de fondos y despidos que ocurren en oficinas del Departamento de Seguridad Interna (“Department of Homeland Security”, DHS) ponen en entredicho si la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) estará lista para responder a potenciales huracanes y terremotos en Puerto Rico.

“Nuestro temor es real. Si mañana se produjera un huracán, ¿nuestros sistemas de respuesta a emergencias estarían plenamente operativos? Si otro terremoto sacudiera nuestra isla, ¿los hospitales tendrían la capacidad de mantener con vida a la gente en este momento debido a la congelación imprudente de fondos por parte de la administración? La respuesta no está clara y eso es inaceptable”, indicó Hernández.

Sostuvo que se reunió con funcionarios de FEMA en Puerto Rico, y dijo que “ellos necesitan estabilidad, no caos”.

El presidente Donald Trump ha indicado que buscará eliminar FEMA. Al mismo tiempo, las oficinas de Gerencia y Presupuesto y de Administración de Personal han enviado un memorando a las agencias sobre cómo pueden implantar despidos masivos. Han solicitado planes para el 13 de marzo.

FEMA supervisa el uso de $54.7 millones en asignaciones para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, de los cuales se han desembolsado $24.26 millones y obligado $51.57 millones.

“Puerto Rico enfrenta inestabilidad económica como resultado de huracanes, terremotos y fallas en la red eléctrica. Hemos visto, una y otra vez, cómo la demora en la ayuda federal significa devastación para las familias que no pueden esperar a que se resuelva la disfunción de Washington... No podemos jugar a la política con la preparación para desastres y la seguridad pública”, dijo Hernández.

Sus declaraciones se produjeron al tomar un turno durante el debate en el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes sobre resoluciones del líder de la minoría demócrata en esa comisión, Bennie Thompson (Misisipi), para que se investigue determinaciones del DHS para congelar fondos y despedir empleados, entre otros asuntos.

Este martes, en un mensaje en el hemiciclo cameral antes de la sesión del día, Hernández dijo que su oficina orientará a los empleados federales que sean despedidos. “Quiero ser claro: ustedes no son el problema; su gobierno es el problema”, esbozó.

Hace unos días, se conoció, además, del plan de la administración Trump para reducir en un 84% el personal de la Oficina de Planificación y Desarrollo (CPD, en inglés), que supervisa los cerca de $20,444 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres asignados a Puerto Rico después de huracanes, terremotos y la pandemia de COVID-19.

De 936 empleados que la CPD tenía cuando Trump tomó posesión, la intención es reducir la plantilla a 150 para el 20 de mayo, una baja de 84%, según un documento suministrado a El Nuevo Día.

En cuanto al DHS, Thompson afirmó que “el impacto de bloquear subvenciones críticas del Departamento de Seguridad Interna tiene acciones que amenazan directamente la seguridad nacional, al recortar fondos vitales para los equipos de respuesta a emergencias, la recuperación de desastres y los programas de seguridad comunitaria, creando caos y socavando nuestra preparación”.

“Este comité necesita saber quién, en el DHS, pensó que era una buena idea poner en peligro esta financiación y su fundamento e investigación, si la hubiera, sobre las implicaciones de hacerlo, porque en este momento nada de eso se ha compartido”, agregó Thompson.

El congresista hizo referencia al freno en asignaciones para programas como la Iniciativa de Seguridad de Áreas Urbanas, el Programa Estatal de Seguridad Nacional, el Programa de Subvenciones de Seguridad para Organizaciones sin Fines de Lucro y el programa de subvenciones de ciberseguridad estatal y local, “cada uno vital para la respuesta a emergencias, la prevención del terrorismo y el apoyo a las fuerzas del orden, lo que ha provocado una interrupción caótica de los fondos de las subvenciones”.

Thompson, a su vez, encabezó una carta –que incluye a Hernández, a la congresista boricua Nellie Pou (Nueva Jersey) y a otros demócratas de la comisión– a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para que rinda cuentas sobre los despidos en esa agencia, que por el momento son más de 400, incluidos más de 200 de FEMA, más de 130 de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y casi 50 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

“A pesar de las declaraciones del Departamento sobre un bajo desempeño, muchos de los empleados despedidos recientemente recibieron evaluaciones de desempeño positivas, e incluso algunos habían obtenido la calificación de ‘logró excelencia’ en el último año. Uno de esos empleados era un veterano militar discapacitado con 13 años de servicio, quien trabajaba como técnico en tecnología de la información para FEMA durante casi 2 años”, establecieron los legisladores demócratas.