Washington D.C. - La mayoría republicana del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes busca aprobar este martes, como parte del proceso hacia un proyecto de reconciliación fiscal, legislación que reformaría y limitaría el acceso a las becas Pell y los préstamos estudiantiles.

La medida- que se ha debatido desde horas de la mañana en comisión-, aumentaría de 12 a 15 los créditos por semestre que un estudiante universitario debe tener para poder acceder a las becas Pell. Un estudiante deberá completar 30 créditos en un año para mantener ese beneficio.

Con la idea de ahorrar $127,300 millones durante la próxima década, los planes de pago de los préstamos estudiantiles existentes se reducirían de cuatro a dos opciones: una cantidad mensual fija durante un período de tiempo o un plan basado en los ingresos.

Uno de los programas que se elimina es la iniciativa SAVE del entonces presidente Joe Biden, que ha permitido a deudores de bajos recursos pagar cero o muy poco mensualmente.

En 2024, el Departamento de Educación de Estados Unidos calculó que en Puerto Rico había más de 300,000 personas con préstamos estudiantiles del gobierno federal.

“Los demócratas nos oponemos firmemente al intento de la mayoría republicana en el Congreso de limitar el acceso a las becas Pell y a los planes de pago de préstamos estudiantiles. Estas herramientas son claves para que miles de jóvenes puertorriqueños accedan a la educación superior y desarrollen su potencial. Nuestra juventud es la fuerza que impulsará el desarrollo económico y el futuro de Puerto Rico; invertir en ella es invertir en el progreso de toda la isla”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

En total, los republicanos proponen que la medida ahorre $330,000 millones al gobierno federal durante la próxima década, como parte de un proyecto de reconciliación fiscal con la agenda del presidente Donald Trump que recorte en $1.5 billones (“trillions”, en inglés) el presupuesto durante la próxima década y renueve, o quizá mejore, los alivios contributivos de la reforma tributaria de 2017

La legislación republicana también persigue eliminar, a partir de julio de 2026, los préstamos subsidiados, que en el caso de solicitantes de bajos recursos económicos no ganan intereses mientras el estudiante está en la escuela. Además, esos préstamos no se tienen que empezar a pagar hasta seis meses después del estudiante graduarse.

La medida aumentaría de 25 a 30 los años que un deudor debe estar pagando el préstamo para poder ser condonado.

La legislación republicana, al mismo tiempo, propone eliminar los programas de préstamo Grad Plus y Parent Plus. Los préstamos para estudiantes graduados se limitarán a un máximo de $100,000, y en el caso de carreras profesionales a $150,000.

Expertos sostienen que esa limitación provocará que más estudiantes opten por préstamos en el mercado privado, que suelen tener intereses más altos.

Según Mark Huelsman y Aissa Canchola Bañez, del Student Borrower Protection Center, en Estados Unidos y los territorios “1.8 millones de prestatarios han tenido que recurrir a los préstamos Grad Plus precisamente porque los límites de los préstamos no subsidiados son en gran medida insuficientes para financiar el costo de un título de posgrado (y porque el límite agregado de los préstamos subsidiados y no subsidiados incluye los préstamos tomados para estudios de pregrado)”.

La legislación también limita el acceso a las becas Pell y préstamos estudiantiles del gobierno federal a la mediana del costo de un programa educativo. Los demócratas temen que eso afecte adversamente a la mitad de los estudiantes que tienen acceso a esos programas. Los republicanos dicen que el 93% de los estudiantes no tendrá un impacto negativo.

Otro apartado de la legislación permitiría cobrarle a las universidades parte del dinero que un estudiante deje sin pagar, según sus proponentes.

“Este plan exige rendición de cuentas y responsabiliza financieramente a las escuelas por endeudar a los estudiantes. El proyecto de ley también incluye otras reformas que reducirán los costos para los estudiantes y sus familias, a la vez que garantizan la sostenibilidad fiscal de programas específicos como la beca Pell. En definitiva, es hora de corregir este círculo vicioso que resulta costoso para los contribuyentes y deja a los estudiantes en peores condiciones que si nunca hubieran ido a la universidad”, indicó el republicano Tim Walberg (Michigan), presidente del Comité de Educaciín y Fuerza Laboral, al defender su legislación.

La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) sostuvo que “los republicanos en el Congreso quieren hacer que sea más caro para los niños de familias de clase trabajadora ir a la universidad y más fácil para las escuelas estafar a los prestatarios de préstamos estudiantiles, todo para pagar las ayudas fiscales para los estadounidenses más ricos”.

“Esto no es responsabilidad fiscal es crueldad”, dijo, por su parte, la congresista demócrata Alma Adams (Carolina del Norte) sobre la propuesta republicana, al presentar sin éxito una enmienda que perseguía paralizar la legislación hasta que el Departamento de Educación federal garantice que no elevará los costos para estudiantes de bajos recursos económicos.

Hay dudas de si la medida logrará el visto bueno del parlamentario del Senado, que tiene que asegurar que la legislación no supone cambios significativos de política pública para que el proyecto de reconciliación fiscal pueda eludir la regla del filibusterismo.

Por medio de la regla del filibusterismo del Senado, se exigen 60 votos para levar una medida a votación final. Un proyecto de reconciliación fiscal permite pasar por encima de esa norma.