El empresario Suresh Gajwani tiene previsto declararse culpable en un tribunal federal de Miami de evadir los impuestos de cerca de $80 millones en ganancias, tras alegar falsamente que su empresa tenía derecho a los beneficios contributivos de la antigua Ley 22 en Puerto Rico.

La denuncia de la fiscalía federal, presentada en marzo, sostiene que Gajwani, propietario de la firma de inversiones Nimco II Corp, evadió el pago de contribuciones, al reclamar que su empresa funcionaba como una sociedad anónima tipo S para poder acogerse a los beneficios del antiguo estatuto 22, que ahora es parte del “Código de Incentivos de Puerto Rico” (Ley 60 de 2019).

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas federal (IRS), las corporaciones sociedad anónima tipo S optan “por pasar los ingresos, pérdidas, deducciones y créditos comerciales a través de sus accionistas para los propósitos del impuesto federal”.

Según Bloomberg Tax, Gajwani se entregó a las autoridades el pasado martes y se espera que se declare culpable.

La jueza presidenta del Tribunal Federal para el distrito del sur de Florida, Cecilia Altonaga, le fijó una fianza de $100,000.

La denuncia original de la fiscalía federal indica que, en enero de 2020, el contable de Gajwani preparó una declaración en la que se afirmó “falsa y fraudulentamente que Nimco… pretendía ser una corporación S a partir del 1 de enero de 2019”, conociendo el empresario que la “verdadera razón…era evitar el pago de impuestos sobre las ganancias de capital”.

La declaración de Nimco II buscó que dejara de ser considerada una corporación C para fines del IRS, que significa una empresa que es responsable de sus propias deudas y paga sus propios impuestos. Ese tipo de corporación no cualifica para los beneficios de la Ley 60 de 2019 de Puerto Rico.

Desde 2021, el IRS informó que investigaba cerca de un centenar de beneficiarios de la antigua Ley 22, que pudieran enfrentarse a denuncias criminales.

“Por fin, el IRS ha acusado a un beneficiario de la Ley 22 de evasión fiscal. Durante años, he advertido que este abuso es generalizado, lo que fomenta el desplazamiento en Puerto Rico y drena los ingresos fiscales de la isla y del continente. Este debería ser el primero de muchos”, indicó este fin de semana, en la red social X, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York).

En 2021, el IRS sostuvo que las auditorías e intervenciones sobre beneficiarios de la “Ley 22” examinarían si se han excluido “ingresos sujetos a impuestos estadounidenses en una declaración estadounidense de impuestos sobre la renta o fallan en presentar y declarar ingresos sujetos a contribuciones estadounidenses”.

“Esta campaña también se dirigirá a aquellas personas que han cumplido con los requisitos de la Sección 937 del Código de Rentas Internas, pero que pueden estar declarando erróneamente ingresos de fuente estadounidense como ingresos de fuente de Puerto Rico para evitar impuestos estadounidenses”, agregó el IRS.

En mayo de 2024, el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, entonces liderado por el demócrata Ron Wyden (Oregón), indicó que, hasta entonces, el IRS solo había investigado dos docenas de beneficiarios de la antigua Ley 22. Además, no había cobrado dinero adicional de quienes ya han sido investigados, según informó al comité senatorial estadounidense un denunciante interno del IRS.

El senador Wyden, ahora líder de la minoría en esa comisión, también ha tenido el ojo puesto sobre los beneficios contributivos que reciben empresas farmacéuticas radicadas en Puerto Rico, que teme busquen eludir el pago de contribuciones federales.

Bajo la Ley 60 de 2019, el gobierno de la isla incorporó el lenguaje de la Ley 22 que otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

El entonces comisionado del IRS, Danny Werfel, reconoció, en mayo pasado, que las investigaciones de su oficina estaban en su primera etapa, pero que tenía la esperanza de que la asignación de $80,000 millones de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) –ahora bajo ataque del presidente Donald Trump, que busca desfinanciarla–, para contratar nuevo personal, permitiera acelerarlas.

En el verano de 2023, Velázquez y sus colegas Raúl Grijalva (quien falleció en marzo pasado), Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres pidieron formalmente a la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) examinar el impacto de la antigua Ley 22 sobre la economía de Puerto Rico y los ingresos del gobierno federal. La GAO confirmó que, en marzo de 2024, funcionarios de su oficina fueron a San Juan en busca de información sobre este asunto.

A finales de la pasada sesión, la congresista demócrata Delia Ramírez (Illinois) -con el apoyo de las boricuas Velázquez y Ocasio Cortez- propuso una resolución para exhortar a la Cámara de Representantes a que atienda las consecuencias del “hueco tributario” que representa la antigua Ley 22 de Puerto Rico. La medida no avanzó.