En la era de Donald Trump, la amplia inmunidad que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo estadounidense ha concedido a un presidente de Estados Unidos por sus actos oficiales representa una amenaza para la democracia, advirtió la jueza asociada Sonia Sotomayor.

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Para Sotomayor, puertorriqueña y primera persona hispana juez del máximo foro judicial estadounidense, la posibilidad de otorgarle inmunidad plena a un presidente de Estados Unidos por sus actos oficiales lo convierte “en un rey por encima de la ley” y burla el estado de derecho en este país.

En su firme opinión disidente de la decisión de los seis jueces conservadores que formaron la mayoría del tribunal, Sotomayor sostuvo que sus colegas “inventaron una inmunidad fuera del texto, antihistórica e injustificable que coloca al presidente por encima de la ley”.

Al escribir la opinión de la mayoría, el juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que debe presumirse la inmunidad absoluta de un presidente de Estados Unidos por los actos oficiales que realiza. Pero, no por sus actos privados.

“El sistema de separación de poderes diseñado por los redactores (de la Constitución) siempre ha exigido un ejecutivo enérgico e independiente. El presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales”, indicó el juez presidente John Roberts, en la decisión de la mayoría.

No obstante, cinco de los seis jueces conservadores coincidieron en prohibir que se utilicen récords de actos oficiales del presidente por los que tiene inmunidad para probar cargos criminales en su contra. Entre los conservadores, Amy Coney Barrett se unió a las liberales Sotomayor, Ketanji Brown y Elena Kagan en contra de esa parte del dictamen.

La decisión del foro judicial se basó en una petición de la defensa del expresidente Trump con el propósito de tratar de descarrilar los cuatro cargos a los que se enfrenta por tratar de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo el haber incitado al acto de insurrección en contra del Congreso y buscar anular votos legalmente emitidos.

El caso fue devuelto al Tribunal Federal de Washington D.C. para que determine cuáles de los cargos a que se enfrenta Trump son oficiales y cuáles son privados.

Trump fue convicto de 34 cargos criminales por registros comerciales falsos destinados a esconder – en medio de la campaña electoral de 2016-, pagos de $130,000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, con la esperanza de que no hablara públicamente sobre la alegación de que tuvieron relaciones sexuales en momentos en que el entonces magnate de las bienes raíces ya estaba casado con la ahora ex primera dama Melania Trump.

Su defensa ahora busca utilizar la decisión del Tribunal Supremo estadounidense para anular la convicción del caso de Daniels.

Sotomayor, en una opinión a la que se unieron las jueces liberales Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, sostuvo que el efecto real de la opinión de la mayoría es “aislar al presidente de responsabilidad criminal”.

Ahora, dijo, un presidente tiene carta blanca para tomar posiciones oficiales que pueden contravenir claramente la ley.

“Según el razonamiento de la mayoría, cuando (el presidente) utilice sus poderes oficiales de cualquier manera, ahora está protegido de enjuiciamento criminal. ¿Ordenar al equipo 6 de buzos de la Armada que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organizar un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón presidencial? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, criticó la jueza Sotomayor.

Además, consideró que abre la puerta a otros conflictos. “Imaginemos que un presidente declara en un discurso oficial que tiene la intención de impedir que un rival político apruebe una legislación a la que se opone, sin importar lo que cueste hacerlo (acto oficial). Luego contrata a un sicario privado para asesinar a ese rival político (acto no oficial). Según la mayoría, la acusación de asesinato no podría incluir ninguna alegación de la admisión pública por parte del presidente de una intención premeditada de apoyar la mens rea (la intención) del asesinato. Es un resultado extraño, por decir lo menos”.

La conclusión de la mayoría del tribunal, sostuvo la jueza, es que debemos permitir al presidente de Estados Unidos violar la ley, “que explote los atributos de su cargo para beneficio personal, que utilice su poder oficial para fines malvados”.

“Porque si supiera que algún día podría enfrentar responsabilidad por violar la ley, tal vez no sería tan audaz y valiente como nos gustaría que fuera. Ése es el mensaje de la mayoría… Incluso si estos escenarios de pesadilla nunca se desarrollan, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, subrayó.

Sotomayor cerró su disidencia con una frase lapidaria que marcó su estado de preocupación con la situación actual en Estados Unidos: “Con miedo por nuestra democracia, disiento”.