Washington D.C. - En un editorial, The Washington Post afirmó este jueves que la exención temporal aprobada por el gobierno de Donald Trump en las normas de cabotaje para el transporte marítimo de productos energéticos refleja cuán “absurda” es la ley Jones de 1920 con respecto a los requisitos que impone para llevar mercancía entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico.

Por medio de la exención temporal, que comenzó en marzo en medio del cierre del estrecho de Ormuz como consecuencia de la guerra contra Irán y fue renovada en mayo hasta el 16 de agosto, Puerto Rico “ha comprado más del doble de propano estadounidense en los últimos cuatro meses que en los 22 años anteriores juntos”.

La ley Jones exige que los barcos que transportan mercancía entre puertos de Estados Unidos y sus territorios sean de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses.

Las Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte han estado exentas permanentemente de ese estatuto.

Pese a que Estados Unidos “es el mayor productor mundial de propano”, las normas de la ley Jones impiden regularmente el acceso de Puerto Rico a ese mercado.

Además, en momentos en que “los buques obsoletos y costosos que cumplen con la ley Jones ya son bastante inadecuados para el transporte de otras mercancías”, con respecto a propano “no existen buques cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) transoceánicos que cumplan con los requisitos de la ley”, advirtió la Junta Editorial de The Washington Post.

“Puerto Rico compra una pequeña cantidad de propano del continente mediante otros métodos, como contenedores especializados que pueden transportarse en buques amparados por la ley Jones, pero no hay forma de transportar grandes cantidades de manera económica”, agregó.

Ante el aumento en el costo de la gasolina y otros productos energéticos, a causa de la guerra estadounidense-israelí en contra de Irán, Trump aprobó en marzo una dispensa de 60 días, que luego fue extendida por 90 días en mayo hasta mediados de agosto.

Según los datos provistos por el diario, la exención temporal –que es combatida por la American Partnership Society de Estados Unidos, incluso con anuncios en televisión en la zona de la capital estadounidense– ha permitido que las importaciones de propano estadounidense desde de Puerto Rico ascendieran en mayo al 6%, aunque hasta entonces casi un 100% provenía de otros países.

En un blog publicado el martes, Colin Grabow, experto del grupo de estudio Instituto Cato –de tendencia libertaria–, indicó que “desde que entró en vigor la exención, Puerto Rico ha importado aproximadamente 809,000 barriles de propano procedente del continente” estadounidense.

“Esto representa un aumento del 4,792%, casi 49 veces, con respecto al volumen anual promedio exportado desde el continente entre 2004 y 2025. Dicho de otro modo, es más del doble de la cantidad de propano procedente del continente que se exportó a Puerto Rico durante los 22 años anteriores junto”, sostuvo Grabow, que acaba de publicar, junto a Inu Manak y Caleb Brown, el libro “El caso contra la ley Jones”.

Tanto la Junta Editorial de The Washington Post como Grabow coinciden en que, ante las trabas que impone la ley estadounidense, Puerto Rico suele exportar propano desde Guinea Ecuatorial, Nigeria, Chile y Trinidad y Tobago.

“Sería mejor comprar a Estados Unidos. La vecina República Dominicana compró más de 12 millones de barriles de propano estadounidense el año pasado, en comparación con los 19,000 de Puerto Rico”, sostuvo el diario.

Para insistir en su argumento de que la ley Jones de 1920 es absurda, el editorial mantuvo que, debido al estatuto, “si una empresa estadounidense construyera un solo buque cisterna que cumpliera con la normativa, obtendría de facto un monopolio respaldado por el gobierno sobre el transporte marítimo nacional de propano”. Pero, afirmó que “el hecho de que nadie construya uno, a pesar de ello, demuestra lo retrógrada que es esta regulación”.

Grabow argumentó, por su parte,que el problema está lejos de resolverse por medio de la construcción de algún buque cisterna estadounidense.

“La viabilidad económica de construir y operar un buque de este tipo es desalentadora. Los buques que cumplen con la ley Jones cuestan varias veces más de construir y operar que buques extranjeros comparables. Por lo tanto, cualquier transportista nacional de GLP tendría que recuperar costos de capital y operación considerablemente mayores a través de las tarifas de flete, lo que podría anular gran parte de la ventaja económica de comprar propano continental. Además, ni siquiera está claro que exista suficiente demanda para mantener un buque de este tipo en plena actividad”, dijo Grabow.

En una carta enviada recientemente a The Washington Post, la presidenta de la American Maritime Partnership, Jennifer Carpenter, sostuvo que, en los primeros 100 días de la exención temporal aprobada por Trump, los buques que se acogieron a la dispensa “transportaron tan solo unos 32 millones de barriles de petróleo”.

“Esto representa aproximadamente el 1.5% del consumo de petróleo de Estados Unidos durante ese mismo período. Según un análisis de American Maritime Partnership y Navigistics Consulting, alrededor del 18% de los viajes amparados por la exención fueron realizados por buques vinculados a entidades chinas, mientras que los buques construidos, propiedad y tripulados en Estados Unidos permanecieron disponibles”.

Para Carpenter, lo único que ha demostrado la dispensa “es que, sin la ley Jones, los buques construidos en China, tripulados por marineros mal pagados y que enarbolan banderas de países pequeños para evadir impuestos y regulaciones, pueden socavar, y de hecho socavarán, la inversión y el crecimiento de una industria totalmente estadounidense”.