Washington D.C. - El Tribunal Supremo estadounidense determinó el lunes (6-3) que al expresidente Donald Trump -como en el futuro a otros presidentes- se le debe presumir inmunidad absoluta por sus acciones “oficiales” en la Casa Blanca, en un caso referente al intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

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Sin embargo, según el máximo foro judicial, esa inmunidad absoluta no aplica a actos “no oficiales” y devolvió ese caso en contra del expresidente Trump - ya convicto por otros 34 cargos criminales en Nueva York relacionados a registros comerciales-, al tribunal de distrito.

“El sistema de separación de poderes diseñado por los redactores (de la Constitución) siempre ha exigido un ejecutivo enérgico e independiente. El presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales. Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes de la Oficina Oval, independientemente de su política, política o partido”, indicó el juez presidente John Roberts, en la decisión de la mayoría.

En una de las opiniones disidentes, la jueza asociada puertorriqueña Sonia Sotomayor tronó contra la decisión de la mayoría, por entender que otorgar inmunidad absoluta al presidente de Estados Unidos por ejercer sus poderes constitucionales básicos “convierte en una burla” el principio de que ninguna persona debe estar por encima de la ley.

“Según el razonamiento de la mayoría, cuando (el presidente) utilice sus poderes oficiales de cualquier manera, ahora está protegido de enjuiciamento criminal. ¿Ordenar al equipo 6 de buzos de la Armada que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organizar un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón presidencial? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, criticó la jueza Sotomayor, la primera persona hispana con un curul en el máximo tribunal estadounidense.

Al devolver el caso al Tribunal Federal del distrito de Washington D.C., donde el expresidente Trump es imputado de cuatro cargos criminales por tratar de revertir el resultado de las elecciones presidenciales - incluidas acciones para incitar al acto de insurrección del 6 de enero de 2021 en contra del Congreso-, la decisión del máximo foro judicial estadounidense deja en manos de la jueza Tanya Chutkan examinar la evidencia sobre cuales de esas denuncias están basadas en actos claramente oficiales.

En un mensaje esta noche desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden también criticó con fuerza la decisión. “Esta nación se basa en el principio de que no hay reyes en Estados Unidos, todos somos iguales bajo la ley, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, indicó.

Los cargos contra el expresidente Trump incluyen denuncias de que presionó con afirmaciones falsas de fraude electoral al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al entonces vicepresidente Michael Pence en busca de revertir la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

Pero, también incluyen interactuar con personas fuera del Poder Ejecutivo, entre ellos funcionarios estatales y particulares para desechar votos legales, y promover que turbas de sus seguidores fueran el 6 de enero de 2021 a interrumpir la certificación en el Congreso del conteo de votos del colegio electoral, un suceso que causó al menos cinco muertes directas.

Según la opinión mayoritaria, el expresidente Trump está “absolutamente inmune de ser acusado” por sus discusiones oficiales con el Departamento de Justicia, aunque consideró que eso está menos claro en torno a las conversaciones con el vicepresidente Pence.

Pero, además, la mayoría conservadora del tribunal sostiene que los cargos relacionados al ataque contra el Congreso selecciona ciertos tuits de la ahora red social X y “breves fragmentos del discurso” de Trump de la mañana del 6 de enero de 2021, por lo que “podría ser relevante” conocer que más dijo ese día el expresidente.

No se prevé que el caso pueda decidirse antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

En la decisión mayoritaria, el tribunal sostuvo que el foro judicial de distrito y las partes involucradas en el caso deben asegurar que hay alegaciones suficientes para acusar y advierte que el testimonio y los récords privados del presidente y sus asesores que puedan demostrar la conducta imputada no podrán ser admitidos como evidencia.

Los demás jueces conservadores - Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, y Amy Coney Barrett se unieron a la opinión del juez presidente Roberts, aunque en el caso de Barrett excepto en la parte que prohíbe el uso de récords y testimonios oficiales del presidente para probar el caso. Thomas presentó además su propia opinión.

Coincidiendo con las opiniones de la minoría, Barrett sostuvo que en cuanto a permitir evidencia oficial para probar una imputación en contra de un presidente de Estados Unidos, “las reglas de la evidencia están equipadas para abordar esa preocupación caso por caso”. Thomas, por su parte, hubiese declarado inconstituconal la designación del fiscal especial Jack Smitt que lleva el caso contra Trump.

La jueza Sotomayor presentó una opinión disidente a la que se unieron las juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, quien escribió también su propia opinión.

“(La mayoría del tribunal acaba) de entregarle a Donald Trump las llaves de una dictadura. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detenerlo”, dijo Quentin Fulks, subdirector de la campaña del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Ante los cuatro cargos federales relacionados al intento por revertir el resultado de las elecciones e incitar el ataque al Congreso, el Tribunal Supremo etadounidense había acogido la petición de los abogados de Trump para decidir en qué medida un ex presidente goza de inmunidad presidencial frente a procesos penales por conducta que presuntamente involucra actos oficiales durante su mandato.

“Esta es una gran victoria para nuestra Constitución y la democracia”, indicó el expresidente Trump, en un mensaje en la red social Truth.

“Este caso está escrito como si Estados Unidos nunca hubiese tenido un presidente corrupto”, dijo en CNN el historiador presidencial Tim Natali, al indicar que “abre la puerta a abusos de poder” y a una presidencia “imperial”. Para Natali, olvidan una presidencia tan reciente como la del republicano Richard Nixon, que utilizó el poder de su puesto en contra del partido de oposición.

El pasado viernes, en un caso relacionado a un policía de Pensilvania, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que ese agente no puede ser acusado de obstruir un procedimiento oficial por el mero hecho de haber irrumpido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio junto a las turbas que buscaron impedir la certificación del conteo de votos del colegio electoral estadounidense.

Esa decisión puede beneficiar a más de 300 acusados por el ataque al Congreso, incluido al expresidente Trump, aunque no afectará a la mayoría de los imputados, según el secretario de Justicia, Merrick Garland.

Reacciones del Congreso

Los demócratas del Congreso reaccionaron airados con la decisión del Tribunal Supremo estadounidense sobre el alcance de la inmunidad que tendría el expresidente Trump.

“Esta vergonzosa decisión de la Corte Suprema MAGA, que está compuesta por tres jueces nombrados por el propio Trump, permite al expresidente debilitar nuestra democracia al violar la ley. Esta decisión socava la credibilidad de la Corte Suprema y sugiere que la influencia política triunfa sobre todos en nuestros tribunales”, dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Y el liderato republicano se volcó en elogios para el foro judicial. “Es una victoria para el expresidente Trump y todos los futuros presidentes, y otra derrota para el uso como arma política del Departamento de Justicia bajo el presidente Biden y para (el fiscal) Jack Smith. La Corte afirmó claramente que los presidentes tienen derecho a inmunidad por sus actos oficiales. Esta decisión se basa en el poder y la posición obviamente únicos de la presidencia y es compatible con la Constitución y el sentido común”, afirmó, por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana).