Washington D.C. - Sin poder eliminarlo por decreto, el presidente Donald Trump buscará primero reducir y/o transferir programas del Departamento de Educación federal, con implicaciones significativas para Puerto Rico, que este año fiscal cuenta con $2,433 millones en fondos federales para su sistema educativo.

Trump incluyó, en su agenda de campaña, la eliminación del Departamento de Educación federal. Para ello, va a requerir el visto bueno del Senado –donde se necesitarían, al menos, siete votos demócratas, que seguramente no va a encontrar– y de la Cámara de Representantes.

A corto plazo, la meta es reducir sus gastos y su personal. Para ello, el multimillonario Elon Musk – ahora un empleado federal temporero, según la Casa Blanca– tiene a unas 20 personas dentro del Departamento de Educación examinando los programas y los empleados que pueden despedir, según The Washington Post.

La orden ejecutiva que Trump emita reclamaría la eliminación del Departamento de Educación federal. “Pienso que puedo trabajar con el Congreso”, dijo este martes el presidente.

“Hay que tomar esto con mucha seriedad”, expresó, en reacción, el exsecretario del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) César Rey, al acentuar que, en un sistema público que depende en alrededor de 45.8% de fondos federales, “puede haber una decapitación de los proyectos más sensibles”.

Cuánto de esos cambios y recortes se puede hacer por decreto o legislación, todavía es incierto.

Pero, en espera de los recortes que el Congreso pueda aprobar, la presencia del equipo de Musk –quien donó $288 millones a la campaña de Trump y recibe miles de millones de dólares en contratos– en el Departamento de Educación de Estados Unidos es la primera señal de que el gobierno de Puerto Rico debe comenzar a prepararse para atenuar la agenda presidencial.

“Musk maneja el gobierno como si fuera una empresa”, subrayó Rey, quien fue secretario de Educación durante la administración de la gobernadora Sila María Calderón.

El DEPR –que responde a un síndico federal en cuanto al uso de los fondos que asigna el Departamento de Educación de Estados Unidos– ha estado marcado, además, por la política partidista y la corrupción, sostuvo Rey, al aludir a los esfuerzos del exsecretario de Educación federal, el puertorriqueño Miguel Cardona, por tratar de descentralizar esa agencia.

La semana pasada, Trump suscribió una orden ejecutiva que persigue restringir el acceso a fondos federales a sistemas educativos que no cumplan con su visión sobre cómo enseñar “patriotismo” y eduquen sobre la identidad de género y el racismo.

Entonces, el secretario del DEPR, Eliezer Ramos Parés, sostuvo que el sistema educativo de Puerto Rico seguirá defendiendo en su currículo la “equidad e igualdad”.

Un memorando de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, en inglés) que buscó congelar las subvenciones y préstamos federales –que fue cancelado dos días después de emitido– fue seguido por unas instrucciones para revisar los desembolsos de programas como Título 1 y almuerzos escolares.

El exsecretario Rey teme que programas de Educación Especial y de almuerzos escolares estén entre los más vulnerables de cara a un recorte en fondos.

Durante la campaña, Trump mantuvo que toda la supervisión de la educación debe estar en manos de los gobiernos estatales.

Propuso a la exadministradora de Pequeños Negocios Linda McMahon –quien fue empresaria de lucha libre– como secretaria de Educación.

“Quiero que Linda haga un gran trabajo y se ponga fuera del trabajo... Gastamos más por estudiante que cualquier otro país, pero estamos en el fondo (del aprovechamiento académico)”, indicó Trump este martes, al responder preguntas de periodistas en el Despacho Oval durante otra ronda de firma de órdenes ejecutivas.

El plan de Trump también apoyó eliminar la permanencia de los maestros, busca que se lea la Biblia en las escuelas y persigue quitarles fondos federales a sistemas educativos que promuevan la perspectiva de género.

Por su parte, el Proyecto 2025 de la muy conservadora Fundación Heritage –que ha querido servir de guía a la segunda administración Trump– ha recomendado reducir la inversión en el programa Título 1 que ayuda a financiar las escuelas con estudiantes de bajos recursos económicos, eliminar los programas Head Start, convertir el programa de Educación Especial en una subvención y privatizar el programa de préstamos estudiantiles.

Más del 90% de las escuelas de Puerto Rico reciben fondos del programa Título 1.

En agosto pasado, la puertorriqueña Evelyn de Jesús, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, en inglés), advirtió que dejar de invertir en el programa Título 1 puede representar la eliminación de cerca de 180,000 plazas de maestros e impactar de forma negativa a 2.8 millones de estudiantes en Estados Unidos y sus territorios.