Washington D.C. - Una coalición de organizaciones educativas y de defensa de derechos civiles ha presentado una demanda en contra del presidente Donald Trump, por entender que viola la ley al desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos.

“Nada es más importante que el éxito de los estudiantes. Los educadores y padres de Estados Unidos no se quedarán callados mientras Donald Trump, Elon Musk y Linda McMahon intentan robarles oportunidades a nuestros estudiantes, familias y comunidades para financiar recortes de impuestos a multimillonarios”, declaró la presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA, en inglés), Becky Pringle.

Junto a la NEA, se han unido a la demanda la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, en inglés) y el Consejo 3 de Maryland de la Federación Americana de Empleados de Gobiernos Estatales, Condados y Municipios (AFSCME, en inglés). El Centro de Defensa Estudiantil y Derecho Educativo (ELC, en inglés), por su parte, anunció su respaldo a la demanda.

El presidente Trump firmó el jueves la orden ejecutiva que afirma su intención de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Un día después, anunció que el programa de préstamos estudiantiles pasará a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), y que los programas de educación especial y comedores escolares quedarán en manos del Departamento de Salud.

McMahon, la secretaria de Educación federal, anunció que, por medio de renuncias y despidos –que en total superan los 1,900–, ha reducido en casi la mitad el personal de su agencia, la cual Trump –si el Congreso estuviera de acuerdo, lo que es improbable– quiere cerrar en su totalidad.

La demanda sostiene, entre otras cosas, que tanto transferir programas educativos creados por ley, como tratar de eliminar el Departamento de Educación federal –que asigna cerca de $2,430 millones al Departamento de Educación de Puerto Rico– con acciones ejecutivas, requiere aprobación del Congreso estadounidense.

Además, argumenta, entre otras cosas, que los esfuerzos dirigidos a desmantelar y cerrar el Departamento de Educación ponen en riesgo a millones de estudiantes vulnerables, incluidas familias de bajos ingresos, las plazas de 400,000 empleos docentes e impide que los fondos asignados por el Congreso se gasten de acuerdo a la ley.

“Como madre de un niño con discapacidad que cuenta con un Programa Educativo Individualizado (PEI), estoy profundamente preocupada por los drásticos recortes que la administración Trump ha aplicado al Departamento de Educación. La financiación para la educación especial y la supervisión del Departamento han sido cruciales para garantizar que mi hijo reciba la educación de calidad que él y todos los niños de este país merecen”, señaló Mara Greengrass, una madre del estado de Maryland que es una de las demandantes del caso judicial.

Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de NAACP, afirmó que “educación es poder” y que, “al despedir a la mitad de la fuerza laboral del Departamento de Educación, Trump no solo busca desmantelar una agencia, sino que está destruyendo deliberadamente el camino que muchos estadounidenses tienen hacia una vida mejor”.