Washington, D. C. - El Congreso vuelve a sesionar el lunes, por tres semanas, con la tarea urgente de extender el presupuesto federal y probablemente la ley agrícola, en la que se ha tratado de incluir, sin éxito hasta el momento, lenguaje que autorice un proceso de transición por el cual Puerto Rico acceda al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

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La propuesta que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes buscará aprobar tan pronto como el miércoles extendería el presupuesto –que expira el 1 de octubre– hasta el 28 de marzo de 2025, confiando en una victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

La resolución cameral asigna $10,000 millones adicionales para rellenar el Fondo de Ayuda en Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que ha estado a punto de agotarse y provocó un freno en las asignaciones no relacionadas a nuevas emergencias, e incluye lenguaje que establecería como requisito federal que el elector, al momento de ejercer su voto, presente prueba de que es ciudadano estadounidense.

La Casa Blanca y los demócratas del Congreso ya han objetado la legislación, por entender que darle continuidad al presupuesto vigente hasta marzo de 2025 implicará limitar las asignaciones de Defensa y para veteranos, que la asignación a FEMA es insuficiente y que exigir prueba de ciudadanía puede desincentivar la participación de personas que no tienen a la mano el documento necesario.

El líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schummer (Nueva York), y la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, han exhortado a la mayoría republicana cameral, encabezada por el speaker Mike Johnson, a negociar un acuerdo bipartidista que evite un cierre parcial del gobierno federal al concluir este mes.

Se prevé que los demócratas propongan extender el presupuesto hasta diciembre.

El Ejecutivo de Puerto Rico todavía aspira que haya un acuerdo bipartidista y bicameral este año sobre la ley agrícola que permita el acceso de la isla al SNAP, una propuesta que quedó fuera de la legislación aprobada en mayo pasado por el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.

Entonces, la medida cameral impulsada por el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara baja, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania) – que persigue reautorizar la ley agrícola, que expiraría como el presupuesto al terminar este mes–, se limitó a recomendar un aumento de cerca de $50 millones en los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para Puerto Rico.

En declaraciones a El Nuevo Día, el congresista Thompson ha advertido que el gobierno de Puerto Rico no está listo para implementar el SNAP, sobre todo en lo referente a los requisitos de trabajo.

En el Senado, aunque no hay legislación presentada para reautorizar la ley agrícola, la presidenta del Comité de Agricultura, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan), ha incluido entre sus propuestas la integración de Puerto Rico al SNAP.

Puerto Rico recibe cerca de $2,900 millones anuales, como subvención, por medio del PAN. Bajo el SNAP, la asistencia alimentaria a Puerto Rico pudiera aumentar a $4,500 millones anuales, de acuerdo un estudio encomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que determinó, además, que el proceso de transición pudiera tomar toda una década.

“En el Senado el liderato demócrata ha sido claro en que está comprometido con incluir a Puerto Rico en el SNAP”, indicó el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA), Luis Dávila Pernas, al expresar esperanzas de que la iniciativa forme parte de cualquier transacción sobre la ley agrícola.

En un Senado dividido 51 a 49 en el que se necesitarán 60 votos para avanzar la legislación, el líder de la minoría republicana en el Comité de Agricultura, John Boozman (Arkansas), tampoco ha favorecido la inclusión de Puerto Rico en el SNAP.

En entrevista con este medio, Dávila Pernas sostuvo que la semana del 16 de septiembre la administración del gobernador Pedro Pierluisi formará parte de un nuevo esfuerzo de cabildeo, junto a la Coalición de Seguridad Alimentaria y funcionarios electos boricuas, en favor de que se autorice un plan de transición de Puerto Rico al SNAP.

Al reanudarse los trabajos del Congreso, a su vez, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja llevará a cabo el 26 de septiembre una vista pública para examinar el estado de la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Sería la primera audiencia de esa comisión, bajo mayoría republicana en esta sesión, dedicada a Puerto Rico.

“Es una vista importante”, dijo Dávila Pernas.

Mientras, el representante del gobernador en Washington D.C. señaló que el subcomité de Tierras Públicas, Bosques y Minería del Senado de Estados Unidos prevé dejar para noviembre, después del plebiscito criollo en Puerto Rico, la audiencia en la que examinaría los dos proyectos sobre el status político de la isla radicados en la cámara alta estadounidense.

“Muy probablemente se va a celebrar en noviembre… Da una oportunidad de oro al Comité de evaluar los resultados, y poner en marcha los próximos pasos en cuanto a este tema”, afirmó Dávila Pernas.

Con respecto a los fondos de FEMA, la líder de la minoría en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, la demócrata Rosa DeLauro (Connecticut), afirmó que aunque la resolución republicana asigna $10,000 millones adicionales para el Fondo de Ayuda para Desastres, debería recomendar un total de $24,000 millones.

“La resolución republicana de la Cámara de Representantes sólo proporciona $10,000 millones en nuevos fondos de emergencia, pero el requisito total de financiación suplementaria supera los $24,000 millones. Un desastre importante podría obligar a FEMA a volver a implementar una pausa en la financiación de proyectos de asistencia pública porque FEMA debe asegurarse de que tiene fondos suficientes para actividades de salvamento y mantenimiento de vidas hasta septiembre de 2025″, indicó DeLauro.