El deporte escolar, y en específico los estudiantes atletas de 27 instituciones académicas que pertenecen a la Puerto Rico High School Athletic Alliance (PRHSAA), están en jaque desde hace semanas, tras la decisión del organismo de paralizar toda actividad en la postemporada en respuesta a una decisión judicial adversa.

La movida está afectando a jugadores y atletas de varias disciplinas que debían estar en la etapa más crucial del año en términos deportivos, en específico jóvenes de duodécimo grado que esperaban exponerse en estas instancias con miras a obtener becas de instituciones universitarias.

La PRHSAA, de hecho, actuó en contra de una orden de la jueza superior María Elena Pérez Ortiz, del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, ante cuya consideración llegó una demanda de los padres de cuatro estudiantes del Colegio San Ignacio contra la liga, por un castigo que consideraron excesivo.

Mediante el recurso legal, los demandantes buscaban que se diera marcha atrás a la decisión de la PRHSAA de sancionar a todo el programa atlético de la institución, luego de que se denunciara y probara contra San Ignacio un caso de inelegibilidad de un atleta que participó en los deportes de voleibol y de baloncesto durante el año escolar 2023-2024, por no cumplir con el requisito de edad.

Por ese incidente al Colegio San Ignacio (CSI) se le confiscaron los juegos en que participó el niño de octavo grado, durante el torneo de voleibol celebrado en el semestre de agosto a diciembre de 2023. No fue hasta febrero de 2024, cuando se celebraba el torneo de baloncesto, en el que el niño también comenzó participando, que trascendió que fue inscrito incorrectamente, ya que no cumplía con el requisito de edad.

El Colegio San Ignacio tuvo que pagar multas impuestas por la PRHASS y devolver el trofeo del subcampeonato del torneo de voleibol, pero además, la liga le impuso una probatoria a todo el programa deportivo del Colegio, lo que evitó que todos los demás participantes de San Ignacio en las distintas disciplinas, pudieran competir.

Por esta razón, las familias de cuatro estudiantes afectados procedieron legalmente con la PRHASS, y la jueza Pérez Ortiz terminaría dándoles la razón con fecha del 9 de octubre, con una sentencia declaratoria.

“Considerado el daño irreparable al que se expone la parte demandante ante la probatoria impuesta (sanción) por la PRHSAA al Programa Atlético del Colegio San Ignacio de Loyola y a sus estudiantes atletas, se declara HA LUGAR la demanda. En consecuencia, se expide un interdicto permanente mediante el cual se le ordena a la parte demandada que cese y desista de su intención de poner en vigor la sanción de probatoria a todo el Programa Atlético del CSI y de prohibir su participación en los torneos de postemporada de la Liga y la obtención de premios y reconocimientos por parte de los estudiantes atletas”, lee parte de la sentencia de la jueza superior.

“Por tanto, se le ordena a la PRHSAA que permita a todos los equipos del Colegio San Ignacio de Loyola participar: (a) de los juegos de postemporada de conformidad con la cualificación adquirida por estos; (b) del campeonato del torneo si clasifican para el mismo; y (c) de las premiaciones según aplique. Este tribunal resuelve que se deje inmediatamente sin efecto la sanción drástica, desproporcionada y excesiva impuesta por la parte demandada al Programa Deportivo del CSI y a sus estudiantes atletas. Se revoca la probatoria impuesta y se dispone que todos los equipos deportivos del CSI podrán participar en el torneo de postemporada de la Liga del PRHSAA. Los estudiantes atletas podrán competir para recibir los premios y reconocimientos que correspondan a sus talentos y esfuerzos deportivos”, concluye la sentencia Pérez Ortiz.

En respuesta, la PRHASS decidió paralizar toda actividad en medio de su postemporada, ya no solo afectando a San Ignacio, sino a las otras 26 escuelas y colegios que forman parte de la liga.

El Nuevo Día contactó el martes al presidente de la PRHASS, John Román, con la intención de que ofreciera su versión de los hechos e indicara si el organismo ya sometió su apelación en los tribunales, y este dejó saber que emitiría declaraciones a este medio luego de concluir una reunión en la que se encontraba al momento de la llamada. Posteriormente varias llamadas y un mensaje de texto nunca fueron contestados por Román.

Este medio también se comunicó con otro de los seis miembros del comité ejecutivo de la PRHSAA, José Estrada, quien, de paso, es director atlético de Robinson School, pero este aseguró que la persona indicada para hablar era Román. Dijo desconocer si ya la PRHASS radicó su apelación al fallo de la jueza superior.

El comité ejecutivo de la PRHASS fue el que votó para paralizar los torneos de las distintas disciplinas en la etapa de postemporada.

La PRHSAA sí emitió una misiva a la semana siguiente de la sentencia declaratoria de la jueza, en la que le dejó saber a todos los miembros del consejo general de la liga la decisión tomada por el comité ejecutivo en una reunión del 11 de octubre. En primer lugar, el comité ejecutivo de la PRHASS aprobó radicar un recurso en el Tribunal de Apelaciones. En tanto, los siguientes dos puntos aprobados en esa reunión, parecen contradictorios:

“En el entretanto (sic), y para dar cumplimiento a la sentencia, se deja sin efecto de inmediato la sanción de probatoria impuesta al Colegio San Ignacio de Loyola, pendiente al resultado de la apelación que será radicada de acuerdo con los términos que dispone el Tribunal de Apelaciones”, lee la misiva firmada por Román.

Sin embargo, esa determinación resulta académica ya que además, el comité ejecutivo decidió detener toda actividad deportiva en la liga, por lo que no tiene ningún efecto de que el Coliseo San Ignacio continúe o no suspendido.

“Para poder preservar los derechos de todas las instituciones miembros de la PRHSAA que se ven afectados, se decreta una posposición de todos los torneos de campeonatos de postemporada de la PRHSAA. Según se desarrolle el trámite apelativo se reprogramarán todas las postemporadas del año en curso”, indica el documento.

El Nuevo Día consultó un experto en derecho deportivo -que prefirió hablar bajo condición de anonimato para mantenerse alejado de la controversia- y este aseguró que aunque técnicamente la movida de paralizar todo el torneo no se constituye como un desacato, pues se utiliza como recurso en lo que el comité ejecutivo acude al Tribunal de Apelaciones, sí se percibe como un acto de mala fe por parte de la PRHASS.

En ese sentido le dio la razón a la jueza por su sentencia declaratoria, pues dijo que está velando por el bienestar del estudiantado y de preservar los principios en pro de una educación integral, que en este caso incluye el elemento deportivo.

Uno de los que sí ha sido vocal en todo el conflicto es el otrora baloncelista Carlos Castelló, padre de un estudiante atleta de San Ignacio.

A través de la redes sociales ha compartido documentos relacionados al caso, incluyendo copia de la demanda que se declaró ha lugar en favor del colegio por la jueza superior Pérez Ortiz, y de la carta enviada por el comité ejecutivo de la PRHSAA dos días después de la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Castelló accedió a conversar con este medio y denunció que durante el proceso, ha comenzado a recibir mensajes acusándolo de comunicar falsedades. Se expresó incrédulo de que uno de ellos es de una persona que él asegura está utilizando una identidad falsa en redes sociales.

Castelló, un estratega de negocios que estuvo ligado un tiempo a la carrera del otrora campeón mundial boricua Miguel Cotto, dijo que ha estado involucrado en todo el proceso, incluso en el tribunal cuando se atendió en la sala de la jueza Pérez Ortiz la demanda del Colegio San Ignacio contra la PRHSAA.

“El hecho de que escriba desde el anonimato, y que tenga acceso a todos los correos electrónicos componentes de la PRHSAA, explica mucho”, denunció Castelló.

“Como dije en mi corta respuesta ayer al mediodía, yo estuve en todo. Tanto en la vista como en el juicio, de campana a campana, donde se presentó toda la prueba estipulada por ambas partes, y sin controversia. Antes de la vista, la jueza llamó al estrado a los abogados de ambas partes, y en lugar de hablar sigilosamente entre ellos, como es la costumbre, alzó la voz mientras miraba al Sr. Román, para invitar a las partes al diálogo; a que buscaran un balance porque había menores involucrados y precedentes del Tribunal Supremo; e incluso formuló alternativas como el hacer aportaciones que promovieran el arreglo de las incongruencias en los “Bylaws” de la PRHSAA”, expresó Castelló haciendo alusión a los estatutos de la liga, uno de los mismos puntos que la jueza reconoce en el documento de su sentencia por las discrepancias.

El lenguaje de la sentencia por parte de la jueza es tajante, al punto de que en una de sus partes expresa: “Finalmente, concluimos que las acciones de la PRHSAA menoscaban los derechos de los estudiantes atletas y denotan un manejo arbitrario, caprichoso e irrazonable a la hora de interpretar e implementar sus By-Laws”.

Castelló, por su lado, expuso que como parte del proceso el Colegio San Ignacio propuso que la suspensión contra el colegio para efectos de la competencia en la postemporada se limitara solo para los programas y categorías involucradas en la controversia, es decir, voleibol y baloncesto juvenil.

“Desafortunadamente, los representantes de la PRHSAA no solo se negaron a aceptar estas iniciativas que además de haber puesto fin la controversia, los dotaba con herramientas permanentes que evitaran que otros estudiantes atletas de todas las instituciones, paguen por errores administrativos de adultos, sino que también comunicaron la falsedad de que San Ignacio quería pagar para que nos levantaran la sanción”, señaló Castelló.

En la sentencia, además, la jueza Pérez Ortiz responsabiliza por “errores administrativos” a “funcionarios adultos del CSI y de la PRHSAA”, y añade: “Por virtud de tal error no imputable a ningún estudiante atleta, la PRHSAA sancionó el programa atlético completo del colegio. Entendiéndose que mientras todos los equipos en las disciplinas de voleibol, baloncesto, soccer y baseball (en las distintas categorías) del Colegio San Ignacio de Loyola fueron colocados en probatoria, lo que implica que los estudiantes atletas no podrían participar en la postemporada de la Liga ni aspirar a premios o reconocimientos por su desempeño deportivo, la negligencia del Comisionado de la PRHSAA al permitir que un jugador inelegible participara de los torneos de la Liga solamente le mereció una amonestación verbal la cual no tuvo mayores consecuencias”.

El experto en derecho deportivo consultado por este medio entiende que la paralización de la actividad deportiva, extensiva a toda la liga y a todas las escuelas de la PRHASS, podría redundar en más acciones legales por parte de padres de estudiantes atletas contra dicho organismo, al ser afectados por una controversia que no los ligaba a ellos directamente con el caso del Colegio San Ignacio.

Castelló, por su lado, dijo escuchar que familias de atletas de campo traviesa al parecer estarían dispuestos a tomar acción legal contra la PRHASS, ya que sus hijos fueron directamente afectados toda vez que el pasado fin de semana debían tener una competencia que perdieron, afectando esto a su vez sus respectivos programas de entrenamiento.

El ambiente, a todas luces se ha tornado tenso, pues El Nuevo Día hizo gestiones para contactar a personal deportivo de algunos de los otros colegios adscritos a la PRHASS, para conocer si -como se está ventilando en las redes sociales- hay algunos que están reclamándole que se convoque a una reunión general para tratar el asunto de la paralización de los torneos.

Pedro González, director atlético de Baldwin, dijo que no está autorizado a ofrecer declaraciones por lo sensitivo de la situación, y se limitó a decir que su institución está buscando la manera de que se pueda llegar a un acuerdo en toda la controversia.

En tanto, al contactar al decano y dirigente del equipo de baloncesto del Colegio San Ignacio, Humberto Ramírez, este se expresó de igual forma e indicó a este medio que la única persona autorizada a emitir declaraciones es el presidente de la institución, el Padre Timothy Howe. Una llamada a San Ignacio no tuvo resultado inmediato pero se indicó que el director de comunicaciones del colegio estaría devolviendo la llamada.