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7 puntos clave de la demanda millonaria de Daddy Yankee contra su exesposa Mireddys González

El artista alega violaciones a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños económicos que superan los $250 millones

5 de marzo de 2025 - 5:44 PM

Daddy Yankee demandó a su expareja Mireddys González. (Ramon "Tonito" Zayas)

El artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee, presentó ayer una demanda contra su exesposa, Mireddys González Castellanos, y su excuñada, Ayeicha González Castellanos, en las que alega una serie de irregularidades financieras y administrativas mientras dirigían sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, acusa a las hermanas de haber manejado de manera negligente los fondos de las corporaciones, obstruir el acceso a información importante y tomar decisiones sin su consentimiento que redundaron en daños que superan los $250 millones.

Aquí te dejamos siete puntos importantes sobre las alegaciones contenidas en el documento de 23 páginas:

  1. Retiro de $100 millones de las cuentas de sus empresas. Según la demanda, el 12 de diciembre de 2024, las demandadas retiraron $20 millones de la cuenta de Los Cangris y $80 millones de la cuenta de El Cartel, a pesar de haber sido advertidas de que no podían realizar gestiones a nombre de las corporaciones sin la autorización de Daddy Yankee. El documento señala que estos retiros fueron disfrazados como un pago de dividendos, pero en realidad comprometieron la estabilidad financiera de las empresas al dejarlas sin capital suficiente para operar. Además, la demanda expone que Mireddys González Castellanos intentó extraer estos fondos pensando exclusivamente en su beneficio personal y sin considerar que los activos corporativos formaban parte del proceso de liquidación de la sociedad de gananciales en su divorcio.
  2. Falta de cooperación en entrega de información financiera y administrativa. Durante más de 18 meses, Daddy Yankee intentó obtener información sobre la operación de sus empresas, incluyendo contratos vigentes, informes de regalías y estados financieros, pero las demandadas se negaron a proporcionársela, según sus alegaciones. En diciembre de 2024, el artista solicitó formalmente acceso a los documentos, así como la suspensión de cualquier decisión financiera que no contara con su aprobación. Sin embargo, Mireddys González Castellanos respondió que Daddy Yankee “no tenía propósito legítimo para solicitar información financiera de las corporaciones”, pero él era el dueño titular de las acciones y el generador principal de ingresos de las empresas.
  3. Destrucción y omisión de evidencia. La demanda acusa a las hermanas de haber eliminado archivos electrónicos y documentos físicos críticos para la operación de las empresas. En diciembre de 2024, justo antes de ceder el control de las corporaciones, presuntamente migraron información confidencial a otros dispositivos y eliminaron correos electrónicos y carpetas enteras que contenían detalles sobre transacciones financieras y contratos. Además, durante la transición administrativa, se hallaron documentos clave en la basura y correspondencia sin abrir de años anteriores.
  4. El rol de Raphy Pina en la venta del catálogo musical de Daddy Yankee. La demanda señala que la venta del catálogo musical de Daddy Yankee se manejó sin transparencia. Según el documento, Mireddys González Castellanos otorgó a Pina un control absoluto sobre la transacción, permitiéndole representarlo sin consultar con el artista ni garantizar que la negociación se realizara con asesoramiento legal independiente. Además, se alega que las demandadas no proporcionaron información sobre los términos de la venta, los pagos recibidos ni los anejos del contrato. También se destaca que Pina, quien en ese momento cumplía una sentencia en una prisión federal, delegó la gestión de la transacción en su abogado, el licenciado Juan Maldonado, quien también enfrentaba problemas legales y había sido desaforado.
  5. Manejo irregular de la gira “Última Vuelta”. La demanda también acusa a Mireddys y Ayeicha González Castellanos de no proporcionar información detallada sobre la gira de despedida de Daddy Yankee, “Última Vuelta”, la cual supuestamente generó ingresos multimillonarios. Se alega que la administración de la gira quedó en manos de Pina y su empresa, World Music Entertainment, a pesar de que Pina estaba cumpliendo su condena en prisión durante ese periodo. Las demandadas habrían permitido que Pina cobrara una comisión del 30% de los ingresos de la gira, sin documentación que justificara la necesidad de este pago. Además, Pina y su equipo supuestamente se autorizaron a sí mismos un pago de $27 millones por “gastos incurridos”, sin auditoría ni verificación contable que respalde la cifra.
  6. Fallas en la gestión fiscal y contable. La demanda expone que las demandadas dejaron a las empresas en una situación de riesgo fiscal y financiero debido a su negligencia administrativa. Se identificaron pagos realizados a terceros sin documentación que lo respaldaran, ausencia de registros contables adecuados y la falta de depósitos de cheques de regalías, algunos de los cuales se remontan al año 2008. Además, se descubrió que no se habían presentado declaraciones contributivas de manera adecuada.
  7. Daños a la imagen de Daddy Yankee. Además del perjuicio económico, la demanda alega que la mala administración a las corporaciones afectó la carrera del artista, resultando en la pérdida de oportunidades de negocio y daños a su reputación. Se menciona que se ignoraron solicitudes de presentaciones y eventos en el extranjero sin informarle al artista, lo que conllevó la pérdida de ingresos. Además, se acusa a expareja y excuñada del cantante de llevar a cabo una campaña difamatoria en su contra, lo que habría causado un “desgaste emocional severo”.
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Lo que dijo la estrella boricua en medio de su pleito legal contra su esposa Mireddys González por el control de sus corporaciones.

La demanda presentada por Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, busca una compensación de al menos $250 millones más los costos de honorarios.

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