El congresista Troy E. Nehls envió una carta al recién designado presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el exjuez Arthur González, en la que le cuestiona la postura del organismo en contra de la Ley 99-2024, estatuto que busca que el gobierno puertorriqueño pague a las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico por las pérdidas que sufrieron luego del impago de la deuda pública del territorio estadounidense.

Nehls es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde el 2021, representando al Distrito 22 del estado de Texas.

“Como persona comprometida con la transparencia, estoy tratando de entender la postura de la JSF en contra de la Ley 99-2024, la ley aprobada por el gobierno de Puerto Rico destinada a mitigar los menoscabos de capital dejados por la quiebra del gobierno bajo (la Ley) Promesa. Me gustaría conocer el contexto y el razonamiento de por qué la JSF cree que esta ley entra en conflicto con Promesa y el presupuesto certificado”, reza la carta del congresista republicano con fecha del pasado 1 de octubre.

A grandes rasgos, la Ley 99 de 2024 ordena al gobierno de Puerto Rico restituir las pérdidas en que incurrieron las cooperativas de ahorro y crédito de la isla una vez compraron sobre $1,300 millones en bonos de diversas dependencias públicas como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que posteriormente, no fueron honrados.

Entre sus líneas -inclinadas al respaldo de la Ley 99-, el congresista cuestionó cómo la JSF salvaguardaría a las cooperativas de ahorro y crédito si se deroga el estatuto. Asimismo, solicitó a los miembros de la JSF que expliquen sus fundamentos para indicar que la medida va en contra del Plan Fiscal y del presupuesto certificado del gobierno central.

En agosto pasado, la JSF ordenó al gobierno que enmiende o derogue la Ley para la Reforma Fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito por no estar acorde con lo que establece la Ley Promesa, por su impacto a las finanzas públicas, entre otras cosas.

La JSF expuso que el plan de mitigación que promueven las cooperativas tendría un potencial impacto fiscal de entre $300 millones y más de $535 millones al erario, lo que provocaría un déficit en el presupuesto.

El organismo a cargo de las finanzas del país advirtió que, de lo contrario, no descarta tomar las medidas pertinentes para impedir la aplicación y el cumplimiento del estatuto.

En tanto, Nehls indicó: “Después de avanzar en la restructuración de la deuda, esperamos que las políticas de la Junta se centren en estimular el desarrollo económico. ¿Cómo prevé (la JSF) mantener el papel clave que le ha reconocido a las cooperativas en la prestación de servicios financieros asequibles y la inclusión financiera a un tercio de la población de Puerto Rico si la Ley 99 fuera dejada de lado?”.

El congresista dio un plazo hasta el próximo 8 de noviembre para que el presidente de la JSF emita una respuesta.

Nehls envió copia de su misiva a cinco comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, entre ellos: el Comité de Recursos Naturales, los comités de Servicios Financieros y de Pequeñas Empresas, así como al Comité de lo Jurídico y el Comité de Medios y Arbitrios.

El Nuevo Día solicitó una reacción de parte de la JSF, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En junio pasado, el gobernador Pedro Pierluisi vetó el Proyecto del Senado 644, pero la Asamblea Legislativa se fue por encima del ejecutivo y aprobó la medida durante el cierre de la sesión, lo que dio pie a la Ley 99-2024.

Otro de los puntos neurálgicos de la Ley 99 es que esta condicionó las reformas requeridas por la JSF para fortalecer las operaciones del sector financiero cooperativo -que incluyen modificar la gobernanza de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), como establece su plan fiscal- a que el gobierno pague las pérdidas en los bonos gubernamentales.

Por su parte, la presidenta de la Liga de Cooperativas, Carmen Rosado, entiende que la carta del congresista Nehls hace eco de las preocupaciones que el sector ya ha presentado a la JSF.

“Se demuestra también que las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico y los Credit Unions (uniones de crédito) de Estados Unidos compartimos roles similares en la atención de necesidades financieras de nuestros socios, roles que el Congreso tiene muy presente. Esperamos que los miembros de la JSF lleguen a ese mismo entendimiento. Es por eso por lo que seguimos invitándolos a la mesa de diálogo”, indicó Rosado.

A su vez, Heriberto Martínez, director ejecutivo de La Liga de Cooperativas destacó que las uniones de crédito han defendido, históricamente, al sector cooperativo en el Congreso.

“Las interrogantes que expresa el congresista Troy Nehls en su carta a la Junta (Fiscal) son evidencia de ese reconocimiento, junto con el crecimiento de las comunidades puertorriqueñas en estados como Texas” aseguró Martínez.