La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mantuvo su postura sobre la Ley 99-2024 que pretende que el gobierno puertorriqueño pague a las cooperativas de ahorro y crédito por las pérdidas que sufrieron tras el colapso de los bonos de Puerto Rico.

El organismo que contra las finanzas públicas del territorio estadounidense reiteró su posición en una misiva al congresista Troy E. Nehls, representante del Distrito 22 del estado de Texas, quien recientemente le pidió cuentas al organismo federal por oponerse a la legislación.

En octubre pasado, Nehls pidió a la JSF que explicara sus razones para solicitar la derogación de la ley y cuestionó cómo el ente fiscal salvaguardaría a las cooperativas de ahorro y crédito si se elimina el estatuto.

Así las cosas y dentro del plazo establecido por el congresista, la JSF no solo reiteró su postura, sino que contestó cada pregunta del congresista, subrayando que la Ley 99-2024 viola la ley federal Promesa, el Plan de Ajuste del gobierno y el Plan Fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), catalogando el pago como una “compensación preferencial”.

“El Plan Fiscal de Cossec exige la implementación de ciertos cambios en la estructura de gobierno de Cossec y requiere que las cooperativas transiten de los Principios de Contabilidad Regulatoria (RAP, en inglés) a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, en inglés) para el 1 de enero de 2028. La Ley 99 condiciona la implementación de dichas reformas a la culminación de la mitigación”, lee la carta.

Aunque la comunicación del congresista fue dirigida al designado presidente de la JSF, el exjuez Arthur González, la respuesta estuvo firmada por el director ejecutivo del ente federal, Robert Mujica.

Asimismo, Mujica indicó a Nehls que el estatuto tendría un impacto fiscal de entre $300 millones y $535 millones. Anteriormente, la JSF había advertido que el pago de las pérdidas asociadas a los bonos de Puerto Rico provocaría que el gobierno vuelva a caer en déficit.

El pasado 5 de junio, el gobernador Pedro Pierluisi vetó el entonces Proyecto del Senado 644, pero 20 días después la Asamblea Legislativa anuló el veto del primer ejecutivo y la convirtió en la Ley para la Reforma Fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que obligaría el pago millonario a las cooperativas que sufrieron pérdidas tras el impago de la deuda pública.

“En pocas palabras, la Ley 99 contraviene directamente la Orden de Confirmación, una orden vinculante de un tribunal federal; los Planes Fiscales; y Promesa, y fue promulgada tras el veto del gobernador y en claro desprecio de los múltiples esfuerzos de buena fe de la Junta de Supervisión para persuadir en su contra”, establece la carta.

Desde junio de 2022, la JSF expresó sus preocupaciones sobre la medida en varias cartas dirigidas al gobernador y a la Legislatura.

Ante la pregunta del congresista de cómo la JSF velerá por la seguridad financiera del sector cooperativo, Mujica indicó que el Plan Fiscal del regulador establece tres ejes principales de reforma, comenzando por la implementación de cambios en la gobernanza de Cossec, seguido de un incremento en la transparencia en la contabilidad (de RAP a GAAP) y la mejora de las intervenciones de supervisión para abordar cooperativas insolventes y con baja capitalización.

“La Junta de Supervisión entiende que la implementación de las reformas establecidas en el Plan Fiscal de Cossec ayudará a Cossec a mantenerse en el camino correcto hacia un sistema cooperativo fuerte y resiliente”, comunicó Mujica.

Según los informes más recientes de Cossec, los activos de las cooperativas han aumentado de $9,800 millones a $12,000 millones, en cuatro años, y la mayoría de los deterioros no operacionales asociados con el incumplimiento de los bonos del gobierno, fueron amortizados con la Ley 220-2015, que enmendó la “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”.

De acuerdo con el regulador, el saldo por las pérdidas de bonos de Puerto Rico no amortizadas al 2024 es de $84 millones. Mientras, unas 69 cooperativas locales en Puerto Rico han recibido más de $226 millones en fondos federales de Inclusiv, expuso la JSF.

Por su parte, el sector cooperativo continúa su lucha a favor de la Ley 99 para recuperar las pérdidas que tuvieron tras invertir en instrumentos de deuda del gobierno central y del entonces Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Las cooperativas alegan que, influenciadas por el propio Cossec y la administración del entonces gobernador Luis Fortuño, invirtieron en la deuda pública, cuyo colapso para el año 2013, resultó en cerca de $641 millones en pérdidas en las reservas de capital del sector. Varias cooperativas llevaron tales argumentos al foro judicial en el contexto de los casos de Título III de Puerto Rico, pero sus alegatos no prevalecieron en un litigio contra la JSF y el gobierno que dirimió y resolvió en su contra, la jueza federal Laura Taylor Swain.

De otra parte, en la carta de la JSF se desglosó el número de reuniones que el ente federal ha tenido con el sector cooperativo. En total, sumaron 18 encuentros entre el 2020 y el 2023. En lo que va de año, las partes no se han reunido.