Oxxo Financial Services, Inc., institución que ofrece consultoría y servicios de consolidación de deudas, mantiene sus operaciones en Puerto Rico sin una licencia vigente, ni una oficina autorizada y sin cumplir con los requerimientos de información de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), al tiempo que cobra a los clientes sin cumplir con los acuerdos dirigidos a reducir sus deudas.

Tales señalamientos aparecen en una querella y orden de cese y desista contra la entidad presentada por la comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz, y a la que El Nuevo Día tuvo acceso.

En la acción legal se alega que la institución financiera incurrió en múltiples violaciones al Reglamento 8348, así como de la Ley 214-1995, conocida como Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera.

“La comisionada tiene suficientes razones para entender que la situación de Oxxo se ha tornado de tal naturaleza que está causando o pudiera causar un daño irreparable a los intereses de la misma, o de los clientes de dicha institución, lo que atenta contra el interés público que la OCIF tiene el deber de salvaguardar”, lee la querella de la OCIF.

De los expedientes que mantiene el regulador sobre Oxxo se desprende que el presidente, secretario, tesorero y, además, agente residente de la firma, es una sola persona: José Antonio Quiñones Negrón.

No obstante, luego de que la OCIF recibiera en noviembre de 2023 una renovación de licencia y encontrara los incumplimientos de Oxxo, el regulador intentó sin éxito dar con el paradero de Quiñones Negrón o de cualquier otro empleado de Oxxo, tanto a través de los correos electrónicos oficiales, como de los números de teléfonos disponibles.

“Oxxo ha hecho caso omiso a las múltiples comunicaciones por vía de correo electrónico y llamadas telefónicas que se le han realizado a las direcciones y números telefónicos que aparecen en los expedientes de la OCIF. Por tanto, la solicitud de renovación de Oxxo nunca se completó”, detalla la querella con fecha del pasado 17 de septiembre.

Además, funcionarios de la OCIF visitaron las oficinas donde se supone que Oxxo operaba y “no había letrero ni empleados de Oxxo. En la puerta se mostraba la pegatina de la OCIF número 1471 correspondiente al año 2019, varios permisos y licencias vencidas en la pared”.

“La evidencia y o información recopilada por la OCIF muestra que Oxxo no tiene local establecido en la dirección autorizada por la OCIF. Por lo tanto, Oxxo no mantiene una oficina o local adecuado para atender a sus clientes en el cual pueda ser localizado durante horas de oficina”, reza el documento.

La visita de la OCIF a las oficinas de Oxxo estuvo motivada por una querella de uno de los clientes, que fue radicada en mayo pasado. En la querella, el afectado alegó que en el 2018 suscribió un contrato de manejo de sus deudas para lo que pagaba una cantidad mensual a la institución para que cumpliera con sus acreedores.

Sin embargo, aparentemente el crédito del cliente se vio afectado dado que Oxxo enviaba los pagos tarde y los acreedores comenzaron a cobrar al querellante.

“El querellado (Oxxo) le debitaba de la cuenta del querellante (el cliente) los pagos mensuales para un total de $24,531.13 desde el año 2018 hasta el año 2023, incluyendo los pagos a los acreedores y el cargo por servicio ($5,451.00)”, indica el tracto de la querella.

Tras la querella, la OCIF ordenó a Oxxo a reembolsar el total del dinero pagado por el cliente por los servicios que no recibió, orden que hasta el momento de la presentación de la querella por parte del regulador, la firma no habría contestado ni cumplido.

De acuerdo con los registros del regulador local, Oxxo Financial Services cuenta con 112 clientes, de los cuales 79 aparecen activos, mientras que los 33 restantes están inactivos.

El Nuevo Día accedió en la página web de Oxxo Financial. En esta, aparece una notificación que lee: “Estamos en construcción. Por favor, vuelva pronto para una actualización”.

Oxxo Financial Services fue incorporada en diciembre de 2008 ante el Departamento de Estado, sin embargo, su licencia fue cancelada en diciembre de 2023. Además, como parte de la investigación de la OCIF se encontró que la firma tiene una deuda con el Departamento de Hacienda, cifra que no se pudo precisar al momento de la publicación de esta noticia.

Cabe destacar que, aunque se desconoce el paradero de Quiñones Negrón, la agencia entiende que pudo haber abandonado la isla.

Entre otras cosas, el regulador local ordenó a Oxxo a cesar y desistir de “dedicarse al negocio de Consultoría y Planes de Consolidación de Deudas sin licencia vigente para ello”, dado que la firma no ha cumplido con los requerimientos de la OCIF.

Asimismo, el regulador impuso seis multas a la empresa por distintas violaciones a la reglamentación vigente, las cuales suman unos $121,728.13. La cuantía debe pagarse en o antes del próximo 27 de septiembre.

No es la primera vez que Oxxo es multado. En 2014, la OCIF emitió una multa de $1,250 por violaciones encontradas en el examen realizado entonces por el regulador. Más de nueve años después, la firma nunca pagó, por lo que la OCIF también está cobrando una penalidad con $478.13 en intereses acumulados.

“Se ordena a Oxxo, bajo el más estricto apercibimiento de severas sanciones, a tomar las más estrictas medidas de seguridad para asegurar, garantizar, conservar y mantener íntegros, en el lugar seguro, la totalidad de los documentos, informes, libros, récords, registros, récords de contabilidad, papeles y cualesquiera otros documentos y evidencia relacionados con su operación, de forma que la OCIF pueda inspeccionarlos de así estimarlo necesario”, dictó la orden.

En caso de que la entidad no cumpla con ninguna de las disposiciones de la querella y orden de cese y desista, la OCIF podrá solicitar al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que ponga en vigor el mandato so pena de desacato e imponga multas y sanciones adicionales.