San Juan - En los pasados cuatro años, la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) aumentó la fiscalización del sector por el que vela, un esfuerzo realizado, sin embargo, con la mitad del personal necesario, mal pago y con herramientas arcaicas de análisis, reconoció la comisionada Natalia Zequeira Díaz.

De los 164 puestos autorizados para trabajar en el regulador del sistema financiero de Puerto Rico, solo 82 están ocupados, por lo que la OCIF solo cuenta con la mitad (50%) de su capacidad para regular las 3,689 licencias bajo la supervisión de la oficina, incluyendo la banca comercial, internacional, casinos, casas de empeño, fondos de capital privados y los llamados cashitos, entre otros.

“Estos cuatro años fueron años de fiscalización”, dijo Zequeira Díaz. “Mientras nos hemos enfocado en la fiscalización, aún falta mucho por hacer. Es crucial que la OCIF modifique la manera en que fiscaliza la industria de una fiscalización reactiva a una proactiva y para ello es necesaria la inversión en tecnología y capital humano. Estas son las dos prioridades a futuro de la OCIF”, insistió la comisionada.

La información salió a relucir durante las vistas del Comité de Transición del viernes, cuando, por segundo día, compareció parte del componente económico del gobierno.

Uno de los focos principales de la OCIF en los pasados cuatro años, ha sido fiscalizar “el crecimiento desmedido” de las Entidades Bancarias y Entidades Financieras Internacionales (EBIs y EFIs, respectivamente), labor que ha resultado en el cierre voluntario de algunas y la sindicatura de otras. En consecuencia, el número de estas instituciones en la isla se ha reducido, de sobre 80 EBIs y EFIs, a aproximadamente 60.

La comisionada destacó que el marco regulatorio tan flexible que tuvo Puerto Rico para efectos de banca internacional, en momentos en los que hubo una crisis en el sector bancario de Venezuela, abrió la puerta para la entrada de unas 15 instituciones de capital venezolano en la isla. Hasta el momento, al menos tres liquidaciones de instituciones internacionales están asociadas con banqueros venezolanos: Nodus International Bank, Bancrédito International Bank & Trust Corporation e International Union Bank.

Considerando tales acciones correctivas, en los pasados cuatro años, el regulador local ha tramitado 26 querellas contra regulados por la OCIF. De estas, unas 17 fueron dirigidas a EBIs y EFIs; 15 de las entidades señaladas se acogieron a planes de liquidación voluntaria y ocho, están en sindicatura.

Asimismo, el pasado año, la oficina reguladora registró un aumento en multas expedidas a instituciones financieras en la isla, principalmente, por no radicar informes auditados como requiere la ley o que se encontraban operando sin licencia vigente.

Entre enero y diciembre de 2023, datos preliminares compartidos a El Nuevo Día apuntan a que el total de sanciones emitidas por la OCIF, durante los exámenes realizados en el 2023, ascendieron a casi $1.6 millones.

“Si bien la oficina se ha dedicado a hacer cumplir el propósito de su ley que es proteger a los clientes, acreedores y accionistas de las actuaciones ilegales y fraudulentas, Puerto Rico no va a permitir que las instituciones vengan a operar al margen de la ley”, dijo Zequeira.

La capacidad de fiscalización de la OCIF se está viendo comprometida por la dramática falta de personal especializado en contabilidad y finanzas para examinar y analizar el sector financiero, lo que Zequeira Díaz atribuyó a escalas salariales muy bajas.

En el año 2021, “la OCIF se encontraba en una situación crítica”, según la comisionada. Entonces, más del 60% de los puestos estaban vacantes justo cuando se experimentaba un crecimiento de instituciones internacionales.

Para atraer más examinadores capacitados, la OCIF revisó la escala salarial y aumentó la oferta de $24,000 a $36,000 al año, así como aumentaron un porciento no significativo al resto del personal. Luego, bajo el Plan de Reclasificación y Retribución del gobierno incrementaron el salario de los examinadores a unos $52,000.

Sin embargo, dado que la mayoría de los puestos en la OCIF requieren un Bachillerato en Contabilidad y Finanzas, la comisionada insistió en que se deben revisar las escalas salariales de todas las plazas para hacerlos más atractivos.

“El primer paso sería solicitar a la OATRH (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos) la revisión de ciertas escalas salariales de los analistas y especialistas de la oficina para que no haya una brecha tan distinta entre el analista y el examinador”, insistió Zequeira Díaz.

De inmediato, Zahira Maldonado Molina, directora de la OATRH, se puso a la disposición de la OCIF para revisar las escalas salariales, “de manera tal que se ajuste a las realidades del mercado”.

La OCIF continúa utilizando una herramienta de análisis financiero que data de la década de 1990, por lo que lanzaron una Proceso de Solicitud de Propuestas (RFP, en inglés) para establecer una nueva plataforma parecida al Single Busines Portal, depuso Zequeira Díaz.

“Toda la información es analizada y agrupada manualmente. Se supone que esta información, nosotros podemos hacer ‘clac, clac’ y acceder a la información, pero ahora mismo requiere que dos analistas cojan la data histórica y la revisen. (Mientras), nosotros con ciertas preocupaciones de la certeza de la información que es provista”, expresó la comisionada.

De acuerdo con la subcomisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez, la plataforma está pasada de obsoleta, pues no se puede actualizar y urge establecer sistemas de información y análisis más modernos.

“El sistema es de Windows 3.0, es de 1990, ha habido 24 iteraciones de Windows al día de hoy. Es una plataforma que no controlamos la codificación. Después de 31 años sin haber hecho un update (actualización), no hay manera de hacerle un update. Hay que tirarla al zafacón y hacerla nueva”, dijo Rodríguez.

“Esta es un área que se supone que tenga cinco empleados y tiene tres, se tardan tres meses en ver (la información), solicitamos tiempo extra al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, porque ¡no podemos! No damos abasto. Nosotros recibimos mensualmente hasta 270 reportes”, dijo con tono de urgencia, Rodríguez.

La OCIF tardó dos años en completar el RFP para que, entre otras cosas, cumpla con todos los estándares del Servicio de Innovación y Tecnología del gobierno (Prits, en inglés) y cuentan con un presupuesto de $1 millón para completar el proyecto.

El presupuesto actual de OCIF es de $15.4 millones, incluyendo los desembolsos del sistema de retiro PayGo, pero solo se han utilizado $2.4 millones, principalmente por el ahorro en nómina por la falta de empleados y porque no se ha completado el proceso de RFP, explicaron las funcionarias.