Decenas de reportes de actividad sospechosa (SARs, en inglés) que no se remitieron al gobierno federal; errores y análisis imprecisos en los reportes de bancos y cuentas de clientes en el extranjero (FBARs, en inglés); ausencia de un programa adecuado para prevenir que se lavara dinero a través de estas; y la falta de un oficial de cumplimiento que tuviera autonomía para tomar las decisiones necesarias, son varias de las violaciones de ley que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) halló en las operaciones de Bancrédito y pudieron ser la razón para que Julio M. Herrera Velutini se negara a firmar un Memorando de Entendimiento (MOU, en inglés) al punto de pagar sobornos para evitarlo.