Falta de personal suficiente y una junta adjudicativa sin miembros designados para resolver controversias son solo dos de los retos más apremiantes que tendrá quien dirija la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), ahora bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La crítica situación operacional de la agencia no salió a relucir durante las vistas de transición porque ante el retraso de los trabajos, el Comité Transición entrante dio por leída la ponencia de la agencia.

Sin embargo, una lectura detallada de El Nuevo Día a los informes de transición de OGPe podrían explicar, en parte, por qué el otorgamiento de permisos es extremadamente laxo a juicio de grupos empresariales y a su vez, detallan múltiples temas importantes -entre ellos, el reclutamiento urgente de analistas de permisos- que quedarán pendientes para enero próximo, cuando juramenta la gobernadora entrante, Jenniffer González.

La primera recomendación de la gerencia saliente es que, en los primeros 30 días, nombren “el personal gerencial completo, a nivel central y regionales”.

Recomiendan, además, en el primer mes del 2025, nombrar un juez administrativo para atender revisiones administrativas y nombrar los miembros de la Junta Adjudicativa. También sugieren contratar recursos para la campaña mediática sobre la adopción de los Códigos de Construcción vigentes y completar lo relativo al Single Business Portal, la plataforma en la que el gobierno ha invertido millones de dólares para tramitar permisos diversos, particularmente vinculados al desarrollo de obras privadas y públicas e incursiones de tipo empresarial o comercial.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con Félix Rivera, secretario auxiliar de OGPe, pero al cierre de esta edición, no respondió.

Los retos que encara la OGPe, agencia que a menudo, encabeza la lista de crítica desde sectores productivos salen a la luz mientras se desconoce qué sucederá finalmente con la configuración de la agencia. Al presente, OGPe es parte de la sombrilla del DDEC, pero la gobernadora entrante, Jenniffer González, prometió durante la contienda electoral, que sacaría la agencia de la sombrilla para que tenga una gestión más agil e independiente.

Esta semana, en un evento reciente en Carolina, el secretario saliente del DDEC, Manuel Cidre, reconoció la falta de personal y abundó acerca de las gestiones de OGPe para llenar los puestos vacantes.

Cidre responsabilizó a la Ley 80 de 2020, que estableció un Programa de Retiro Incentivado que permitía ventanas de retiro temprano para los empleados del gobierno, como la causa principal de los escollos en la gestión procesal de la agencia.

“Está el fenómeno que fue el tema de la Ley 80. OGPe fue la agencia del (DDEC) que más personal perdió. Fueron 52 personas y la mayoría eran analistas de permiso”, dijo Cidre. “El DDEC se envolvió en un proceso de reclutamiento a través de inteligencia artificial (IA) que lograba más agilidad, más certeza y permitía alinear los perfiles a las personas que buscan los puestos. En tiempo récord, pudimos empezar a llenar las posiciones que nos deben dar la agilidad final que necesita el DDEC y OGPe”.

En su ponencia a la administración entrante, la OGPe recomendó, entre otras cosas, “revisar los salarios para atraer talento a posiciones vacantes” y “ampliar la plantilla en las oficinas regionales”.

Sugieren además incorporar aplicaciones para “mejorar la experiencia del usuario en el área de pre-evaluación, asesoría y radicación de informes y métricas”, así como incorporar la inteligencia artificial en la orientación y evaluación de permisos.

Cidre, en tanto, abogó por un cambio en la perspectiva del sistema de permisos y dijo que el gobierno no debe mirarlo como una oportunidad de allegar fondos al fisco, “sino como un facilitador de procesos. Eso conlleva voluntad, tecnología, gente y cambio”.

Sobre las vacantes de personal en OGPe, Cidre puntualizó que “siempre hace falta personal”, pero insistió en que “lo que hace falta también es adiestramiento. Y en eso, la tecnología nos ayuda muchísimo”.

En la ponencia escrita sometida ante el Comité de Transición entrante y publicada en el portal del intercambio de información entre mandos, la OGPe abogó por un cambio en el proceso de autorización de proyectos al indicar que “el problema de permisos no es principalmente un problema de eficiencia, aunque siempre hay oportunidades de mejora. El problema de permisos es un problema de regulación excesiva”.

OGPe enumera haber heredado de la administración anterior “una operación desactualizada, un sistema con procesos ineficientes y un marco regulatorio que refleja la mentalidad de una economía sobreplanificada”. Esto, además de una larga lista de casos retrasados. De acuerdo con la agencia, a pesar de un aumento en la demanda, los casos pendientes han disminuido.

Con todo, la agencia alega haber alcanzado progreso.

En el caso de los permisos únicos, quedaron pendientes 27% en 2021 versus un 5% que quedaría pendiente este año.

“Lo mismo se ve con los permisos de construcción consolidados, donde el porciento de permisos pendiente ha disminuido de 26% en 2021 a 13% en el 2024, y los días promedio de emisión han visto mejoras año tras año, muy en particular en el 2024 donde se ha reducido en casi la mitad del tiempo”, reza el informe.

“Aunque mejoran estos números, reconocemos que aún hay espacio para seguir mejorando estos procesos y productos; pero, para seguir viendo cambios sustanciales, como atender ese 65 % de PU que no son ministeriales, y poder servir al usuario de manera más justa, es necesario entrar en la segunda etapa de transformación: la transformación filosófica y regulatoria”, indica el documento.