Por entender que la transparencia es crucial en la industria de bienes raíces, el empresario tecnológico Giancarlo González presentó este jueves la solución Urbital Pro, una herramienta diseñada para que profesionales inmobiliarios y legales recuperen el acceso sin restricciones a las escrituras del Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico, conocido como Karibe.

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“Es gratuito. ¡Lo que debe estar accesible no se debe cobrar!”, expresó González a En pies cuadrados.

Urbital Pro surgió como respuesta a que durante el verano pasado, Karibe comenzó limitar a 30 días la disponibilidad de la gran mayoría de las escrituras atadas a las transacciones inscritas, aunque anteriormente se mantenían accesibles sin límite de tiempo. Ahora, si un usuario desea acceder a la escritura con más de 30 días de inscrita, tiene que pagar por cada solicitud de documento.

“El acceso a las escrituras no debería ser un lujo, sino una herramienta básica para todos los profesionales de la industria,” subrayó González.

González compartió que, durante la presentación que realizó ante integrantes de la industria en la sucursal de Piloto 151 en el Viejo San Juan, mostró ejemplos concretos de cómo las nuevas restricciones de acceso ya han retrasado compraventas y agravado procesos de herencias, que de por sí son complicados.

Por ello, González indicó que Urbital Pro “busca proporcionar a tasadores, corredores, abogados y otros profesionales del sector el acceso directo a los documentos (presentados ante el Registro de la Propiedad), fundamentales para la validación y verificación de transacciones inmobiliarias, tales como cambios de titularidad y actualización de registros”.

“Pueden buscar por fecha, demarcación, folio, catastro, pueblo, urbanización y precio”, detalló sobre el servicio que inicialmente ofrece cinco descargas diarias por usuario.

Además, indicó que para poder registrarse en pro.urbital.io se requiere “ser un profesional con licencia en su industria”, como abogados, tasadores y corredores de bienes raíces.

Mientras, continúa de forma independiente la operación de la aplicación móvil Urbital, que proporciona datos sobre tendencias en precios de propiedades y conecta a compradores y vendedores de bienes raíces con profesionales de la industria.

Las escrituras son documentos públicos por ley y, además de las gestiones que enumeró González, se utilizan para realizar investigaciones legales y periodísticas.

Un ejemplo de uso ciudadano trascendió en junio de 2022, cuando vecinos del Condado denunciaron que el gobierno estatal había vendido a un desarrollador un predio que usaban como parque. El acceso a documentos de Karibe permitió rastrear la titularidad del predio, y tanto la comunidad como el Municipio de San Juan impugnaron la venta en los tribunales.

Hace unos dos meses, en un aviso en su página de inicio, Karibe atribuyó el cambio a la implementación del Artículo 268 de la Ley 210 de 2015, que indica que “los documentos presentados electrónicamente se borrarán transcurridos 30 días contados a partir de la fecha de inscripción”. Solamente se mantienen accesibles los documentos atados a servidumbres, condiciones restrictivas y regímenes de propiedad horizontal.

Sin embargo, la implementación se da casi 10 años de que la ley entrara en efecto y en momentos en que más trámites en la industria inmobiliaria se realizan por vía digital.

Por considerar que el cambio en Karibe es un retroceso en la transparencia y la eficiencia, González indicó que en Urbital Pro los usuarios también podrán firmar una petición que aboga por un acceso más amplio a los documentos públicos que custodia el Registro de la Propiedad.

“Debemos emular ejemplos exitosos como el proyecto EDGAR en Estados Unidos, donde el acceso abierto a la información ha revolucionado la transparencia y la innovación en el sector financiero”, exhortó González.

EDGAR fue el primer motor de búsqueda de documentos radicados ante la Comisión de Valores y Bolsas (SEC, en inglés).

De ser un proyecto piloto en 1998, se convirtió en el estándar de acceso público y gratuito a los documentos que compañías públicas e individuos presentan ante ese regulador.