Para fomentar la estabilidad en el mercado de vivienda alquilada en Puerto Rico, el Senado aprobó una medida para extender hasta el 2035, la exención sobre los ingresos que generan las personas por alquileres residenciales.

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La disposición que exime a las personas de tributar los beneficios de alquiler de propiedades residenciales expiraría a finales de este año.

En concreto, el Proyecto del Senado 19, de la autoría del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, enmendaría la Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles (Ley 132 de 2010), para que esa exención dure 10 años más.

Aunque una persona o entidad no paga contribución sobre ingresos por alquiler de unidades de vivienda, su propiedad sí debe pagar impuestos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y, si se utiliza para alquileres a corto plazo, debe pagar impuestos por ese ingreso al Departamento de Hacienda.

Según la citada ley, la exención actualmente beneficia a “todo individuo, sucesión, corporación, sociedad o fideicomiso, residente o no residente de Puerto Rico, que arriende propiedad de nueva construcción o propiedad cualificada de tipo residencial”.

En esa línea, la medida aprobada por el Senado especifica que la exención no le aplicará a alquileres a corto plazo, por entender que esos arrendamientos “tienen un uso predominantemente turístico”.

“Si bien entendemos que los alojamientos suplementarios a corto plazo deben ser considerados como una actividad comercial, también creemos que estos son ajenos a los fines establecidos en la Ley 132. Esto se debe a que el propósito de la Ley 132 fue beneficiar a las personas que arriendan propiedades con el objetivo de establecer su residencia en ellas”, establece Rivera Schatz en la exposición de motivos de la medida.

La pieza legislativa llegó a votación del Senado con un informe positivo de la comisión senatorial de Vivienda y Bienestar Social.

“En el presente, al igual que en el momento en que la Asamblea Legislativa dio paso a la Ley 132-2010, producto de una inflación global, Puerto Rico enfrenta un grave problema de vivienda asequible, exhorbitantes [sic] costos en la construcción y altas tasas de intereses bancarios que reducen sustancialmente el acceso a viviendas a las familias puertorriqueñas”, reza el informe.

El documento detalla que la comisión recibió una ponencia a favor por parte del Departamento de la Vivienda y que no solicitó comentarios al CRIM porque la medida “no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales”.

A su vez, el informe no menciona que se haya pedido opinión sobre la extensión a Hacienda u otras agencias fiscales.

Tras augurar que “sería destructivo para el Pueblo de Puerto Rico” si la Asamblea Legislativa no actúa antes de que el beneficio caduque en diciembre, el presidente de la Comisión, Jaime Barlucea, expresó que “mantener vigente la exención contributiva hasta el 31 de diciembre de 2035 permitiría subsanar los impactos nefastos producto de la inflación hasta alcanzar mejores circunstancias económicas”.

La medida pasa ahora a consideración de la Cámara de Representantes.