La demolición de Los Cedros, uno de los residenciales públicos más emblemáticos en la zona metropolitana y que ubica en Trujillo Alto, sigue en pie, pero no tiene fecha concreta mientras el Departamento de la Vivienda y el contratista del proyecto resuelven “diferencias de criterio”, informó el titular de la agencia, William Rodríguez.

“Estamos sentados a la mesa los ingenieros (del gobierno) con los ingenieros del contratista para llegar a un acuerdo y poder proseguir con los trabajos de demolición”, abundó Rodríguez sobre la obra que inicialmente se pautó para el verano pasado y que se pospuso para septiembre pasado.

Explicó que el diálogo incluye afinar “el alcance, la metodología de la demolición, si es por implosión si va a ser de otra manera”.

Para demoler el antiguo complejo de 18 pisos, compuesto por 324 unidades y sus áreas comunes, el DV contrató a la firma Alpha Demolitions, liderada por Antonio E. Medina, por $9.233 millones. Ese costo incluye la disposición de escombros y el manejo de materiales peligrosos, como asbesto. Según el contrato disponible en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), el costo de demolición por unidad se calculó en unos $28,486.91.

“La demolición de los Cedros es particular, porque hubo una primera subasta, se canceló porque los precios vinieron muy por encima del estimado de costos”, contextualizó Rodríguez.

A su vez, el funcionario recordó que la adjudicación de la subasta se produjo luego de que la demolición obtuviera la autorización del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) y se completaran otros pasos requeridos, como reuniones como la comunidad y relocalización de residentes mediante el programa de subsidio de alquiler, Sección 8.

“Es un proceso largo”, reconoció.

El caso más reciente de demolición de un antiguo residencial público fue el de Torres de Sabana, en Carolina, ejecutado el 7 de agosto de 2022. Ese caso también encaró demoras, que llegaron a motivar una visita legislativa que se celebró en julio del 2021, ante inquietudes de que el complejo vacante fuese un peligro de salud y seguridad para la comunidad.

Finalmente, la etapa final del proyecto, que incluyó explosiones controladas y demolición mecánica, arrancó el 7 de agosto de 2022.

En el lote, que por más de 50 años albergó a 452 familias, se construirá un complejo de 132 unidades de alquiler para ingresos mixtos. El DV adjudicó el proyecto a la firma sin fines de lucro Pathstone, luego de un proceso competitivo.