Enfocado en promover que los fondos federales de recuperación se utilicen a tiempo, el ingeniero José Torrens jura este jueves como presidente de la Asociación de Contratistas Generales, capítulo de Puerto Rico (AGC-PR).

Su término como líder de los más de 350 suplidores y contratistas se da en medio de una guerra arancelaria, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y movidas de su gobierno para reevaluar y congelar presupuestos y fondos ya asignados.

“Es importante que los proyectos continúen sin interrupciones, que se logre la obra programada, porque los fondos CDBG (Community Development Block Grant Program) tienen términos acordados de caducidad. Algunos culminan en el 2029 y otros en el 2032”, recalcó Torrens en entrevista con El Nuevo Día.

Sobre el riesgo de que Washington le quite a Puerto Rico dinero asignado para la recuperación y mitigación de desastres, estimó que “siempre que nosotros estemos en cumplimiento, que haya progreso, que no haya fondos inactivos sin usar (...), pues no debemos tener problemas”.

El vicepresidente de CIC Construction Group atribuyó su postura a que, “si miramos la campaña del presidente Trump, enfatizó en que le iba a dar importancia a la infraestructura”.

“Los fondos asignados a Puerto Rico son principalmente en infraestructura, por lo que vemos, no deben estar en peligro. Según lo que hemos estado viendo de las diferentes limitaciones que han salido a través de órdenes ejecutivas, a nivel de fondos de infraestructura no se mencionan como que estén en peligro”, abundó.

Entretanto, a nivel del gobierno local, Torrens recalcó que la nueva administración de Jenniffer González debe “abrir las puertas” a que los socios de la AGC-PR, que llevan años participando y liderando proyectos de reconstrucción, puedan compartir las lecciones y la experiencia acumulada en la ejecución de obras con estos fondos federales.

A preguntas de este diario, acerca de la guerra arancelaria que impulsa Estados Unidos contra China y otros países, Torrens recordó que los proyectos con fondos federales requieren que todos los materiales posibles sean de fabricación estadounidense. Y, aunque no anticipa que se encarezca la ejecución de tales obras de forma inmediata, dijo que “hemos visto, por experiencias pasadas, que sí se afectan los materiales de construcción”.

“El acero es un ejemplo, pues aunque tenga el requisito de ‘Buy American’, las influencias globales sobre este commodity afectan el precio del acero fabricado en Estados Unidos”, precisó Torrens.

A su vez, advirtió que “a nivel privado, pues sí va a haber un efecto”, por el gran volumen de productos que se fabrican en el gigante asiático.

“Hay que esperar a ver qué sucede, hay negociaciones en curso, hay una pausa de los aranceles a Canadá y México y unas discusiones que están anunciadas con el gobierno chino, así que estamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla ese tema”, expuso.

De otra parte, Torrens celebró que su presidencia coincide con el primer año en el que, a traves de una fundación afiliada a la AGC-PR, el gremio verá graduarse a los primeros participantes de su programa de desarrollo laboral.

“Ya tenemos la primera clase completa. Hay 10 compañías participando”, indicó el ingeniero acerca de la inciativa que producirá nuevos obreros diestros, albañiles y carpinteros.

“Estamos muy contentos de que, por fin, se logró esto, después de tantos años, y eso va enfocado a atender el tema de desarrollar la mano de obra existente y atraer nuevos recursos para la construcción, que tanta falta hacen”.

Según datos provistos por la AGC-PR, la actividad de la construcción ha añadido más de 15,000 trabajadores desde el 2017, con una fuerza laboral que actualmente se estima en unas 37,500 personas.

Además, en Puerto Rico, luego de sobre una década de estancamiento, la inversión anual en construcción supera los $5,000 millones, con una nómina anual de más de $1,000 millones.