Amparada en la finalidad de promover la “libre y amplia competencia”, la gobernadora Jenniffer González firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina el requisito de firmar acuerdos con sindicatos (PLA, en inglés) para licitar obras de construcción y de restauración de la red eléctrica que se financien con fondos federales.

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“En particular, este requisito restringe significativamente la participación de los contratistas locales, cuyas operaciones en muchos casos no pueden sostener los costos y requisitos operacionales que requiere el modelo de PLA que se les exige”, expone la Orden Ejecutiva 2025-15.

Además, la orden argumenta que el requisito de firmar acuerdos laborales por proyecto (PLA) “ha impactado las labores de reconstrucción de la red eléctrica, limitando la cantidad de contratistas elegibles para participar en los procesos de licitación para estos proyectos y resultando en que muchos de estos contratos sólo puedan ser adjudicados a un puñado de contratistas nacionales (en alusión a compañías de Estados Unidos)”.

“Esta Orden Ejecutiva deroga, además, cualquier otra orden ejecutiva que, en todo o en parte, sea incompatible con lo aquí dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad”, agrega el decreto, que González anunció durante un encuentro con la Asociación de Industriales, celebrado el miércoles.

El requisito de firmar un PLA con algún sindicato, como condición para competir por proyectos públicos de construcción, lo había establecido el exgobernador Pedro Pierluisi mediante la Orden Ejecutiva 2022-14. Aplicaba a obras de más de $5 millones que fuesen sufragados parcial o totalmente con fondos federales.

La orden fue en respuesta a requerimientos de la administración del presidente Joe Biden.

Desde el saque, fue repudiada por la Asociación de Contratistas Generales, incluido su capítulo de Puerto Rico (AGC-PR).

Por ello, cuando salió electa la gobernadora, la AGC-PR le solicitó que priorizara la derogación del requerimiento de los PLA para promover la participación de contratistas locales en las licitaciones.

A este argumento, sumó un fallo del Tribunal Federal de Reclamaciones, llevado por la AGC, en el que se declaró improcedente la exigencia de firmar un PLA para ejecutar proyectos con fondos federales en exceso de $35 millones.

Sin embargo, en materia de los proyectos de reconstrucción eléctrica que maneja el consorcio LUMA Energy, su presidente Juan Saca dijo recientemente que no acataban el fallo, por entender que solo aplica a dependencias gubernamentales, no a ellos como operador privado.