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Se declara culpable otro vendedor de acero por conspirar para fijar precios

Según el Departamento de Justicia federal, Edgardo Solá Colón se puso de acuerdo con la competencia para subir los precios de la varilla en Puerto Rico

31 de agosto de 2024 - 8:41 AM

El comunicado detalla las comunicaciones entre estos comerciantes para acordar a cuánto venderían el acero, así como los márgenes de ganancia. (Shutterstock)

Un segundo comerciante y vendedor de acero se declaró culpable a nivel federal de conspirar para fijar el precio de la varilla en Puerto Rico.

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Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia federal emitido este viernes indica que Edgardo Solá Colón, presidente de Carolina Building Materials, se declaró culpable de conspirar con sus competidores para fijar el precio de las varillas, lo que constituye una violación a la ley antimonopolio federal, también conocido como el Sherman Act.

Solá Colón es el segundo comerciante que se declara culpable a nivel federal de conspirar para fijar el precio de una materia esencial para la construcción.

El pasado 7 de agosto, el comerciante Juan Carlos Aponte Tolentino, de Aceros de América, se declaró culpable de cargos similares. Su vista de sentencia fue pautada para noviembre próximo.

Al igual que Aponte Tolentino, el caso federal contra Solá Colón estipula que conspiró con la competencia para fijar los precios del acero entre 2015 y 2022.

El comunicado detalla las comunicaciones entre estos comerciantes para acordar a cuánto venderían el acero, así como los márgenes de ganancia.

“Al declararse culpable, este acusado admite el extenso acuerdo que mantuvo para fijar los previos de la varilla, un material importante en la cadena de suplido de materiales de construcción”, dijo Manish Kumar, fiscal asociado de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia federal.

Agregó que la pena máxima para ambos comerciantes alcanza 10 años de cárcel y multas de hasta $1 millón.

La vista de sentencia de Solá Colón fue fijada para el próximo 16 de diciembre.

Además de la convicción, los comerciantes enfrentan una demanda de clase que alega la existencia de un cartel del acero en Puerto Rico.



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