El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó este viernes que atrasó hasta julio de 2025 el inicio del periodo de imposición de multas por incumplimiento de la Ley de Plásticos de un Solo Uso.

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La agencia precisó que, tras el cambio, los establecimientos comerciales tendrán hasta la mencionada fecha para cumplir con las disposiciones del estatuto.

El DACO agregó que sus inspectores intensificarán sus esfuerzos educativos para asegurar que los consumidores y comerciantes comprendan las regulaciones.

“La Ley de Plásticos de un Solo Uso es un paso esencial para proteger nuestro medioambiente, pero entendemos que la adaptación requiere tiempo. Con esta extensión, nuestro objetivo es ofrecer un periodo razonable para que los comercios puedan ajustar sus prácticas, mientras continuamos brindando orientación y educación para que el cumplimiento sea alcanzable para todos”, explicó el secretario interino del DACO, el Francisco González de la Matta, en un comunicado de prensa.

El funcionario reclamó que Ley de Plásticos de un Solo Uso representó un cambio significativo en las prácticas comerciales en Puerto Rico.

“El cumplimiento de esta ley no solo es una obligación legal, también es una contribución directa al futuro de nuestro medioambiente. Nuestro compromiso es trabajar mano a mano con los comercios y consumidores para que esta transición sea lo más efectiva posible, brindando las herramientas y el conocimiento necesarios para garantizar un Puerto Rico más sostenible”, añadió González de la Matta.

La extensión del periodo para la imposición de multas permitirá a los establecimientos comerciales realizar los ajustes necesarios en sus operaciones sin temor a sanciones inmediatas.

La Ley de Plásticos de un Solo Uso prohíbe la utilización y expendio de productos de plástico desechable en establecimientos comerciales.

Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2025, los negocios que incumplan con las disposiciones de la ley se enfrentarán a multas administrativas que comenzarán en los $500 y pueden alcanzar los $5,000 por violación.

Durante este periodo, los inspectores del DACO reforzarán sus programas de orientación y supervisión para asegurarse de que todos los comercios estén informados sobre los requisitos de la ley y cuenten con el apoyo necesario para adaptarse, se informó.

“Esta ley, además de tener un impacto ambiental significativo, refuerza nuestro compromiso como sociedad con la conservación y la sostenibilidad. Estamos convencidos de que con educación, tiempo y esfuerzo conjunto, lograremos implementar este cambio de manera efectiva y duradera”, apuntó el secretario interino.