La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) expresó este jueves su deseo de que el tribunal de Título III dé una oportunidad a la administración de la gobernadora entrante, Jenniffer González, para que aquilate el estado del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y comunique cómo pretende atender los problemas de la corporación pública.

En voz de la abogada María DiConza, socia del bufete O’Melveny Myers y asesora legal de Aafaf, la administración saliente de Pedro Pierluisi indicó a Swain que, en medio del impasse entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas objetores de la AEE, es necesario que el nuevo equipo fiscal que tendrá Puerto Rico se familiarice con el proceso en curso.

Asimismo, DiConza indicó que, tanto la próxima certificación del plan fiscal de la AEE por parte de la JSF como los procedimientos que lleva a cabo el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en torno al presupuesto de la corporación pública, entre otros asuntos, podrían aportar “información valiosa” acerca de la capacidad financiera de la empresa estatal.

“Estos procesos podrían decirnos más acerca de lo que la AEE puede pagar, mientras se mantiene un sistema confiable y cómo podríamos movernos de la forma más rápida posible”, indicó DiConza.

DiConza hizo la súplica en nombre de la Aafaf durante la audiencia general de los casos de Título III del mes de diciembre, presidida por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain.

De acuerdo con la abogada, las partes involucradas en el proceso de quiebra de la AEE deben actuar sin “minar” la recuperación económica de Puerto Rico, la confianza que se haya ganado con los acreedores o sin afectar el funcionamiento del sistema eléctrico de la isla.

La abogada dijo al tribunal que la administración entrante ya ha verbalizado algunos planes para modificar la actual estructura operacional de la AEE, incluyendo el nombramiento de un “zar energético”, una propuesta que el director ejecutivo de la JSF, ya suscribió públicamente. La gobernadora electa González ha planteado que bajo su mandato cancelará el contrato del operador LUMA Energy, uno de los dos contratistas que operan el sistema eléctrico de Puerto Rico bajo el modelo de alianzas público privadas.

DiConza sostuvo que si bien al presente, hay un tranque en las negociaciones, ello no significa que no haya “un camino factible” para encontrar una solución consensuada.

“La reforma energética es una de las prioridades de la nueva administración, según ha sido para la administración actual”, dijo DiConza.

La abogada de O’Melveny Myers hizo sus planteamientos al tribunal minutos después de que el secretario de Estado, Omar Marrero, tomara la palabra en una especie de despedida como jefe de Aafaf.

“Hemos tenido desacuerdos con la (JSF) y con los acreedores, a quienes considero nuestros socios, y con otras partes con interés, pero nunca perdimos de vista nuestro objetivo de un Puerto Rico estable, autosuficiente y próspero”, dijo Marrero al catalogar como un privilegio la encomienda de participar en el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Desde la perspectiva de Marrero, bajo el liderato del gobernador Pierluisi, los acuerdos de reestructuración alcanzados a la fecha, son muestra de lo que puede lograrse cuando todas las partes actúan en concierto e instó a las partes a “construir sobre el progreso alcanzado”.

“Estoy esperanzado en que se logrará confirmar un Plan de Ajuste para la AEE (PDA-AEE)”, dijo el también secretario de Estado, quien hizo sus declaraciones por circuito cerrado y por la vía telefónica desde la sede del Tribunal Federal en Hato Rey.

Marrero agradeció a Swain por su dedicación al caso, al punto de considerarla como “una luz guía” en medio de la complejidad que representa el proceso de quiebra de Puerto Rico y extendió su gratitud a la jueza de quiebras retirada, Barbara Houser, quien lideró el Equipo de Mediación del gobierno central, y a la magistrada Judith Dein, quien ha servido de apoyo en la resolución de asuntos técnicos relacionados con los casos de Título III.

“Gracias por el reto que nos lanza”, dijo Swain al agradecer la disposición de Marrero.

Este miércoles, Swain ordenó a la JSF y a los bonistas objetores de la AEE a regresar a la mesa de negociación. Ello, a pesar de que la moratoria judicial que impuso la jueza hace casi siete meses para forzar un acuerdo no ha rendido frutos y tampoco los esfuerzos constantes del Equipo de Mediación, grupo que ha estado en funciones por más de dos años.

Según los bonistas de la AEE, el caso de quiebra ya ha costado unos $50 millones en honorarios a los abonados de la corporación pública.