La jueza a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico preside este miércoles la audiencia general de los casos de Título III, en la que se discutirá el informe de los mediadores que apunta a que la deuda de la corporación pública no podrá resolverse de manera consensuada
La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain preside este miércoles lo que sería la última audiencia general de los casos de Título III de Puerto Rico de 2024, teniendo ante su consideración un reporte del Equipo de Mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que revela que, casi 9 meses después de examinar los méritos de un Plan de Ajuste (PDA-AEE) para la corporación pública, no será factible poner fin a ese proceso de quiebra mediante un acuerdo entre las partes.
Swain tiene en agenda escuchar los planteamientos de los padres de estudiantes de Educación Especial que han rechazado una oferta para poner fin a la demanda de clase que estos incoaron contra el estado hace décadas. También contempla examinar un pedido de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para facilitar la implementación de los asuntos todavía pendientes en el plan de pagos que se confirmó para el gobierno central hace unos dos años.
Pero entre todos los asuntos, Swain tendrá que dedicar tiempo al informe que este lunes presentaron la jueza retirada Shelley C. Chapman y el juez de quiebras Brendan L. Shannon en torno al futuro de la AEE.
En apretada síntesis, la jueza retirada -ahora socia del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP- y Shannon dijeron estar dispuestos a continuar trabajando para facilitar el fin de la quiebra de la AEE, pero admitieron que los eventos al interior del proceso de mediación demuestran que no hay posibilidad de un entendido monetario y ni siquiera, la posibilidad de dirimir las controversias legales que separan a las partes mediante un proceso concertado.
“El Equipo de Mediación cree que simplemente no hay posibilidad de ninguna solución mediada o consensuada aquí y un resultado mediante litigio tomará años. Esto no es otra cosa que una tragedia para el pueblo de Puerto Rico”, reza el informe suscrito por Chapman y Shannon.
“Desafortunadamente, las partes tienen visiones divergentes en torno a la mejor manera para continuar (adelante)”, expuso el Equipo de Mediación, organismo que el mes pasado dedicó unas 18 horas para conseguir la paz entre las partes.
El proceso de quiebra de la AEE, que ya marca siete años, llegó a su punto culminante en marzo pasado, luego de una audiencia de confirmación que se prolongó por más de una semana. Ese proceso, así como una oferta de la JSF para pagar a los acreedores aproximadamente una cuarta parte de lo adeudado por la AEE, se fue por la borda unos dos meses más tarde cuando el Primer Circuito de Apelaciones concluyó que los bonistas de la corporación pública poseen una reclamación valorada en sobre $8,000 millones, en lugar de los $2,300 millones que Swain estimó.
Sin embargo, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó entonces que los bonistas solo pueden recuperar su acreencia según la capacidad de pago de la AEE, una vez la empresa estatal cubre sus gastos operacionales.
Tras el fallo y una nueva ronda de argumentaciones legales, Swain decretó una moratoria judicial en el caso de la AEE y ordenó a las partes entrar en mediación. La jueza también instruyó a las partes a que, con el insumo de los mediadores, se identificara la ruta legal más eficiente para poner fin a la quiebra de la AEE.
El 8 de octubre pasado, la JSF divulgó información acerca de las ofertas monetarias más recientes que intercambiaron las partes y que no se aceptaron.
Pero una ronda de mediación que se llevó a cabo el mes pasado, dirigida a que las partes se pusieran de acuerdo para establecer un plan de litigación a fin de dirimir los asuntos de derecho a resolverse en el tribunal tampoco rindió frutos.
La semana pasada, GoldenTree Asset Management y otros bonistas objetores de la AEE reiteraron que su oferta sigue en la mesa.
Los bonistas objetores están dispuestos a proveer la liquidez que necesita la empresa estatal, asunto que se ha convertido en una controversia en sí misma, entre la AEE y el operador LUMA Energy. Esa disputa por el presupuesto para operar la red eléctrica está ante la consideración del Negociado de Energía de Puerto Rico.
Para los bonistas, la intransigencia de la JSF ha costado sobre $50 millones en honorarios y el estrangulamiento operacional de la AEE.
Pero desde la perspectiva de la JSF, el reclamo de pago de los bonistas no es factible. Por ello, la JSF aguarda porque el Primer Circuito de Apelaciones acoja un recurso de revisión a la decisión que el foro intermedio emitió el mes pasado. La decisión del foro intermedio, tuvo el efecto, según la JSF, de ampliar el colateral al que tendrían derecho los bonistas. Ello, al definir como colateral recursos “intangibles” que pueda poseer la AEE, a pesar de que antes se estableció como única garantía los ingresos netos de la corporación pública.
De cara a la audiencia de este miércoles, la JSF informó a Swain que espera certificar un nuevo plan fiscal para la AEE en o antes del próximo 31 de diciembre. Dicha actualización, que depende de información en manos de LUMA Energy y otras referencias como el Negociado del Censo de Estados Unidos, serviría para definir la capacidad de pago de la empresa estatal.
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