La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain concedió a los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiempo adicional para que expliquen al tribunal por qué deben tener derecho a cuestionar los honorarios que ha facturado McKinsey & Co., el principal asesor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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La determinación de Swain se produjo el pasado viernes, luego de que GoldenTree Asset Management LP, las aseguradoras municipales Assured Guaranty, Syncora Guarantee y National Public Finance Guarantee, así como el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) objetaran la duodecima factura radicada por McKinsey & Co. para el período de enero a junio del año pasado.

Mientras los bonistas objetores de la AEE tienen hasta este miércoles para abundar en su oposición al pago que reclama McKinsey & Co., otros acreedores concernidos –así como la JSF- tendrían hasta el viernes, 21 de febrero para exponer sus argumentos.

Swain indicó que podría resolver la controversia por escrito, una vez reciba los planteamientos de las partes.

De acuerdo con los bonistas objetores de la AEE, urge que la jueza conceda unos 14 días luego del fin de la moratoria judicial en el caso de Título III de la empresa eléctrica para cuestionar la paga que reclama McKinsey & Co. y otros contratistas de la JSF.

En el caso de McKinsey & Co., la firma consultora ha estado inmersa en múltiples controversias separadas al tema de Puerto Rico, pero también por asuntos como las inversiones de una de sus afiliadas en bonos de Puerto Rico mientras asesora a la JSF en temas de deuda y funcionamiento del gobierno puertorriqueño. Junto al despacho legal Proskauer Rose, McKinsey & Co. ha devengado la mayor parte de los honorarios pagados por los contribuyentes de Puerto Rico en el contexto del proceso de quiebra.

Según GoldenTree, Assured y los demás objetores, al cabo de casi ocho años, el proceso de Título III ha costado sobre $400 millones “sin que haya una solución a la vista”.

De aquí que los acreedores objetores, quienes poseen unos $8,260 millones en bonos de la AEE o un 61% de la deuda pública de la corporación pública, solicitaran a Swain extender el plazo para objetar las facturas de McKinsey & Co. hasta después del vencimiento de la moratoria judicial impuesta al caso de la empresa eléctrica y que continúa vigente.

El mes pasado, Swain reiteró que las partes que intervienen en el caso de Título III de la AEE deben continuar en un proceso de mediación y extendió hasta el próximo 24 de marzo, la veda que impide a cualquier parte con interés continuar radicando mociones o reclamos en el proceso de quiebra de la corporación pública.

“En lugar de trabajar con las partes con interés de la AEE para diseñar un Plan de Ajuste (PDA-AEE) consistente con el derecho, para el beneficio de las partes con interés y que lleve a la AEE a una salida consensuada y a tiempo de la quiebra como contempla (la ley federal) Promesa, restaurar su credibilidad crediticia y permitir que (la AEE) comience a dar los pasos necesarios para proveer un sistema de generación eléctrica, transmisión y distribución confiable, la JSF y sus profesionales contratados han enfocado sus esfuerzos en intentar borrar las recuperaciones de los bonistas”, reza la moción urgente de GoldenTree y los demás objetores de la AEE.

Durante el período de enero a junio de 2024, McKinsey & Co. facturó unos $3.72 millones, pero desde el comienzo de la JSF, la consultora ha devengado al menos $307 millones, de acuerdo con el análisis más reciente de Espacios Abiertos.

La semana pasada, la organización de transparencia divulgó su más reciente análisis acerca de los gastos de la JSF y el proceso de quiebra.

De acuerdo con el reporte, los procesos de reestructuración de los distintos emisores de deuda de Puerto Rico han costado unos $1,703 millones mientras los demás servicios profesionales vinculados principalmente con el funcionamiento de la JSF ya suman unos $308 millones. Incluyendo cerca de $11.3 millones en honorarios al oficial examinador que pasa juicio sobre las facturas de Título III, los gasto del ente fiscal y de aquellos del gobierno en asesores legales y financieros, ronda unos $2,031 millones.

Según la moción urgente, los objetores informaron a McKinsey & Co. su intención de cuestionar los honorarios de la consultora y otros profesionales que intervienen en el caso de Título III. La firma consultora habría dicho que se reservará los derechos que tenga en ley, se indica en el recurso.

El ruego de los bonistas objetores de la AEE a Swain se produjo un día después de que la JSF informara oficialmente a la jueza que había certificado un plan fiscal para la corporación pública y que dicho plan sentaría las bases para una nueva versión del PDA-AEE.

La JSF indicó a Swain que cumplirá con presentar un informe de situación acerca del proceso de elaboración del PDA-AEE.

Pero en su moción informativa acerca del plan fiscal de la AEE, la JSF advirtió que la AEE no tiene de dónde pagar lo que piden los bonistas. Agregó que tomará diversos pasos en aras de conseguir la confirmación de un PDA-AEE, que pague recuperaciones “materialmente en línea” a las pactadas con el organismo que fueron parte del PDA-AEE que la jueza analizó hace casi un año, mientras pagaría “la totalidad” de la reclamación de los acreedores objetores que finalmente admita el tribunal III.