Los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) advirtieron al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que incluya la totalidad de la deuda de la corporación pública por concepto de bonos en sus cálculos para determinar la nueva tarifa de electricidad que podría entrar en vigor este año.

También señalaron que si al adoptar la nueva tarifa eléctrica, incluyendo en esta su parte, los abonados no pueden pagar su factura, que se tomen medidas para que otros abonados paguen por ello o se recurra a subsidios gubernamentales.

Fuentes de este diario que solicitaron anonimato aseguran que, luego de que los bonistas prevalecieron contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aun con una modificación bajo el Título III de la ley federal Promesa, el pago de las obligaciones de la AEE –en especial, la deuda pública- podría disparar la factura de los abonados hasta en ocho centavos el kilovatio hora (kvh). Esa cifra, que El Nuevo Día reveló hace unos dos años, combinada con los ajustes trimestrales por el costo de combustible, podría elevar el precio de la electricidad en Puerto Rico a entre 35 y 36 centavos kvh.

De acuerdo con el escrito, en lugar, de ajustar su tarifa base para contar con el dinero necesario para operar sus sistemas, desde el 2018, la AEE ha torpedeado el proceso, citando los desastres naturales que afectaron a Puerto Rico o señalando que tal ejercicio sería contrario a leyes estatales o federales, como el proceso de quiebra.

El estado de derecho vigente requiere al NEPR revisar la tarifa base de electricidad de la AEE cada tres años o más frecuentemente, de ser necesario, destacaron los bonistas objetores de la corporación pública.

A través de sus abogados, National Public Finance Guarantee Corporation, GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee, Assured Guaranty y el grupo organizado de bonistas de la AEE (Prepa Ad Hoc Group, en inglés) indicaron al regulador energético que la acreencia de estos “no puede evadirse” y tampoco el gravamen que estos poseen contra los ingresos netos pasados, presentes y futuros de la empresa estatal.

La intervención de los bonistas en el proceso de revisión tarifaria constituye la movida más reciente de los principales acreedores de la AEE en su lucha por recuperar su parte luego de ocho años sin cobrar un centavo y de haber pactado tres acuerdos que fueron desbancados. En documentos judiciales y en manifestaciones públicas, los bonistas objetores han criticado la renuencia de la JSF a pactar un acuerdo económico que ponga fin a la quiebra de la AEE.

El organismo fiscal, en contraste, argumenta que la AEE no tiene capacidad de repago y que fijar tarifas elevadas para pagar a los bonistas no será factible. Esto, porque la mayoría de los abonados no podrá pagar el cargo legado que sería la fuente de repago de los bonistas, o porque el alto costo de la electricidad impulsará a más abonados a salirse del sistema hacia la generación propia.

“El Negociado de Energía debe utilizar la cantidad total de la deuda (pública) al establecer el requisito de ingresos (de la AEE); cualquier reducción que pueda ser necesaria en algún momento como resultado de un proceso bajo Título III puede hacerse en el momento apropiado luego del caso de Título III. Hasta ese momento, esta (la acreencia de unos $8,500 millones) es una deuda válida como ha establecido el Primer Circuito”, reza la respuesta de los bonistas objetores de la AEE a un requisito de información que los consultores del NEPR han hecho a diversos actores del proceso como parte de la revisión de la tarifa eléctrica.

La respuesta de los bonistas objetores, suscrita por la batería de abogados que les representa en el proceso de quiebra de la AEE, se produjo esta semana, cuando los principales acreedores de la empresa estatal dijeron estar “profundamente preocupados” por la manera en que el regulador pretende adoptar una nueva tarifa.

Los bonistas objetores poseen el 60% de los bonos vigentes de la AEE.

Para establecer la nueva tarifa eléctrica, el NEPR debe determinar cuántos ingresos necesita la AEE, lo que requiere, a su vez, identificar los costos de operar el sistema. Desde la perspectiva de los bonistas, el pago de la deuda pública debe incluirse en los costos a incurrirse.

Sin embargo, alegan los bonistas objetores, que los consultores del NEPR han contemplado diversos escenarios que serían cuestionables para determinar el requisito de ingresos de la AEE. Entre tales escenarios, se contempla estimar en cero el pago a los bonistas, hacer el cálculo de los ingresos considerando la oferta de pago que hizo la JSF hace un año y que quedó sin efecto tras al fallo judicial a favor de los bonistas, o incluir una cantidad menor a los $8,500 millones que reconoció el Primer Circuito de Apelaciones. Los consultores del NEPR también han considerado desarrollar presupuestos alternos haciendo ciertos recortes presupuestarios con tal de que la tarifa a establecerse sea más baja.

La JSF ofreció a los bonistas poco más de $2,500 millones para poner fin a la quiebra de la AEE.

“La AEE, simplemente, debe cobrar a los abonados lo que es necesario para cubrir sus gastos. Si ciertos clientes no pueden pagar las tarifas que resulten (de la revisión tarifaria), entonces ese asunto debe resolverse reasignando costos a otros clientes via el diseño de la tarifa y/o a través de subsidios del gobierno”, indicaron National, Assured, Syncora, GoldenTree y otros.