Por entenderse “maniatados”, y utilizando expresiones vertidas recientemente por la gobernadora Jenniffer González Colón y su mano derecha en temas fiscales, Francisco Domenech, los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron al tribunal de Título III, poner fin a la protección contra litigios que disfruta la corporación pública.

La solicitud, que supone una renovación a dos ruegos previos radicados en los pasados dos años, se produjo en la noche del lunes, cuando los dueños de unos $5,000 millones en bonos de la AEE plantearon que la protección otorgada a la corporación pública ha sido “inadmisiblemente” larga y contraproducente al objetivo de alcanzar un Plan de Ajuste (PDA-AEE) de mutuo acuerdo entre las partes.

En síntesis, las aseguradoras municipales Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee Corporation y Syncora Guarantee, así como el grupo organizado de Bonistas de la AEE (Ad Hoc AEE) y la firma de inversiones GoldenTree Asset Management LP solicitaron a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain acabar con la suspensión automática de litigios porque -desde su perspectiva- dicha protección ha sido tan larga que contraviene el estado de derecho en materia de quiebras, e incluso, sería contraria a la cláusula de confiscaciones de la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con el escrito, una vez se ponga fin a la moratoria judicial que ha protegido a la AEE, los objetores invocarán diversos remedios. Entre estos, que se reconozca su reclamación de unos $8,500 millones contra la AEE y se identifique algún remedio para proteger sus intereses como acreedores asegurados, es decir, que se protejan los ingresos netos de la AEE que constituyen el colateral de la deuda pública. También buscarán desestimar el caso de Título III de la AEE y abrir la puerta para demandar a la corporación pública por haber utilizado dinero perteneciente a los bonistas para otros fines.

El fiduciario de la deuda de la AEE, U.S. Bank National Association, es decir, la entidad que custodia los fondos para pagar a los bonistas de la empresa eléctrica, se ha unido al reclamo.

“Un síndico con experiencia profesional en generación eléctrica en una isla, en establecimiento de tarifas y administración eléctrica y que esté totalmente comprometido y enfocado en mejorar la AEE, en lugar de destruir los derechos propietarios de los bonistas, será un mejor custodio de la AEE para el pueblo de Puerto Rico”, reza la moción de los acreedores objetores al alegar que tal designación no resultaría “en un caos en la isla o pondrá a los residentes de la isla en peligro”.

La moción para poner fin a la moratoria judicial en el caso de Título III en la AEE es la respuesta de los bonistas objetores de la empresa eléctrica a la reciente confirmación del plan fiscal 2025 por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En ese ejercicio, a grandes rasgos, el organismo concluyó que los gastos de operación, mejoras y mantenimiento de la AEE son tan altos que, a partir de julio próximo, será necesario aumentar la tarifa base de la empresa eléctrica. Y dicha alza sería tan alta que no podrá incluirse otro cargo adicional en la factura de electricidad para pagar la deuda pública de la empresa estatal.

“A la luz del aumento significativo en los costos de Combustible y Compra de Energía (F&PP, en inglés) y la incapacidad de la AEE de proveer un servicio eléctrico confiable sin atender las necesidades diferidas del sistema, la JSF concluye que la AEE no podrá imponer ningún aumento adicional a las tarifas para el servicio a la deuda por encima de las tarifas necesarias para pagar por sus costos de F&PP y mantenimiento. Es decir, el espacio identificado en los planes fiscales certificados en años previos para imponer un cargo en la tarifa para pagar la deuda legado ya no existe”, reza el plan fiscal 2025 de la AEE.

Al certificar el plan fiscal 2025 de la AEE, la JSF determinó que se pagará a los bonistas de una fuente externa a la factura eléctrica.

Según la JSF, si en la tarifa eléctrica se incluyera un cargo como piden los bonistas y pagar las pensiones de los trabajadores de la empresa eléctrica, un hogar con un consumo promedio de unos 425 kvh al mes pagaría $38 más en su factura mensual.

Entre otras cosas, los bonistas objetores de la AEE aseguraron a Swain que el más reciente plan fiscal de la AEE es evidencia inequívoca de que el organismo se niega a acatar el dictamen del Primer Circuito de Apelaciones en torno a sus derechos. La JSF certificó el documento el pasado 6 de febrero y dio a conocer su decisión unos cinco días más tarde.

Asimismo, según los bonistas objetores de la AEE, la negativa de la JSF a zanjar un acuerdo supone que con cada día que pasa, se produce un menoscabo contra su acreencia, pues el supuesto uso indiscriminado de fondos por parte de la AEE deprime el valor de su colateral.

“Bajo el plan fiscal 2025, la (JSF) ahora adopta la postura de que la AEE no tiene la capacidad de generar ingresos para comprometerlos con los gastos de capital que son necesarios y por consiguiente, no hay esperanza de que (la AEE) pueda recobrar el acceso a los mercados de capital, en la medida en que anula (en este caso) a las instituciones que también son responsables del 80% de todo el financiamiento municipal (de Estados Unidos)”, ripostaron los objetores en su escrito a Swain al agregar que con tal admisión es evidente que debe desbancarse el caso de quiebra de la corporación pública.

Los bonistas objetores insistieron en que están dispuestos a llegar a acuerdos y que en el caso de GoldenTree y National, estos avalaron las reestructuraciones del gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), entre otras.

Igual planteamiento hace la JSF. El lunes, el juez federal retirado y presidente del organismo, Arthur J. González, escribió una columna en este diario en la que plantea que la JSF ha logrado siete reestructuraciones en consenso con los acreedores y que el único caso bajo contención ha sido la AEE.

La moción de los objetores de la AEE se produce, exactamente a un mes de que venza la moratoria judicial autorizada por la jueza de distrito federal el 29 de septiembre de 2022.

De acuerdo con la moción de los acreedores objetores de la empresa eléctrica, en lugar de moverse a acuerdos, la JSF “modificó el plan fiscal de la AEE para eliminar la recuperación de los bonistas, incluyendo el desvío de los ingresos netos que sirve de colateral a los bonistas para pagar decenas de miles de millones de dólares de gastos de nueva creación que no constituyen gastos corrientes”.

Para insistir en su postura, los bonistas utilizaron expresiones de la gobernadora González Colón y de Domenech, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), quienes habrían indicado que la JSF actuó de “mala fe” al certificar un nuevo plan fiscal sin consultarle y se utilizaron datos no creíbles que justifican dejarles sin su paga.

“El gobierno reconoce que la (JSF) está actuando de mala fe”, agregaron los bonistas al incluir en sus argumentos que González Colón, citas de la mandataria en torno a que dará “una batalla”.

En declaraciones públicas, González Colón pidió a la JSF que se ajusten los números y proyecciones del plan fiscal de la AEE, pues muchos de los supuestos que dieron pie al plan fiscal no son “reales”.

Según González Colón, la JSF solo descansó en datos provistos por los operadores privados LUMA Energy y Genera PR sin que fueran validados por el gobierno.

“Es evidentemente claro que la (JSF), simplemente, no se comprometerá con un plan consensuado en ausencia de ciertos asuntos clave”, indicaron los bonistas objetores al agregar que es necesario abrir la puerta a un proceso de litigio. Ello, para impedir que la AEE continúe utilizando los recursos que posee sin honrar las protecciones mínimas de un acreedor sujeto a un proceso de quiebra.