El Primer Circuito de Apelaciones decidió que no atenderá el recurso de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que buscaba aclarar la fuente de repago que tendrán los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la hora de reestructurar las obligaciones de la corporación pública.

La determinación del panel de jueces integrado por William Kayatta Jr., Jeffrey R. Howard y Julie Rikelman, se produjo este martes, mientras cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y miles de turistas que visitan el territorio estadounidense no cuentan con servicio eléctrico como resultado de un apagón general.

Con la escueta orden, prevalece la determinación del foro judicial intermedio emitida en noviembre pasado y que estableció que si bien los bonistas de la AEE pueden reclamar los cerca de $8,500 millones en deuda pública emitida por la empresa estatal, estos cobrarán su parte considerando los ingresos netos, presentes y futuros, que reciba la AEE por concepto de la venta de electricidad.

Dicho en otras palabras, los bonistas tienen como fuente de repago los ingresos netos de la AEE, luego de que la empresa estatal cumpla con el pago de gastos operacionales y las pensiones de los jubilados de la empresa estatal.

Sin embargo, al emitir su fallo, Boston describió los ingresos netos de la AEE como “intangibles generales”, un término que implicaría dinero y cualquier otro activo más allá del efectivo neto que quede en las arcas de la AEE si alguno.

Aunque el foro apelativo federal reconoce la acreencia de los bonistas, los jueces también establecieron que “esto no significa que debe pagarse a los bonistas $8,500 millones”.

A juicio de la JSF, la falta de especificidad en la definición de los ingresos netos de la AEE abre la puerta para que los bonistas reclamen su pago de una partida más amplia.

Más temprano este mes, la JSF informó a la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, que enmendará el Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE), ahora en su cuarta versión, una vez el Primer Circuito de Boston emitiera una decisión.

A través de su principal abogado, Martin Bienenstock, la JSF informó a Swain que si la decisión de Boston le era adversa, confirmar un PDA-AEE requerirá de múltiples decisiones como definir cuáles son los gastos corrientes de la AEE para luego calcular los ingresos netos que quedarían disponibles para los bonistas.

“Creemos que una reclamación asegurada descansa en los ingresos netos que el sistema (la AEE) tiene hoy, no mañana ni en la eternidad aunque los acreedores objetores piensan lo opuesto”, dijo Bienenstock, durante la audiencia general de los casos de Título III del pasado 11 de diciembre.

Al presente, el caso de Título III se encuentra en una moratoria judicial que está vigente hasta el próximo 31 de julio y la JSF y los bonistas tienen un mandato de Swain para negociar bajo el manto de la mediación.

Los eventos en el proceso de quiebra de la AEE se producen al tiempo en que la gobernadora electa Jenniffer González Colón se propone radicar legislación para nombrar un zar de energía.

Tras darse a conocer el fallo del Primer Circuito, el exdirectivo de la JSF, Justin Peterson, quien prestó servicios de cabildeo a varios fondos de inversión con bonos de Puerto Rico y orquestó una campaña de descrédito contra la isla cuando se produjo el impago de la deuda pública, volvió a abogar por los bonistas de la AEE.

En esta ocasión, en una especie de advertencia, Peterson reclamó a la JSF que llegue a un acuerdo con los bonistas de la AEE o se corran el riesgo de ser despedidos en enero próximo, dando a entender que tal decisión podría ser tomada por el presidente electo Donald Trump.

Peterson integró la JSF, en octubre de 2020, precisamente luego de ser designado por Trump. Unos tres años más tarde, Peterson dejó el cargo, alegando que la JSF ignoraba los derechos de los bonistas.