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24 de octubre de 2026
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Cancelar el contrato de LUMA Energy como pretende la administración de Jenniffer González Colón costaría a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al menos $1,300 millones y podría poner en jaque unos 4,000 empleos directos.
Ambas cifras están contenidas en el Alegato en Oposición que el operador de la red de transmisión y distribución presentó este lunes ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), foro que tiene ante su consideración la demanda incoada por el gobierno para cancelar el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) entre las partes.
Más que la cuantía monetaria en la línea, alegó LUMA, si el alto foro acoge la solicitud del gobierno, Puerto Rico se expone a quedar sin un operador en propiedad de su red de transmisión y distribución (T&D en inglés). Esto, porque a juicio de LUMA, el mecanismo sugerido por el gobierno dejaría en manos del Tribunal de Primera Instancia, el proceso de transición sin que haya un operador sucesor establecido.
El pasado 5 de septiembre, al presentar su llamado “Plan B”, el gobierno dijo al TSPR que la AEE podría hacerse cargo de la red eléctrica temporalmente hasta que se seleccione un nuevo operador. Entonces, el gobierno argumentó que LUMA “vendría obligada” a continuar operando el sistema por un plazo de 12 meses, a la luz del artículo 16 del OMA.
Para la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y el gobierno de González Colón, LUMA ha incumplido repetidamente con sus responsabilidades como operador de la red eléctrica y desde noviembre de 2022 opera bajo un acuerdo suplementario nulo luego de la expiración de un primer pacto a mediados de 2020. Esto, porque -al aprobarse dicha extensión- no se consideró el voto de los representantes del interés público en la junta de directores de la AAPP y porque el pacto no fijó una fecha de terminación del acuerdo.
El Nuevo Día solicitó una reacción a la AAPP acerca del recurso presentado por LUMA, pero no ha recibido respuesta.
Un “Plan B” que no es factible
LUMA, en cambio, da una interpretación distinta al artículo 16 del OMA.
De acuerdo con el escrito, de unas 98 páginas incluyendo anejos, cuando la AEE, la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la gobernadora González Colón presentaron, el mes pasado, cómo se daría el traspaso entre operadores, no solo incumplieron con lo ordenado por el TSPR, sino que “presentaron unas supuestas opciones para la transición que son, cuanto menos, irreales; tienen bases legales erróneas y, de ser aceptadas, contravendrían la separación de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”.
“La alternativa propuesta de que sean los tribunales quienes tengan a su cargo la transición permitiría que el gobierno evada su responsabilidad en cuanto a cualquier problema que surja durante una transición decretada por fiat judicial y que esa enorme responsabilidad recaiga sobre el Poder Judicial”, sostuvo LUMA al agregar que el gobierno tampoco explica de dónde saldrían los cientos de millones de dólares que costaría la cancelación del pacto.
Según LUMA, si como sugiere en su propuesta, la AAPP entra en un contrato de emergencia con otro operador, Puerto Rico se expone a pactar con una entidad que no tenga la pericia o capacidad para manejar la red de inmediato.
De otra parte, el asesor legal de LUMA, Angel Rotger Sabat, expuso que la AEE no podría retomar el control del sistema porque la empresa eléctrica no cuenta con el personal y los recursos para acometer tal tarea sin una transición que sería “larga y compleja”.
LUMA subrayó también que el Plan Fiscal de la AEE requiere que la red eléctrica esté en manos de “un operador privado”, por lo que ninguna de las soluciones propuestas es “ni siquiera es remotamente viable”.
“Es lamentable que el gobierno no ha tomado en cuenta las consecuencias de su petición al (TSPR) a un servicio esencial para la ciudadanía. El sistema eléctrico es demasiado importante para la vida y el desarrollo económico de Puerto Rico como para dejarlo a la merced de acciones improvisadas, irresponsables y temerarias”, dijo el abogado.
¿De dónde salen los $1,300 millones?
Si los argumentos en Derecho no son suficientes para que el gobierno desista de cancelar el OMA, el dinero en caja podría ser el freno a la acción gubernamental, según Rotger Sabat.
El abogado explicó que el OMA contiene varias cláusulas que imponen el pago de cargos en un escenario de cancelación y a eso, se sumarían los millones de dólares que la AEE no ha transferido al consorcio estadounidense-canadiense.
En el Alegato de Oposición se incluye una declaración de la principal oficial ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, quien alega que si el contrato del consorcio se cancela este año, el gobierno estará obligado a un pago de $143.3 millones por concepto del cargo de terminación en el OMA.
A esa cantidad, habría que sumar $117.8 millones asociados al proceso de terminación de LUMA y otros $117.8 millones, pagaderos al operador sucesor por el cargo de “transición de entrada”.
Sobre todo, según Rotger Sabat, si el contrato de LUMA se cancela, el gobierno estará obligado a pagar de inmediato la suma aproximada de $588.3 millones correspondientes a todas las transferencias de fondos que la AEE no ha hecho a las cuentas operacionales del operador desde agosto de 2024.
El abogado subrayó que Puerto Rico también tendría que pagar unos $347.1 millones que corresponden a todos los suplidores y contratistas que han prestado servicios diversos para el funcionamiento de la red eléctrica y que no ha pagado su parte, así como otros $13 millones para remover rótulos, logos de LUMA, sustitución de uniformes y seguros, entre otras partidas.
Según la declaración de Quiñones, habida cuenta que la AEE no tiene esa cantidad de recursos a la mano, las alternativas para pagar al consorcio estadounidense-canadiense estarán en dos posibles vías: ajustar la tarifa eléctrica o sacar dinero del Fondo General. Y en ninguna de esas partidas, se ha separado una partida para los gastos que conllevaría la cancelación del OMA de LUMA Energy.
Aparte del efecto en el fisco, argumentó el operador eléctrico, si el alto foro permite continuar adelante con la cancelación de su contrato, Puerto Rico también se expone a la pérdida de fondos federales para la reparación y reconstrucción de la red y se pondrá una mácula sobre la isla en materia de contratación gubernamental.
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